El historial de la jueza que tomó la polémica decisión de dejar en libertad a Carlos Mattos: también liberó a ‘La Gata’ y al presunto homicida de un reconocido periodista

Un día después de que se conociera sobre la libertad otorgada al empresario Carlos Mattos, acusado de uno de los casos más sonados de corrupción en la justicia colombiana, la atención se centró en la responsable de entregar la boleta de salida al empresario: la jueza Carmen Luisa Terán Suárez.

La decisión fue oficializada este 21 de abril, cuando la jueza sexta de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Barranquilla autorizó la salida de Mattos, quien había sido sentenciado por sobornar funcionarios judiciales en el conocido caso Hyundai.

Esta resolución no es un hecho aislado. Terán Suárez ya había facilitado, en 2023, que Mattos pudiera cumplir su condena en su residencia de Barranquilla, una mansión en el norte de la ciudad, alegando motivos de salud.

Ese antecedente marcó un vínculo funcional entre la jueza y el empresario, dado que ella supervisaba el cumplimiento de su sentencia y ya había tomado decisiones que lo beneficiaron desde años antes, según una investigación revelada por la revista Cambio.

La excarcelación de Mattos se suma a una serie de decisiones polémicas tomadas por Terán Suárez, quien actualmente enfrenta dos investigaciones por actuaciones similares en otros casos de alto perfil. Una de estas investigaciones ya se encuentra en juicio disciplinario y la otra en etapa preliminar. A pesar de los cuestionamientos y procesos en curso, la jueza continúa en funciones y adoptando resoluciones de gran repercusión.

Libertades cuestionadas: “Gatico” y “La Gata”

En diciembre de 2025, Terán Suárez firmó la libertad condicional de Jorge Luis Alfonso López, conocido como “Gatico”, condenado a 29 años de prisión por homicidio agravado y concierto para delinquir, tras el asesinato del periodista Rafael Enrique Prins Velásquez.

El argumento central fue el tiempo de pena cumplido, sumado a redenciones por trabajo y estudio. Sin embargo, la jueza admitió en el mismo auto que los herederos de la víctima aún no habían sido identificados, por lo que ordenó apenas comenzar el proceso para localizarlos, mientras ya autorizaba la excarcelación del condenado.

La Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Atlántico resolvió en enero de 2026 que esa actuación debía ser revisada, por lo que abrió un expediente disciplinario y dispuso su reparto en primera instancia. La investigación sigue en curso, según reveló Cambio.

Otro episodio relevante se remonta a marzo de 2023, cuando Terán Suárez suspendió la ejecución de la pena de Enilce López, alias “La Gata”, condenada por concierto para delinquir agravado con grupos paramilitares.

La jueza argumentó graves enfermedades, ordenando además el retiro del custodio policial en el domicilio de López. La polémica se acentuó porque López tenía un proceso pendiente por homicidio. Meses después, la condenada falleció. Esta decisión también es materia de juicio disciplinario.

En Colombia no existe un mecanismo automático que aparte a funcionarios judiciales de expedientes sensibles mientras se les investiga disciplinariamente. Solo una medida cautelar decretada por la Comisión Nacional de Disciplina Judicial puede separar del cargo a un juez.

En el caso de Terán Suárez, los registros públicos no reflejan que se haya tomado esa decisión, por lo que la jueza sigue despachando sin restricciones, incluso en expedientes de alto impacto social y mediático.

Actualmente, la actuación de Terán Suárez evidencia una paradoja institucional: el sistema que la investiga le permite seguir adoptando resoluciones sobre condenados célebres, lo que genera dudas sobre la confianza en la administración de justicia. Entre enero de 2021 y diciembre de 2024, solo el 3,5 % de las 5.859 sanciones disciplinarias emitidas por la Comisión Nacional de Disciplina Judicial recayeron en jueces, y solo 111 fueron suspendidos en ese periodo.

El caso Hyundai y la figura de Mattos

Carlos Mattos fue condenado a nueve años, cinco meses y diez días de prisión por haber pagado sobornos a funcionarios para manipular el reparto de procesos judiciales y lograr fallos favorables en una disputa comercial relacionada con la distribución de vehículos Hyundai en Colombia.

La libertad condicional le fue concedida tras cumplir las tres quintas partes de la pena y acreditar reducción de condena mediante trabajo, estudio y la publicación de un libro, además de renunciar a recursos de casación en su contra.

La decisión suscitó controversia, ya que Mattos había sido sentenciado, precisamente, por corromper a jueces, y recibió el beneficio de libertad de una funcionaria que enfrenta procesos disciplinarios por decisiones supuestamente irregulares en beneficio de reclusos de alto perfil.

El presidente Gustavo Petro reaccionó en pocas horas, calificando la decisión como “corrupción del poder judicial” y aprovechando la coyuntura para insistir en su propuesta de una asamblea nacional constituyente. Petro expresó en la red X que la sociedad debe promover una asamblea con el fin de eliminar el sistema de corrupción en Colombia.