Gobierno Petro se estaría negando a entregar la administración de Coosalud: abogado del exgerente denunció negativa de la Supersalud

El jueves 16 de abril de 2026, el Tribunal Administrativo de Bolívar ordenó la suspensión provisional de la intervención de Coosalud EPS, una medida adoptada por la Superintendencia Nacional de Salud en noviembre de 2024 y prorrogada en 2025. La determinación quedó consignada en el Auto Interlocutorio 072 de 2026, firmado el 14 de abril por el magistrado Luís Miguel Villalobos Álvarez en Cartagena.

Al estudiar el caso, el tribunal revisó el impacto de la intervención en el funcionamiento de la entidad y concluyó que la medida no había cumplido sus objetivos iniciales de estabilización. En ese sentido, determinó que “el plan de acción no mostró resultados satisfactorios”, lo que llevó a suspender de manera provisional tanto la resolución de toma de posesión como la prórroga de la intervención.

Con esta decisión, la administración de Coosalud debería ser devuelta a sus directivas anteriores, mientras se resuelve de fondo la legalidad de la intervención. Sin embargo, la ejecución de esa orden se ha convertido en el nuevo punto de controversia.

Julián Quintana, abogado del exgerente de Coosalud Jaime González Montaño, aseguró que la transición de la administración no se estaría realizando pese al fallo del tribunal. Según su versión, el proceso de entrega estaría detenido por instrucciones provenientes de la Superintendencia Nacional de Salud.

Quintana afirmó que el interventor de la EPS les informó que había recibido una orden directa de no proceder con la devolución de la administración: “El gobierno de Gustavo Petro se niega a entregar la EPS Coosalud. Estamos en Cartagena y el interventor nos ha comunicado que la Superintendencia de Salud le dio la instrucción de no entregar nada. Acudiremos a las instancias correspondientes para que cumplan la orden del honorable Tribunal”, señaló el abogado en su cuenta de X.

Supersolidaria anunció que mantiene la intervención

La Superintendencia de la Economía Solidaria confirmó el viernes que la intervención sobre la Cooperativa Coosalud se mantiene vigente, a pesar de la decisión del tribunal. La entidad precisó que el fallo judicial tiene efectos sobre la EPS, pero no altera la medida administrativa que continúa aplicándose sobre la cooperativa, la cual permanece bajo control estatal.

En ese contexto, la superintendente de la Economía Solidaria, María José Navarro, acudió a las instalaciones de Coosalud para reiterar la postura oficial del Gobierno, insistiendo en que la cooperativa sigue intervenida. La funcionaria explicó que la decisión judicial no implica la reposición inmediata de cargos directivos dentro de la estructura administrativa.

“(...) La orden judicial de restablecimiento no implica la reposición inmediata en cargos de libre nombramiento y remoción, como lo es la gerencia de la EPS”, precisó Navarro. De acuerdo con la entidad, cualquier eventual cambio en la administración debe ser evaluado previamente bajo criterios de idoneidad, análisis de responsabilidades en la gestión y revisión de posibles restricciones vigentes, antes de permitir el retorno a funciones directivas.

Debate político y judicial en torno a la EPS

La controversia alrededor de Coosalud ha escalado también al plano político. El presidente Gustavo Petro se pronunció tras la decisión del Tribunal Administrativo de Bolívar, cuestionando la determinación judicial y al magistrado que la firmó.

“El magistrado que le devuelve de manera inmediata Coosalud a los corruptos debe ser demandado ante la justicia”, escribió el mandatario en su cuenta de X, agregando además: “Necesitamos una justicia que ayude a devolverle la salud al pueblo y no que apoye los criminales”.

En paralelo, el jefe de Estado ha reiterado señalamientos contra el exgerente de la entidad, a quien ha vinculado con un presunto desfalco en la EPS. Según el presidente, el exfuncionario debería ser investigado penalmente por el uso de recursos del sistema de salud.

Estas afirmaciones se mantienen pese a decisiones judiciales previas. El Juzgado 24 Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá ordenó al presidente retractarse de acusaciones contra González Montaño, pero al no cumplirse dicha orden, se impuso una sanción de 15 salarios mínimos legales mensuales vigentes.

En este contexto, el abogado Quintana ha cuestionado las declaraciones del mandatario y su impacto en la operación de la entidad, asegurando que la situación ha generado efectos sobre la estabilidad de la EPS y la prestación de servicios.

“Con la irresponsabilidad del presidente, puso en riesgo y desmejoró el servicio de más de tres millones de afiliados y dejó financieramente a la EPS en cuidados intensivos. Por estas circunstancias, la Procuraduría suspendió al interventor puesto por este Gobierno”, sostuvo.