El presidente Gustavo Petro volvió a intensificar sus críticas al Senado de la República por no aprobar la reforma a la salud, resaltando que la negativa del Congreso permite que clínicas privadas proyecten utilidades crecientes: en 2021 estas instituciones obtuvieron 4,2 billones de pesos y, según las previsiones del mandatario, esa cifra ascenderá a 7,2 billones en 2025.
“Solo cuatro clínicas privadas por sí solas generan utilidades de 4,2 billones en el 2021 y en el 2025 pasaron a 7,2 billones”, se observa en la publicación hecha por el mandatario en su cuenta de X.
Petro responsabilizó a Legislativo de mantener un modelo que, en sus palabras, “solo sale del erario y que se obtiene al bajar los costos de las atenciones a los pacientes, minimizan al máximo sus tratamientos y suben los costos que serán utilidades para el dueño de la clínica”, dijo el presidente.
La denuncia del mandatario se centró en la procedencia de las utilidades del sector privado de la salud, enfatizando que estos ingresos provienen de fondos públicos y del ajuste a la baja en el gasto destinado a tratamientos médicos.
Así mismo, el jefe de Estado apuntó que este esquema incita a los dueños de clínicas a buscar márgenes de ganancia recortando servicios, lo cual, advierte, repercute negativamente en la calidad de la atención brindada a los pacientes.
El mandatario atribuyó al Senado la responsabilidad de bloquear el cambio estructural al impedir la aprobación de la reforma a la salud impulsada por su Gobierno.
“Ese es el negocio de la salud bajo el actual sistema que el Senado no deja cambiar”, expresó Petro.
La reforma de la salud, liderada por Gustavo Petro y hundida por el Senado, tenía como horizonte modificar de manera integral el funcionamiento de las clínicas privadas y la administración de recursos en salud, enfrentando resistencias de diversos sectores que priorizan la viabilidad financiera actual sobre una transformación de fondo en el esquema de atención.
El ministro de Salud atribuyó a las EPS la crisis del sistema y planteó reforma estructural
Guillermo Alfonso Jaramillo sostuvo ante la Corte Constitucional que la actual crisis del sistema de salud tiene su origen en deficiencias administrativas de las EPS y no en una falta de recursos económicos.
En una audiencia pública celebrada para analizar la situación y posibles medidas en torno a la Unidad de Pago por Capitación (UPC), el jefe de la cartera de Salud defendió la posición del Ejecutivo, destacando la necesidad de una reforma estructural como vía para asegurar la transparencia y eficiencia en el manejo de los fondos.
Durante su intervención, el ministro recalcó que los recursos monetarios para garantizar el derecho a la salud existen y han aumentado en términos reales en los últimos años.
No obstante, subrayó que el verdadero problema radica en cómo se administran y distribuyen, planteando que “el sistema no carece de recursos, sino de transparencia y eficiencia en la administración de los mismos”, declaró Jaramillo.
Dicho crecimiento en la asignación de fondos no se ha traducido en una mejora en el acceso ni en la calidad del servicio, lo cual evidencia distorsiones persistentes en el modelo de intermediación.
El Ejecutivo mostró ante la Corte Constitucional su rechazo a que se le atribuya responsabilidad individual ante la crisis. Según Guillermo Alfonso Jaramillo, los problemas que atraviesa el sistema de salud colombiano responden a un entramado de decisiones y prácticas acumuladas durante años, cuya responsabilidad recae en los actores históricos que han gestionado el sistema, en particular las entidades promotoras de salud (EPS).
El ministro enfatizó que el debate no debe centrarse exclusivamente en saber si existen recursos suficientes, sino en analizar las causas por las cuales estos fondos no llegan oportunamente a hospitales, clínicas y trabajadores del sector salud.
En este sentido, Jaramillo precisó que las fallas en el aseguramiento y la intermediación impactan directamente en la calidad y el acceso al servicio sanitario, una situación que exige —en palabras del propio funcionario— “asegurar que los recursos existentes garanticen el derecho a la salud mediante una mejor gestión”.
Esta perspectiva fue reforzada por la mención a informes de la Fiscalía, la cual, según el Ejecutivo, no ha encontrado pruebas determinantes para señalar que el monto de la UPC resulte insuficiente para cubrir las obligaciones del sistema.
En consecuencia, el Gobierno descartó la existencia de un problema estructural de financiación y centró el debate en la manera en que se administran los recursos.
La posición del Ejecutivo, expuesta en la audiencia ante la Corte Constitucional, es que la salida a esta crisis histórica requiere una reforma de fondo que corrija las fallas arrastradas durante años, dada la persistencia de problemas que han sido identificados como estructurales en el modelo de gestión y distribución del dinero público en salud.
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