Invertir, transportar mercancía, abrir un negocio o generar empleo en Colombia enfrenta hoy un obstáculo que va más allá de las variables económicas, la expansión del crimen organizado. Lo que durante años se entendió como un problema de seguridad pública ahora aparece como una amenaza directa para el crecimiento del país.
Esa es una de las principales conclusiones del último análisis de Corficolombiana, que advirtió que la violencia ilegal ya no solo altera la vida cotidiana de millones de ciudadanos. También encarece operaciones, frena decisiones empresariales y deteriora la confianza en regiones estratégicas para la producción nacional.
El dato que resume la magnitud del fenómeno es contundente. Colombia figura como el segundo país con mayor criminalidad organizada en el mundo, solo detrás de Myanmar, según el Global Organized Crime Index 2025. El resultado revive alertas sobre la capacidad de las redes ilegales para influir en economías regionales y ocupar territorios clave.
El deterioro se refleja en varios indicadores. El Global Terrorism Index 2026 ubicó a Colombia entre los diez países más afectados por terrorismo durante 2025, en su peor posición desde 2013. De acuerdo con ese informe, los atentados crecieron cerca de 47%, mientras las muertes relacionadas aumentaron 70%.
En paralelo, la Fundación Ideas para la Paz advirtió que los grupos armados ilegales rondan los 27.000 integrantes. La cifra contrasta con los cerca de 6.000 registrados en 2017 y muestra cómo distintas estructuras se fortalecieron en menos de una década. Además del número de combatientes, preocupa la intensidad de las disputas entre organizaciones criminales. Según el análisis citado, esos choques alcanzaron máximos de los últimos diez años, una señal de competencia por rentas ilícitas, corredores estratégicos y control territorial.
El impacto no se limita a zonas apartadas. Corficolombiana señaló que buena parte de la inseguridad se concentra en Antioquia, Valle del Cauca, Bogotá, Meta, Norte de Santander, Cauca, Nariño y Arauca. Varias de esas regiones son motores económicos del país. Solo Bogotá, Antioquia, Valle del Cauca y Meta concentraron más de una tercera parte del Producto Interno Bruto nacional durante la última década. En otras palabras, la criminalidad no está golpeando únicamente periferias con baja actividad económica, está afectando centros donde se produce, se comercializa y se invierte.
Para las empresas, esto se traduce en costos adicionales. Mayor gasto en vigilancia, seguros más caros, interrupciones logísticas y riesgo para trabajadores hacen parte del panorama. En algunos casos, compañías pequeñas optan por no expandirse y otras reducen operaciones para protegerse. Los delitos que presionan directamente al sector productivo también crecieron. El informe destacó que la extorsión acumula un incremento superior al 800% frente a 2010, mientras el secuestro repuntó con fuerza en 2025.
Ese año se reportaron 698 víctimas de secuestro, 1.391 hechos de terrorismo y 13.726 homicidios. Aunque algunos indicadores mostraron mejoras puntuales en ciertos territorios, la lectura general es que la violencia mantiene niveles estructuralmente altos y gran capacidad de adaptación. La dimensión humanitaria agrava aún más el escenario. United Nations Ocha reportó que en 2025 más de 1,6 millones de personas fueron afectadas por el conflicto y la violencia, más de tres veces la cifra registrada en 2024.
También se contabilizaron 416 eventos de restricciones al acceso humanitario. Ya en el primer trimestre de 2026 se registraban cerca de 160.000 personas afectadas y 8.700 víctimas de desplazamiento forzado, lo que evidencia que la crisis continúa activa.
A esto se suma la persistencia de asesinatos de líderes sociales. Indepaz alertó sobre 187 casos en 2025 y otros 41 hasta abril de 2026, un indicador que sigue mostrando riesgos para comunidades y procesos organizativos en distintas regiones. Parte del deterioro se explica por la expansión de economías ilícitas. Según cifras citadas por Indepaz, los cultivos de coca pasaron de 142.000 hectáreas en 2020 a más de 253.000 en 2023. Aunque habría cierta estabilización en 2024 y 2025, los niveles siguen siendo extraordinariamente altos.
Ese negocio ilegal financia estructuras armadas, desplaza actividades legales y distorsiona mercados locales. Donde entra dinero ilícito, muchas veces retroceden la competencia formal, la institucionalidad y la inversión sostenible. El costo económico ya tiene medición concreta. Un estudio del BID y Fedesarrollo estimó que el crimen y la violencia equivalieron al 3,6 % del PIB colombiano en 2022, uno de los impactos más altos de América Latina.
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