Las declaraciones de Angie Rodríguez, directora del Fondo de Adaptación y exfuncionaria de la Casa de Nariño, han sacudido al gobierno de Gustavo Petro al revelar la existencia de una supuesta red de poder informal y presuntos vínculos con el ELN.
En entrevista con Semana, Rodríguez describió un presunto entramado de influencias, corrupción y amenazas que, según dijo, comprometen la integridad de las instituciones públicas.
El abogado y candidato presidencial Abelardo de la Espriella reaccionó a las declaraciones de Rodríguez, señalando que lo relatado confirma una percepción extendida entre los ciudadanos.
En su mensaje, De la Espriella sostuvo: “El gobierno Petro funciona como una banda criminal, sin escrúpulos y sin ningún interés por resolver los problemas del país”. El candidato anticipó que tomará acciones para exponer los hechos, añadiendo: “Llegaré a destapar todas sus porquerías. ¡Los haré pagar!”.
Presiones internas y denuncias sobre títulos falsos
Angie Rodríguez narró a Semana que dentro de la Casa de Nariño “hay un juego por el poder y el dinero. Eso los tiene enceguecidos. Muchos piensan que este gobierno no va a continuar y por eso miran cómo exprimirlo.”
Para la funcionaria, el desespero ante la posible salida de la administración Petro habría convertido el manejo de recursos públicos en un botín de guerra, con actores internos decididos a aprovechar los últimos meses de gestión.
Según relató, la presión en su contra aumentó luego de que advirtiera al presidente sobre presuntas irregularidades en los títulos académicos de Juliana Guerrero.
“Fui yo la que le dijo al presidente que Juliana Guerrero no tenía los títulos que había acreditado”, afirmó Rodríguez, quien señaló inconsistencias en los certificados presentados por Guerrero ante la Fundación Universitaria San José.
La denuncia provocó que Rodríguez fuera objeto de un supuesto plan para silenciarla, cuyos efectos —incluido el robo a la casa de sus padres— atribuyó a funcionarios del Ejecutivo. En su testimonio, sostuvo que la situación la llevó a desconfiar incluso de organismos de inteligencia y a temer por su propia seguridad.
Rodríguez aseguró que Guerrero “se jactaba de tener vínculos con el ELN” y que denunciar la falsificación de títulos la convirtió en su “peor enemiga”.
Las denuncias derivaron en la apertura de investigaciones oficiales luego de que la congresista Jennifer Pedraza entregara documentos que, en palabras de Rodríguez, consolidaron las pruebas sobre la autenticidad de los títulos de Guerrero.
El control de entidades públicas y el papel de Juliana Guerrero
Para Rodríguez, el verdadero poder en ciertas entidades estatales no lo detentan los funcionarios con cargos formales, sino figuras como Juliana Guerrero. Según su relato, Guerrero, pese a no ostentar un puesto oficial, influye en decisiones cruciales en organismos como el Fondo Colombia en Paz, el DAPRE y el Fondo de Adaptación.
La funcionaria explicó a Semana que Guerrero interviene en la contratación, la ejecución presupuestal y la designación de funcionarios. “Quien manda es Juliana Guerrero a través de la señora Nohora Mondragón. No disimula nada”, declaró Rodríguez, quien describió la existencia de un acceso indebido al manejo del aparato público.
En su testimonio, Rodríguez afirmó que el objetivo de la red era desplazarla del DAPRE para fortalecer el control interno. “Querían sacarme del DAPRE para tener el control. Tienen un delirio por el poder y la plata.” También sostuvo que Guerrero se encargó de desprestigiar a la vicepresidenta Francia Márquez con la intención de “quedarse con el Ministerio de la Igualdad”.
Las denuncias de Angie Rodríguez detallan una estructura de poder informal que, según ella, condiciona la toma de decisiones en el gobierno nacional.
La funcionaria explicó que quienes la enfrentan temen las supuestas conexiones de Guerrero con el grupo armado: “Ella se ufanaba de tener vínculos con el ELN. Me decía que era amiga, que tenía buena relación. Cuando la gente escucha eso, piensa dos veces antes de actuar en contra de ella.”
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