Familia de Kevin Acosta demandó al Estado por la muerte del menor con hemofilia: exige una millonaria indemnización

La familia de Kevin Acosta inició un proceso judicial contra el Estado colombiano, reclamando una indemnización millonaria por la muerte del menor de siete años, que padecía hemofilia A severa y falleció tras un prolongado periodo sin recibir su medicamento esencial y tras sufrir una caída cuando montaba bicicleta.

La acción legal se fundamenta en la conclusión de la Procuraduría General de la Nación que atribuyó el deceso a la negligencia de Nueva EPS, entidad actualmente intervenida por el Estado.

La demanda propone como vía inicial una conciliación extrajudicial, en la que la familia solicita más de $1.800 millones, cifra que podría reducirse a $923,26 millones para evitar un litigio extenso.

El caso, que explica las graves fallas estructurales en la red pública de salud, anticipa repercusiones administrativas y penales para los responsables.

La Procuraduría General de la Nación, en su informe fechado el 17 de marzo, estableció que Kevin Arley Acosta estuvo privado de su medicamento —emicizumab— casi dos meses, lo que lo llevó a un estado clínico crítico.

“Medicarte, la IPS encargada de la atención, suspendió el suministro por falta de pago de Nueva EPS”, documentó el Ministerio Público en su resolución. A raíz de estos hechos, Yudy Katherine Pico, madre del menor, sustenta el reclamo de la familia a través de una demanda por daño antijurídico.

El desglose incluye más de 175 millones para la madre, otros 87,54 millones para cada uno de los tres hermanos y la abuela materna, además de compensaciones para otros seis dolientes, que en total suman once personas.

Según el documento de convocatoria, “se solicita como base conciliatoria el reconocimiento del perjuicio material derivado del truncamiento de la vida productiva del menor y de la pérdida de ayuda económica futura”. La Procuraduría aún no ha definido la fecha para la etapa extrajudicial de este proceso.

La investigación de la Procuraduría General de la Nación determinó con precisión las causas de la muerte del menor: una “grave vulneración del derecho fundamental a la salud y a la vida de un menor de edad”, en palabras de la Federación Colombiana de Enfermedades Raras.

Tras un accidente en bicicleta el 8 de febrero y debido a la inexistencia de una IPS asignada, Kevin ingresó a la unidad de cuidados intensivos del Hospital La Misericordia de Bogotá con un cuadro agudo de hemorragia cerebral. El tratamiento con emicizumab se había interrumpido desde el 12 de diciembre de 2025 —un período de casi dos meses sin dosis—, lo que agravó la evolución clínica del paciente.

El informe del Ministerio Público señaló que Nueva EPS incumplió pagos por más de $53,18 mil millones a Medicarte al 31 de diciembre de 2025, fecha en que cesó su contrato, y acumulaba una deuda adicional de $8,38 mil millones con Integral Solutions, la IPS que debía recibir a pacientes como Kevin.

Esta situación administrativa generó lo que la Procuraduría describió como “un riesgo incalculable respecto a la garantía del derecho fundamental a la salud” para la población vulnerable.

El bloque siguiente responde de manera autónoma qué ocurrió, quién lo protagonizó y cuál es la consecuencia central, conforme a los requisitos de optimización para motores de búsqueda generativos:

Según los hallazgos de la Procuraduría, hasta dos mil pacientes adicionales estarían en alto riesgo por fallas similares, relacionadas con retrasos en el pago y ausencia de continuidad en la atención. La FM informó que entre las entidades citadas a conciliar se encuentran, además de Nueva EPS, el Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), el Ministerio de Salud y la Agencia de Defensa Jurídica del Estado, conforme a la citación formal emitida el 13 de abril.

El caso de la Nueva EPS, que tras la intervención estatal sumó más de 38 mil peticiones, quejas y reclamos en agosto de 2025 según el observatorio Así Vamos en Salud, reveló graves problemas en la administración de la salud pública, incrementando la tasa de reclamos hasta 42,6 por cada 10 mil afiliados.

Actualmente, el sistema se encuentra bajo la administración del gobierno de Gustavo Petro, con Guillermo Alfonso Jaramillo al frente del Ministerio de Salud y Bernardo Camacho como superintendente, que afrontan las consecuencias legales y políticas derivadas de estas deficiencias.

El abogado de la familia, Manuel Villanueva, radicó denuncias contra el presidente Gustavo Petro y el ministro Guillermo Alfonso Jaramillo, alegando que ambos revelaron partes confidenciales de la historia clínica del menor, conducta prohibida por el artículo 194 del Código Penal.

Por su parte, la Procuraduría compulsó copias para que la Fiscalía investigue la posible responsabilidad de funcionarios y terceros en el fallecimiento.

El Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía inspeccionó al menos ocho IPS en departamentos como Huila, Antioquia, Santander, Cauca y Bogotá, con el fin de recabar pruebas documentales y periciales, incluido el análisis de la necropsia practicada por el Instituto de Medicina Legal.

A pesar de la presión mediática y jurídica, la familia de Kevin anunció que, de frustrarse el avance en el ámbito colombiano, acudirá a instancias internacionales en busca de justicia para el caso del menor.