Largas filas y noches a la intemperie, así es el proceso de los colombianos para regularizar su situación en España: “Dormir en cartones, el tumulto, la gente empuja”

Miles de colombianos formaron filas durante horas e incluso pasaron la noche a la intemperie en distintas ciudades de España para garantizar un lugar en el proceso extraordinario de regularización de migrantes, que abrió el Gobierno de Pedro Sánchez el 14 de abril de 2026 y se extenderá hasta el 30 de junio.

La primera jornada presencial del proceso, el 20 de abril, estuvo caracterizada por intensas escenas en puntos como La Farga, en L’Hospitalet, así como en las oficinas de Barcelona y Valencia, en la que cientos de extranjeros —principalmente latinoamericanos— esperaron más de cuatro horas para ser atendidos.

Leonardo Flores, migrante colombiano que dejó su labor en el sector inmobiliario en Colombia y ahora trabaja en limpieza y construcción en España, relató a CNN España: “Dormir en cartones, el tumulto, la gente empuja”.

Flores precisó que la espera comenzó desde la noche anterior, motivada por el temor a no obtener atención y perder la oportunidad de regularizarse.

En cuanto al objetivo de esta medida, es ofrecer acceso a la residencia y al empleo formal a quienes permanecen en situación irregular. La masiva asistencia y las dificultades logísticas marcaron el comienzo de esta iniciativa, cuyo éxito podría modificar el panorama de derechos y estabilidad de una de las comunidades extranjeras más grandes del país.

De acuerdo con datos reunidos en el reporte de CNN España, cerca de 978.000 colombianos residen actualmente en España, según el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Se estima que hasta 290.000 estarían en situación irregular y podrían optar al proceso si logran cumplir los requisitos y acceder a la regularización antes de la fecha límite. Estas cifras demuestran el alcance y la presión de la demanda sobre el sistema migratorio español.

El Gobierno español habilitó más de 400 oficinas en todo el país, incluyendo sedes de Extranjería, Seguridad Social y entidades colaboradoras. Las solicitudes pueden tramitarse tanto en línea, empleando un certificado digital, como de forma presencial con cita previa. Además, se pusieron en marcha líneas telefónicas para resolver dudas y orientar a los solicitantes.

En ciudades como Madrid, la demanda sorprendió por su magnitud, las peticiones pasaron de 1.500 a más de 5.500 diarias al inicio del proceso.

La presión sobre los recursos disponibles provocó colas y tensiones, mientras migrantes como Omar León, que reside en el país hace más de un año, manifestaron su decisión de perseverar a pesar de los obstáculos: “El que no lucha no lo consigue”, declaró a la cadena.

Este proceso extraordinario, aprobado en abril y activo por dos meses y medio, permite que aquellos extranjeros que acrediten estar viviendo en España antes del 1 de enero de 2026 y que hayan residido en el país al menos cinco meses, sin antecedentes penales, soliciten la regularización. Dependiendo de cada caso, pueden presentarse documentos adicionales como contratos laborales, certificados de arraigo o pruebas de vulnerabilidad.

Las autoridades recalcan la importancia de evitar intermediarios y de consultar únicamente canales oficiales, dada la proliferación de información falsa y potenciales fraudes en la venta de citas, alertaron sindicatos.

La jornada inicial también estuvo marcada por aglomeraciones acentuadas por la circulación de mensajes falsos en redes sociales acerca de la entrega de certificados sin cita previa, lo que contribuyó al colapso en varias sedes.

No obstante, en regiones como Galicia y Canarias, donde las citas se respetaron, la jornada transcurrió sin incidentes, según comunicaron fuentes oficiales a CNN España.

Organizaciones como la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (Cear) y Accem intervinieron para orientar a los migrantes, responder dudas sobre documentación y pedir calma, recordando que el proceso seguirá abierto hasta el 30 de junio.

El reto inmediato consiste en absorber la afluencia de una de las comunidades migrantes más activas del país, ante la expectativa compartida de alcanzar un permiso de residencia y trabajo que desbloquee el acceso a empleos formales y derechos laborales plenos.