Un informe de la ONU prendió las alarmas por violencia en Colombia en antesala de elecciones

A pocos días de que el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas vuelva a poner a Colombia en el centro de la discusión internacional, un nuevo informe advirtió que el país enfrenta un momento decisivo. No solo por la cercanía de las elecciones presidenciales, sino por un contexto de seguridad que, lejos de estabilizarse, muestra señales de deterioro en varias regiones.

El documento, elaborado por el secretario general de la ONU, António Guterres, analizó lo ocurrido entre finales de diciembre de 2025 y marzo de 2026. Su lectura deja un mensaje claro: aunque hay avances, el panorama sigue siendo frágil y las garantías para el ejercicio democrático aún no están plenamente aseguradas.

En particular, el informe puso el foco en los riesgos que podrían marcar la próxima contienda electoral. “Sigo preocupado por los incidentes de violencia que se produjeron durante la campaña y por la influencia que los grupos armados siguen ejerciendo en las zonas afectadas por el conflicto”, advirtió Guterres, al tiempo que insiste en la necesidad de reforzar las condiciones de seguridad para candidatos y votantes.

La alerta no surge en el vacío. Aunque las elecciones legislativas de marzo se desarrollaron sin alteraciones graves del orden público, el contexto previo estuvo marcado por amenazas, hechos de violencia y tensiones en territorios históricamente golpeados por el conflicto armado. Más de 41 millones de colombianos estaban habilitados para votar y la participación superó el 50%, una cifra ligeramente superior a la registrada en 2022. En términos generales, la jornada transcurrió con normalidad, pero el informe advirtió que al menos 185 municipios presentaban riesgos altos, especialmente en zonas rurales.

De hecho, se registraron episodios que encendieron las alarmas, ataques a esquemas de seguridad, la desaparición de un candidato y la retención de lideresas indígenas en medio de la campaña. “Se produjeron incidentes significativos que afectaron a varios candidatos y congresistas…”, señaló el documento, que también menciona el asesinato de tres soldados durante labores relacionadas con la logística electoral.

En paralelo, el informe señaló un cambio político relevante: estas fueron las primeras elecciones en las que el partido Comunes participó sin las curules garantizadas tras el Acuerdo de Paz. La colectividad no logró representación en el Congreso ni alcanzó el umbral necesario para mantener su personería jurídica. Más allá del escenario electoral, el diagnóstico sobre la seguridad es contundente. Tras los ceses al fuego de fin de año, los enfrentamientos entre grupos armados se reactivaron desde enero, con dinámicas que incluyen el uso de nuevas tecnologías y la expansión a territorios donde antes no tenían presencia.

El impacto humanitario también es preocupante. En apenas tres meses, más de 8.400 personas fueron desplazadas y cerca de 23.000 permanecieron confinadas en distintas regiones del país. A esto se suman asesinatos de líderes sociales, masacres y hallazgos que reflejan la gravedad del conflicto. “Siguió habiendo enfrentamientos armados en zonas históricamente afectadas…”, advirtió el informe, que documenta el hallazgo de 26 cuerpos, incluidos niños indígenas, en el Guaviare.

Según Naciones Unidas, detrás de esta violencia persisten factores estructurales como las economías ilegales, particularmente el narcotráfico y la minería ilícita, y la disputa territorial entre grupos armados, que continúan afectando de manera directa a la población civil. En cuanto a la política de “paz total”, el balance es mixto. Mientras algunos procesos de diálogo lograron avances puntuales, otros permanecen estancados. El caso más evidente es el del ELN, cuyos acercamientos no muestran señales claras de reactivación.

El informe también destaca que las amenazas, los desplazamientos forzados y los homicidios contra líderes sociales y defensores de derechos humanos siguen siendo una constante en varias regiones del país, lo que evidencia la persistencia de condiciones de riesgo. En sus conclusiones, Guterres plantea que Colombia atraviesa una coyuntura determinante. “Colombia sigue siendo hoy un país más pacífico en general… No obstante, la seguridad se ha deteriorado considerablemente en determinadas zonas”, afirmó, al tiempo que señaló el papel del Acuerdo de Paz como herramienta clave para enfrentar estos desafíos.

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