En el primer trimestre de 2026, el escenario para los defensores de los derechos humanos y líderes sociales en Colombia se agudizó.
Según el informe trimestral elaborado por la Defensoría del Pueblo, se reportaron 34 homicidios entre el 1 de enero y el 31 de marzo del año en curso. Entre las víctimas fatales de este primer trimestre, 30 eran hombres y 4 eran mujeres.
A la vez, la entidad también alertó sobre tres firmantes del Acuerdo de Paz asesinados en el mismo lapso, en hechos ocurridos en Caquetá, Cauca y Huila: dos de estos casos sucedieron en febrero y uno en marzo, respectivamente.
En cuanto a la situación por regiones, la violencia se concentró especialmente en Antioquia, que durante este periodo registró tanto el mayor número de asesinatos de líderes como el mayor registro de masacres.
Según los reportes dados por la Defensoría, el departamento documentó ocho de los homicidios y seis de las masacres notificadas a nivel nacional en estos tres meses, posición que la convierte en la región con mayor incidencia de violencia colectiva y ataques contra líderes.
Departamentos como Arauca, Cauca (ambos con 4 líderes asesinados), Nariño (con 3), Huila, Magdalena, Putumayo (con 2), Atlántico, Caldas, Caquetá, Cesar, Chocó, Córdoba, La Guajira, Norte de Santander y Santander (con 1) también figuran en la lista de territorios con mayor riesgo para aquellos que defienden derechos humanos y lideran procesos comunitarios.
Así mismo, la Defensoría del Pueblo identificó la presencia de actores armados ilegales y la proliferación de economías ilícitas como los factores que incrementan la inseguridad, especialmente en zonas rurales y regiones críticas como Antioquia.
En este periodo, las masacres ascendieron a 35, con al menos 133 víctimas en todo el territorio colombiano: 13 ocurrieron en enero, 9 en febrero y 13 en marzo.
Esta tendencia, lejos de ser un hecho aislado, refleja un patrón estructural de violencia que, de acuerdo con la Defensoría del Pueblo, repercute gravemente en la organización social, la presencia estatal y la protección de los derechos fundamentales en distintos territorios del país.
Comparativa con años anteriores
La magnitud del fenómeno durante 2026 adquiere otra dimensión al revisar los patrones de años anteriores.
De acuerdo con la Defensoría del Pueblo y un informe de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos citado por El Espectador, 1.699 líderes sociales fueron asesinados entre enero de 2016 y marzo de 2026 en Colombia.
Solo en el período comprendido entre enero de 2022 y diciembre de 2025, la ONU confirmó 410 homicidios de defensores de derechos humanos, una cifra que según la organización evidencia la permanencia y expansión de dinámicas estructurales de violencia en el país.
El último informe destaca que 354 de las víctimas en ese período eran hombres, 49 mujeres y siete personas Lgbtiq+, categoría que incluye cuatro mujeres trans, dos hombres gay y una persona no binaria.
De igual manera, el impacto de estos crímenes ha recaído principalmente sobre poblaciones rurales y étnicas: se identificaron 171 víctimas campesinas, 94 indígenas y 43 afrodescendientes. Estos datos, recabados por la ONU y la Defensoría, corroboran que la violencia armada y la débil presencia institucional son factores constantes en los territorios con mayor letalidad.
En el caso particular de las mujeres defensoras de derechos humanos, se contabilizaron 49 homicidios y 608 ataques y amenazas solo en el rango 2022-2025, según la ONU. Por su parte, los líderes ambientales figuran entre los más expuestos, con al menos 64 asesinatos en departamentos como Cauca, Putumayo, Nariño y Chocó.
La oficina de Naciones Unidas puntualizó que el 73% de los homicidios de líderes sociales estaría ligado a la acción de actores armados. El informe destaca a grupos como ELN, disidencias de las Farc y el Clan del Golfo entre los principales responsables, dinámica agravada en regiones donde la economía ilícita y la disputa territorial continúan minando cualquier avance en la protección de la dirigencia social.
Pese a avances institucionales, la impunidad se mantiene como la constante principal: menos del 20 % de los casos han derivado en sentencias judiciales y en las amenazas los rezagos de la investigación son aún más notorios, con miles de denuncias sin resolución, de acuerdo con la ONU y la Defensoría del Pueblo.
El organismo elevó un llamado urgente para que las autoridades fortalezcan los mecanismos de protección y sus capacidades preventivas de cara a este panorama de violencia reiterada. “Cada caso representa una afectación grave a la vida, al liderazgo social y a los procesos organizativos en los territorios”, puntualizaron.
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