El nombre de Ángel volvió a ocupar el centro del debate en el Congreso de la República; esta vez no como un hecho aislado de crueldad animal, sino como el punto de partida de una discusión más amplia sobre la ejecución de la Ley 2455 de 2025. Este 21 de abril de 2026, en la Comisión Quinta del Senado se revisó su puesta en marcha y abrió interrogantes sobre su funcionamiento real en los territorios.
La sesión puso sobre la mesa una advertencia que marcó el tono político del encuentro, por lo que la senadora Andrea Padilla cuestionó la distancia entre las normas aprobadas y su aplicación efectiva.
En su intervención, la senadora aseveró que la justicia animal no depende de la acumulación de normas ni de anuncios institucionales: “Hacer justicia animal no es sacar un montón de decretos, de resoluciones, hacer promesas o mesas eternas”.
El análisis legislativo se centró en la capacidad del Estado para convertir la Ley Ángel en una herramienta operativa. El Congreso revisó la brecha entre la norma escrita y su ejecución en municipios, donde persisten fallas administrativas, ausencia de formación técnica y debilidades en los procesos de control.
¿De qué se trata la conocida Ley Ángel?
Y es que es importante señalar que la Ley 2455 de 2025 surgió tras el caso de Ángel, un perro víctima de violencia en Copacabana, Antioquia, hecho que generó rechazo nacional y reabrió la discusión sobre el antiguo Estatuto de Protección Animal de 1989. Su aprobación marcó un giro en la política pública al reconocer a los animales como seres sintientes con protección reforzada.
La reforma elevó las sanciones por maltrato grave, muerte intencional o abuso sexual contra animales, pues las penas quedaron entre 20 y 42 meses de prisión, con restricciones que limitan beneficios judiciales en los casos más severos. Las multas alcanzan hasta 60 salarios mínimos cuando el animal muere como consecuencia del maltrato.
La norma también incorporó nuevas conductas penales, entre ellas aparece la violencia vicaria contra animales, la difusión de material sexual con animales y la mutilación con fines estéticos. El debate legislativo resaltó además la creación de un registro nacional de maltratadores, bajo responsabilidad de la Fiscalía y la Policía.
Fallas técnicas en la aplicación de sanciones por maltrato animal
Durante la sesión, Padilla insistió en las dificultades de aplicación en el territorio, por lo que señaló la falta de capacidades técnicas en inspectores y la ausencia de herramientas claras para ejecutar sanciones: “Tenga resoluciones para conejos, cabras, cerdos, ovinos, caprinos, bla, bla, bla. Pero no tiene facultades sancionatorias. Entonces van los técnicos del ICA y miran sanidad animal, miran otros temas, pero no los temas de bienestar”.
La senadora añadió que el Estado requiere una acción más articulada entre las entidades y también cuestionó la respuesta institucional frente al transporte de animales. En su intervención señaló rutas intermunicipales donde, según dijo, animales viajan en condiciones de hacinamiento y llegan sin vida o en estado crítico.
“Tenemos esas denuncias constantes de los servicios públicos intermunicipales que llevan al ternero, a la gallina, al perro y al gato en la bodega y llegan asfixiados”, expresó. También mencionó el transporte de animales hacia mataderos y describió las condiciones de carga en camiones de aves, bovinos y porcinos.
Padilla insistió en la necesidad de incorporar la protección animal dentro de los planes de desarrollo territorial. Señaló que los municipios carecen de capacidad técnica para aplicar lineamientos complejos sin orientación clara desde el nivel nacional.
En su intervención dijo que los planes municipales y departamentales deben incluir criterios precisos para evitar vacíos en la ejecución. El debate también abordó la falta de recursos para el registro nacional de maltratadores. Congresistas advirtieron que, sin financiación, la herramienta pierde eficacia y corre el riesgo de quedar como un instrumento sin operación real.
Otro punto central se centró en la formación técnica para la recolección de evidencia en casos de maltrato animal. Se pidió al Gobierno avanzar en guías forenses veterinarias para sostener los procesos judiciales. Sin estos insumos, los casos pueden perder fuerza en los tribunales por falta de pruebas sólidas.
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