Menores armados y usados por el crimen: la advertencia que genera preocupación sobre la inseguridad en Bogotá

En el Concejo de Bogotá, la cabildante Diana Diago denunció cómo los menores de edad están siendo claves en la crisis de inseguridad y violencia que se registra en la capital de Colombia.

Durante su pronunciamiento, Diago mencionó datos entregados por la Secretaría de Seguridad en los que se menciona que entre el 1 de enero de 2020 y el 31 de agosto de 2025 se registraron 4.331 aprehensiones de menores de edad entre los 14 y 17 años por la comisión de distintos delitos en Bogotá.

“Esto no es un tema de percepción. Son miles de menores aprehendidos cometiendo delitos bajo el conocimiento de las autoridades. Lo que estamos viendo es cómo el crimen organizado está reclutando jóvenes y armándolos”, afirmó la concejal Diago.

La concejal también advirtió un preocupante aumento en la participación de menores de edad en delitos de alto impacto como el homicidio. De acuerdo con cifras de la Policía Nacional, las aprehensiones de adolescentes entre 14 y 17 años por este delito pasaron de niveles estables entre 10 y 12 casos anuales entre 2020 y 2023 a un incremento significativo en los últimos años, alcanzando 30 casos en 2024 y 25 en 2025

“Aquí lo que estamos viendo es un cambio en la gravedad de la criminalidad juvenil. Ya no es solo hurto, estamos viendo menores involucrados en homicidios, lo que evidencia un escalamiento de la violencia y un mayor nivel de instrumentalización por parte del crimen organizado”.

Diago indicó que el tema preocupa más cuando se analiza el acceso a armas. De acuerdo con cifras de la Fiscalía General de la Nación, entre 2019 y noviembre de 2025, 461 menores de edad fueron indiciados por el delito de fabricación, tráfico o porte de armas de fuego o municiones.

Diago también alertó sobre la magnitud del tráfico de armas en la ciudad, un fenómeno que está alimentando directamente la criminalidad juvenil. Según cifras de la Fiscalía General de la Nación, solo en 2025, con corte a noviembre, se registraron 1.542 indiciados por el delito de fabricación, tráfico y porte ilegal de armas de fuego o municiones.

“Estamos hablando de una circulación masiva de armas en Bogotá. Para dimensionarlo, la ciudad tiene 1.776 km², lo que significa que, en promedio, habría al menos una persona vinculada a este delito por cada kilómetro cuadrado. Es decir, en prácticamente todos los barrios hay presencia de este mercado ilegal”.

Para la cabildante, esta realidad facilita que las armas se comercien, se presten o incluso se alquilen, aumentando el riesgo de que terminen en manos de menores de edad. “Hoy en Bogotá hay menores portando armas, custodiando economías ilegales y siendo utilizados como escudos penales por estructuras criminales. El crimen organizado ya entendió que es más rentable y menos riesgoso utilizar a un menor que a un adulto”.

Diago citó cifras del Idipron para afirmar que el distrito no cuenta con datos sobre cuántos jóvenes con antecedentes penales ingresan a sus programas ni cuántos reinciden, debido a que no existe cruce de información con la Fiscalía, la Policía ni mecanismos de trazabilidad posterior.

“Aquí hay una falla estructural gravísima: el Distrito atiende jóvenes en alto riesgo sin saber nada de ellos, pero, peor aún, salen de los programas y no hacen seguimiento. Una política pública que no mide reincidencia es una política que no sabe si funciona”, señaló Diago.

La concejala indicó que evidenció que el alcance de la oferta institucional es limitado. En 2025, el Idiprón identificó 14.581 jóvenes en riesgo, pero solo 2.138 aceptaron la atención, lo que significa que más del 85% de esta población queda por fuera de cualquier intervención del Estado.

“Hoy tenemos miles de jóvenes en riesgo, sin atención institucional, mientras el crimen organizado sí los está reclutando, armando y utilizando. Si el Estado no llega primero, el crimen lo seguirá haciendo”, puntualizó la cabildante, que pidió que la alcaldía gestione el inicio de una estrategia integral que frene el mercado ilegal de armas, fortalezca la coordinación interinstitucional y garantice una intervención efectiva sobre los jóvenes en mayor riesgo.