El Gobierno de Gustavo Petro anunció el traslado inmediato de $25 billones de ahorro pensional desde los fondos privados hacia Colpensiones, que es el fondo publico, por lo que fijó un plazo máximo de 15 días para la entrega de estos recursos. Ante esto, gremios como la Asociación Nacional de Instituciones Financieras (Anif), que preside José Ignacio López, adujeron que esta transferencia masiva e inmediata pone en riesgo la sostenibilidad del ahorro pensional a largo plazo, al ser utilizados para pagar pensiones actuales.
Señaló en un informe que el hecho de mover estos recursos rápidamente (en 15 días, según borradores de decreto) generaría riesgos fiscales y financieros, lo que afectaría el ahorro futuro.
Riesgo de la seguridad financiera de millones de colombianos
Ahora, el presidente de la Asociación Colombiana de Administradoras de Fondos de Pensiones y Censatía (Asofondos), Andrés Velasco, alertó que la medida pone en riesgo la seguridad financiera de millones de ciudadanos próximos a jubilarse y podría contradecir el marco jurídico actual.
Según el gremio, la iniciativa del Gobierno implica que un grupo de personas que tienen menos de diez años para pensionarse vea comprometido el ahorro, al adelantar la transferencia de sus fondos individuales a Colpensiones. La asociación advirtió que, al cambiar la regla de mantener estos recursos en la administración privada hasta la jubilación, se abre la puerta a una desestabilización en el sistema pensional y el mercado financiero, así como a disputas legales de amplio alcance.
Riesgo para la seguridad jurídica y el ahorro pensional
Velasco dijo a El Tiempo que el plan del Gobierno va en contra de la normativa vigente, “pretende que les transfiramos esos ahorros. Eso es ilegal porque la ley dice que esos recursos deben ahorrarse para financiar pensiones futuras”. Para el dirigente, transferir de manera apresurada los fondos “representa un cambio peligroso de las reglas del juego y un golpe a la confianza en el sistema de pensiones”.
Además, añadió que “si no se ahorran, la deuda con esas personas crece. Estamos hablando de cerca de $25 billones”.
Destacó el economista que no se trata de una mera formalidad administrativa, sino de una decisión con consecuencias económicas y sociales graves para el Estado colombiano.
Impacto en el mercado de capitales colombiano
De igual manera, el dirigente gremial alertó que “liquidar $25 billones en dos semanas obligaría a los fondos a vender masivamente activos en el mercado local. Esto podría desplomar los precios de bonos y acciones”.
Según el presidente de Asofondos, “estos recursos pertenecen a personas cerca de la edad de pensión, por lo que están invertidos en fondos conservadores”.
Advirtió además que “una salida abrupta de tal magnitud generaría un choque macroeconómico sin precedentes en el mercado de capitales colombiano”. El impacto, aclaró al medio, afectaría no solo a quienes se trasladan a Colpensiones, sino también a todos los ahorradores, al introducir una alta volatilidad y desestabilizar valores financieros clave en el país.
Consecuencias legales y operativas de la medida
El presidente de Asofondos también expuso que la propuesta del Gobierno de Gustavo Petro implica riesgos legales considerables. “Existe el peligro de que, para cuando las cortes fallen, el dinero ya haya sido gastado por el Gobierno”. De concretarse el traslado acelerado contrario a las disposiciones legales actuales, “podrían originarse demandas masivas y un escenario incierto sobre el regreso o la restitución de los fondos”.
De igual manera, Andrés Velasco insistió en que se estarían vulnerando derechos adquiridos, pues la ley obliga a mantener el capital ahorrado de quienes ya están próximos a la jubilación.
Para el gremio, si estos ahorros no se preservan bajo las normas fijadas, Colombia enfrentará el aumento de una deuda social y fiscal cuya magnitud podría condicionar la estabilidad futura de su sistema pensional.
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