En el Congreso de la República se comenzará a debatir un proyecto de ley que busca poner fin a la “falta de reglas claras” en las investigaciones de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), con el fin de garantizar la protección de los derechos fundamentales de ciudadanos y empresas.
La iniciativa fue presentada por la representante a la Cámara Carolina Arbeláez, del Partido Cambio Radical, y el representante Juan Espinal, del Centro Democrático, y propone que la SIC no pueda continuar con procesos de investigación “indefinidamente y bajo un instructivo interno”, según expresaron los autores del proyecto.
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La propuesta establece un límite máximo de 12 meses para la etapa de averiguación preliminar en las investigaciones de la entidad, con el objetivo de evitar procesos sin plazos definidos y reducir la incertidumbre jurídica.
“No es aceptable que una entidad del Estado investigue durante años sin reglas claras, sin plazos y sin garantizar plenamente el derecho a la defensa, este proyecto busca ponerle límites a esos excesos y proteger a los ciudadanos de posibles arbitrariedades”, afirmó Espinal.
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El proyecto también introduciría restricciones a las prácticas de inspección que, según los legisladores, han resultado en procedimientos invasivos sin control judicial. Entre las nuevas reglas, se prohíbiría el acceso a comunicaciones entre abogado y cliente o dispositivos personales sin orden judicial y se exigiría que todas las inspecciones estén debidamente motivadas y sean realizadas exclusivamente por funcionarios públicos.
Arbeláez, por su parte, sostuvo que “hoy la SIC se investiga con sus propias reglas, lo cual genera dudas sobre su constitucionalidad, el Congreso debe cumplir su función y establecer un marco legal claro que garantice el debido proceso y evite abusos contra empresas y ciudadanos”.
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La iniciativa fortalecería las garantías procesales desde el inicio, de manera que los investigados conozcan el proceso, sean escuchados y cuenten con defensa técnica desde etapas tempranas, se leyó en la información suministrada por los servidores legislativos.
El texto legal radicado en el Congreso incorpora herramientas para proteger a los denunciantes, en garantía de la confidencialidad de su identidad y en favor de sanciones proporcionales para quienes obstaculicen las investigaciones, con el fin de evitar multas desproporcionadas.
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La iniciativa tuvo en cuenta recomendaciones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (Ocde), que desde 2009 había alertado sobre los riesgos de las visitas de inspección sin control judicial en Colombia. El proyecto deberá avanzar antes del 20 de junio de 2026 para continuar su trámite en la próxima legislatura y completar los debates requeridos por la ley.
SIC investiga aumento de precios en telefonía móvil tras advertencia del presidente Petro
Por su parte, desde la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) se abrió una investigación preliminar sobre el aumento en los precios de la telefonía móvil, luego de que el Dane reportara una inflación del 2,96% en el sector de telecomunicaciones entre febrero y marzo de 2026.
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El incremento formó parte de la inflación mensual de marzo, que alcanzó un 0,78%, una cifra superior a la del mes anterior.
La decisión de la entidad de control se produce tras los señalamientos del presidente Gustavo Petro, que, a través de su cuenta en X, calificó el alza como “irregular y lesivo a los consumidores” y vinculó el fenómeno con la reciente integración entre Tigo y Movistar.
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Petro solicitó explicaciones a los operadores y llamó a las autoridades a ejercer acciones de control, descartando que el aumento de la inflación esté relacionado con el ajuste del salario mínimo o con un mayor consumo de los hogares.
La SIC solicitó formalmente información a las principales empresas del sector, incluyendo Claro, Tigo y Movistar, para identificar qué servicios subieron de precio, cuáles compañías están involucradas y las causas detrás del incremento.
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En un comunicado, voceros de la Superintendencia aclararon que “no se puede concluir que el aumento esté asociado a la fusión Tigo-Movistar”, y advirtieron sobre la existencia de múltiples factores que pueden incidir en la variación de precios, entre ellos “ajustes tras periodos de comportamiento deflacionario, incrementos en costos, necesidades de inversión —especialmente por el despliegue de tecnologías como 5G—, cambios regulatorios y otros eventos recientes del primer trimestre del año”.
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