
La decisión de la Corte Constitucional de ordenar la devolución de los impuestos recaudados por el incremento a productos como licor, cigarrillos y juegos de azar marcó un punto de inflexión para las finanzas territoriales en Colombia.
El fallo generó reacciones inmediatas entre los gobernadores, que consideran que la medida representa un respaldo a la autonomía de los departamentos y un freno a la centralización de recursos.
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En la Cumbre de la Federación Nacional de Departamentos (FND), realizada en Chía, los mandatarios regionales coincidieron en que la resolución del alto tribunal asegura la restitución de $25.000 millones recaudados durante la emergencia económica decretada en diciembre de 2025. Esta suma, según los gobernadores, resulta fundamental para la sostenibilidad de programas sociales y el funcionamiento de sectores estratégicos como la salud y la educación.
La voz de los mandatarios: respaldo unánime y advertencias sobre el modelo fiscal
Durante el encuentro, la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, destacó que la decisión judicial responde a una preocupación histórica de los departamentos.

“Esa fue una lucha que vimos cuando salió la emergencia económica. Los gobernadores dijimos muy claramente, es inconstitucional, los recursos no son del Gobierno nacional, son cedidos a los departamentos constitucionalmente”, expresó Toro.
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Añadió que la restitución de los fondos permitirá fortalecer el régimen subsidiado de salud, afectado por la retención temporal de los recursos.
Por su parte, el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, interpretó el fallo como una victoria política y jurídica de las regiones. “Triunfó la rebelión de los gobernadores. Le agradecemos mucho a la Corte por ser un pilar de la democracia y por evitar esa usurpación que quería hacer a través de una emergencia económica el Gobierno nacional”, afirmó.
El mandatario antioqueño insistió en la necesidad de abrir un debate estructural sobre la distribución de los recursos públicos y la autonomía fiscal de los territorios.
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El gobernador de Córdoba, Erasmo Zuleta, resaltó que la decisión sorprende pero sienta un precedente sobre el modelo tributario colombiano. Zuleta advirtió que muchas regiones dependen de rentas asociadas al consumo, lo que genera un esquema regresivo.

En ese contexto, planteó la urgencia de una ley de competencias que garantice que los impuestos recaudados en los territorios retornen para cerrar brechas sociales.
Impactos inmediatos y defensa de la institucionalidad
Desde la Federación Nacional de Departamentos, la gobernadora del Meta, Rafaela Cortés, calificó la decisión como un “alivio para el país”. La funcionaria subrayó: “Hoy ha ganado la institucionalidad. Las Cortes tienen una responsabilidad, el Congreso también, y todos debemos funcionar como un país en democracia”.
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En Cundinamarca, el gobernador Jorge Emilio Rey reportó un aumento del 50% en el recaudo tras la suspensión del decreto, lo que evidencia, a su juicio, los efectos positivos que puede tener la autonomía fiscal sobre las finanzas departamentales.
El fallo, cuya ponencia estuvo a cargo del magistrado Juan Carlos Cortés, declaró inconstitucional el decreto que incrementó temporalmente los impuestos entre el 30 de diciembre de 2025 y el 28 de enero de 2026.
Como consecuencia, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) deberá proceder con la devolución de los recursos recaudados durante ese periodo.
Autonomía fiscal, descentralización y retos pendientes

La decisión del alto tribunal reavivó el debate sobre el modelo de descentralización y la autonomía fiscal en Colombia. De acuerdo con los gobernadores, el episodio puso en evidencia la necesidad de fortalecer la capacidad de decisión y financiación de los departamentos.
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“Con ese problema de salud que teníamos y todavía quitando los recursos que teníamos, era imposible poder lograr mejorar la salud en los departamentos”, aseguró Toro durante la cumbre.
El evento en Chía también sirvió de escenario para que los mandatarios plantearan sus prioridades estratégicas: desde la seguridad ciudadana hasta la sostenibilidad de las finanzas territoriales y la cohesión social.
La ausencia del candidato presidencial Iván Cepeda fue cuestionada por Toro, que consideró que la falta de diálogo directo entre los aspirantes y los mandatarios dificulta la gestión de soluciones conjuntas para los retos regionales.
Entre los ejes temáticos abordados en la cumbre, los mandatarios resaltaron la urgencia de mejorar la descentralización, garantizar recursos estables para la inversión social y avanzar hacia políticas diferenciadas que respondan a las particularidades de cada territorio.
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Con el fallo de la Corte Constitucional, el Gobierno nacional deberá reintegrar los recursos cobrados bajo el decreto 1474, asegurando que las rentas departamentales se mantengan conforme a lo establecido en la Constitución Política.
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