
El senador Carlos Fernando Motoa lanzó una advertencia sobre el grave deterioro del orden público en Jamundí, municipio ubicado en el Valle del Cauca, e instó a las autoridades nacionales y departamentales a tomar medidas urgentes.
Según expuso el congresista, los habitantes de Jamundí enfrentan una situación crítica debido a la presencia de grupos armados ilegales que se disputan el control territorial, lo que ha derivado en una escalada de violencia.
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“Los jamundeños viven en un régimen del terror”, afirmó Motoa en declaraciones recogidas por El País de Cali, señalando que la indiferencia de las autoridades ha permitido el avance de estas organizaciones.
Fallas en la respuesta institucional

De acuerdo con el senador, tanto el Gobierno nacional como la Administración departamental resultaron incapaces de detener la crisis de seguridad en el municipio.
“El Gobierno departamental y el Gobierno nacional han sido incapaces de frenar lo que ocurre en Jamundí. Pese a las advertencias, las mociones de censura y los debates de control político, han demostrado una preocupante indiferencia frente a las necesidades de seguridad de sus habitantes”, enfatizó.
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El legislador advirtió que la situación podría agravarse en los próximos meses si no se adoptan medidas inmediatas y asumió un tono directo al señalar: “Los hago directamente responsables de lo que pueda suceder”.

El congresista también vinculó el deterioro de la seguridad con la política de ‘Paz Total’ impulsada por el Ejecutivo, considerando que esta estrategia limitó la capacidad de reacción de la fuerza pública. Según sus palabras, la insistencia en esa política “está impidiendo que las Fuerzas Militares y de Policía restablezcan el orden”.
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Escalada de violencia y presencia de grupos armados
La advertencia del senador se registró en medio de un contexto en el que Jamundí ha registrado múltiples hechos violentos, incluidos atentados terroristas, hostigamientos a subestaciones de Policía y enfrentamientos directos entre las disidencias de las Farc y el Ejército Nacional. Estos eventos provocaron desplazamientos forzados y bloqueos en zonas como Ampudia y Timba, según la Defensoría del Pueblo.
La comunidad local también ha sido instrumentalizada por los grupos armados, lo que agrava la situación humanitaria y aumenta el riesgo de que el municipio enfrente escenarios similares a los de Catatumbo o el antiguo Caguán, donde la consolidación de estructuras armadas ilegales generó crisis prolongadas.
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Petición de garantías para la población
Frente a estos hechos, el senador Motoa reiteró la necesidad de reforzar la seguridad en el país y de garantizar derechos fundamentales a la ciudadanía. “Colombia necesita con urgencia mayor seguridad física y jurídica, así como condiciones reales que garanticen a sus ciudadanos derechos fundamentales como la vida, la libertad y la propiedad”, sostuvo el legislador.
La crisis que atraviesa Jamundí se ha traducido en una afectación directa a la vida cotidiana de sus habitantes, que se han visto sometidos a desplazamientos, ocupación ilegal de tierras y diversas formas de intimidación. La petición del senador apunta a que las autoridades tomen control efectivo de la situación y eviten que la violencia siga escalando en el suroccidente del país.
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Primer ataque con enjambre de drones en Colombia
En el contexto de esta escalada de violencia, el municipio de Jamundí fue escenario del primer ataque documentado en Colombia mediante un enjambre de drones contra unidades del Ejército Nacional, según informó Infodefensa.
El incidente ocurrió en el corregimiento de Ampudia durante una operación militar en la que tropas de la Tercera Brigada fueron atacadas desde el aire con explosivos y ráfagas de disparos.
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Al menos 15 aeronaves no tripuladas, presuntamente del modelo DJI Mavic 4 Pro, participaron de manera simultánea en el hostigamiento, lo que dejó como saldo dos militares heridos. El ataque fue atribuido a la estructura Jaime Martínez, una de las facciones más activas de las disidencias de las Farc en la región.
El uso coordinado de drones representa un desafío significativo para las Fuerzas Militares, debido a la dificultad para neutralizar amenazas múltiples de bajo costo y alta maniobrabilidad. Esta táctica, observada en conflictos internacionales recientes, evidencia la capacidad de adaptación tecnológica de los grupos armados ilegales en Colombia.
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