Fiscalía reanudó la indagación contra Hollman Morris por presunto acoso sexual a la periodista María Antonia García

La Fiscalía General de la Nación reabrió el 20 de abril de 2026 la investigación contra Hollman Morris, actual gerente de la Radio Televisión Nacional de Colombia (Rtvc), por el presunto delito de acto sexual violento, argumentando que la anterior calificación del caso constituyó una forma de violencia de segundo orden al invisibilizar la gravedad de los hechos y reducir la protección jurídica de la denunciante.

Esta decisión, adoptada por la fiscal Marcela Abadía bajo un enfoque de género, busca corregir lo que se considera un error de tipificación y garantizar los derechos de la afectada, según informó El Tiempo.

El expediente tiene su origen en una denuncia presentada por María Antonia García de la Torre, escritora y columnista del mismo medio, que relató haber sido víctima de acoso sexual por parte de Morris en septiembre de 2019. El encuentro se produjo en el barrio Lavapiés de Madrid, España, durante una entrevista solicitada por García cuando ella se desempeñaba como reportera del diario El Mundo.

Según la columna “Mujeres ardidas” publicada por García en 2019 en El Tiempo, la agresión incluyó tocamientos no consentidos y un beso forzado en presencia de otras personas que también habían sido invitadas al lugar por Morris.

El caso había sido archivado el 7 de octubre de 2022 por el fiscal Alfonso Bonilla, que determinó que los hechos constituían el delito de injuria por vía de hecho, no de acto sexual violento. Bonilla argumentó que, al ser la injuria un delito querellable, la denuncia estaba caducada por haber transcurrido siete años y nueve meses desde el día del suceso.

No obstante, el 6 de abril de 2026, la fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo, reasignó la investigación a la delegada Marcela Abadía, perteneciente a la unidad de delegados ante la Corte Suprema de Justicia, con la instrucción de revisar el expediente bajo un nuevo análisis.

La reapertura de la investigación generó reacciones encontradas entre las partes, con especial atención a los aspectos procedimentales y jurídicos. Claudia Cristancho, abogada de Morris, señaló al medio citado que la presunción de inocencia de su defendido “permanece incólume” y calificó la actuación del ente acusador como “irregular”, argumentando que la acción penal había prescrito y que ya existía una conclusión previa declarando la inexistencia de un acto sexual violento.

“La Fiscalía reabrió un caso en el que la acción penal ya estaba extinguida, pese a que ella misma había concluido que no hubo acto sexual violento. Esa conclusión no fue ligera ni improvisada: se adoptó tras valorar el relato de la denunciante y los elementos materiales allegados al proceso, con base en criterios jurídicos claros y en jurisprudencia reiterada de la Corte Suprema”, afirmó Cristancho.

Por el contrario, María Camila Correa Flórez, representante legal de García de la Torre, defendió la decisión del desarchivo y la labor de la Fiscalía desde la perspectiva de género. Correa Flórez declaró al medio: “La decisión de desarchivo es adecuada. Considero que la Fiscalía tiene razón en cambiar la adecuación típica, y establecer que se trataba de una injuria por vía de hecho y no un delito de índole sexual. Es una forma de invisibilizar una violencia y, por ende, es una forma de violencia de segundo orden”.

La fiscal Abadía, en el documento de reapertura de nueve páginas, subrayó que encuadrar incorrectamente un hecho de violencia de género en un tipo penal menor “no es un simple fallo técnico, sino una forma de violencia”. A propósito, afirmó que tal error supone una revictimización, la reducción del plazo de prescripción y la validación tácita de la agresión por parte del Estado.

“Cuando el operador judicial ignora los elementos específicos del tipo penal y lo califica erróneamente, despoja a la conducta de su carga jurídica y simbólica”, precisa el texto.

La reapertura del caso plantea un debate sobre el enfoque de género y la prescripción

La decisión de la Fiscalía General de la Nación, encabezada actualmente por Luz Adriana Camargo, se sostiene en la necesidad de extender la protección jurídica ante denuncias de violencia de género y de corregir errores que perpetúan situaciones de impunidad. El proceso busca determinar si la calificación previa invisibilizó los hechos y dificultó el acceso a la justicia de la denunciante.

Hollman Morris, por su parte, declaró públicamente que no existió contacto no consentido y que el beso fue mutuo durante el encuentro en Madrid. La defensa sostuvo que “no hay hechos nuevos ni nada distinto a lo que ya fue analizado”, por lo que la reapertura es vista como una “relectura forzada” del expediente, en palabras de la togada Cristancho.

En contraste, la delegación del órgano investigativo ante la Corte Suprema considera que la revisión es necesaria para “desmantelar la neutralidad formal del hecho, que históricamente ha ignorado las relaciones asimétricas de poder y la violencia sistemática contra la mujer”. Según la fiscal Marcela Abadía, la consecuencia institucional de la calificación errónea sería perpetuar el mensaje de que el Estado “al no llamar a las cosas por su nombre, valida tácitamente la agresión”.

La controversia continúa abierta, en tanto la diligencia de desarchivo se suma a lo que la defensa de Morris describió como “irregularidades” que tienen motivaciones políticas y mediáticas, mientras la representación de la denunciante sostuvo que se están reparando fallos previos en el acceso a la justicia para víctimas de violencia de género, conforme a las declaraciones recogidas por El Tiempo.