Un selecto grupo conformado por un líder comunitario judío-estadounidense, un exagente de la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por sus siglas en inglés) y un exasistente del presidente norteamericano Donald Trump fue contratado para gestionar el retiro del presidente de Colombia, Gustavo Petro, su esposa Verónica Alcocer y su hijo Nicolás Petro Burgos de la lista de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (Ofac) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, también conocido como Lista Clinton.
El encargo fue designado a la firma británica Amadeus Limited, que fue financiado a través de un contrato de 10.000 millones de pesos del Gobierno colombiano, teniendo en cuenta que la sanción pone en riesgo su posición y la de su entorno familiar ante tribunales internacionales y gubernamentales, según reveló el periodista colombiano Daniel Coronell en Caracol Radio.
El comunicador también detalló que los pagos a la firma británica equivalen a dos millones de libras o aproximadamente 2,7 millones de dólares, un monto revelado a partir de los informes contractuales, aunque recalcó que el documento presentado ante el Departamento de Justicia de Estados Unidos mantiene oculto el giro exacto hacia los lobistas responsables de dicha tarea.
Así mismo, Coronell reveló que el grupo liderado por Amadeus Limited subcontrató a su vez a la firma Curvus Strategic Partners PLLC, establecida en Florida y donde figuran al menos dos aliados cercanos al presidente Donald Trump, profundizando así los vínculos del equipo con los entornos más influyentes de la política estadounidense.
El jefe de Estado colombiano, al igual que sus dos familiares y el ministro del Interior Armando Benedetti, habían sido incluidos en el listado estadounidense “por hechos relacionados con drogas ilícitas”, según justificó la Ofac.
Los que defenderán a Gustavo Petro en Estados Unidos
El equipo de defensa se compone de figuras seleccionadas por su acceso a círculos de poder en Estados Unidos.
Inicialmente, se destaca Robert David Garson, conocido como Rob Garson, ciudadano de ascendencia sefardí y nacionalidad británica y estadounidense.
Según informó el periodista colombiano, Garson fue apoderado de Donald Trump en la infructuosa demanda por 50 millones de dólares contra el periodista Bob Woodward y la editorial Simon & Schuster a raíz de la publicación del audiolibro “The Trump Tapes” (Las cintas de Trump). Posteriormente, el hoy mandatario republicano lo incluyó en el directorio del Consejo de Estados Unidos para la Memoria del Holocausto.
Garson se desempeña también como presidente de la Asociación Americana de Abogados y Juristas Judíos y ha encabezado la Asociación de Judíos Estadounidenses de Origen Español y Portugués. Su respaldo público al Estado de Israel se produce en un momento en que el gobierno de Gustavo Petro rompió relaciones diplomáticas con ese país; además, el abogado judio-estadounidense también ha criticado las acciones contra civiles en Gaza.
El segundo integrante del grupo, Joseph J. Forcier II, es un exagente de la Central de Inteligencia de Estados Unidos (CIA). Hasta hace poco, Forcier se desempeñó como jefe de estación en Kuwait, supervisando operaciones de inteligencia estadounidenses en el Medio Oriente.
El ahora lobista figura como pieza clave para tender puentes en agencias federales estadounidenses sobre las que Petro ha formulado duras críticas, especialmente por informes relacionados con el narcotráfico.
Finalmente, se encuentra Abe E. Goldschmidt, un exfiscal de Miami que formó parte de la primera campaña electoral de Donald Trump y fue nombrado asistente especial durante su gobierno.
Goldschmidt, además, recibió credenciales para manejar información ultrasecreta como asistente especial del Departamento de Seguridad Nacional, un detalle que refuerza el acceso del equipo a esferas sensibles de la administración estadounidense.
Es importante recordar que, en octubre de 2025, el presidente Gustavo Petro había anunciado que el abogado estadounidense Daniel Kovalik era quien iba a asumir su defensa ante la Oficina de Control de Activos Extranjeros (Ofac).
Incluso, el propio norteamericano, cercano a los sindicatos de trabajadores del acero, explicó a Blu Radio que la defensa de Petro sería gratuita y que lo hacía “por la causa”.
No obstante, Daniel Coronell señaló que Kovalik, pese a que está vinculado al contrato millonario a través de la compañía británica, no cuenta con experiencia acreditada en labores de cabildeo en la capital de Estados Unidos.
Expertos citados en la cadena radial colombiana señalaron que el proceso para remover a un ciudadano de la lista de sanciones de la Ofac es posible pero sumamente complejo, ya que solo quienes cuentan con acceso privilegiado a la administración pueden influir en ese tipo de decisiones.
La urgencia radica en que el margen de maniobra resulta más favorable mientras Gustavo Petro desempeña la presidencia. Una vez finalizado su periodo como jefe de Estado, su defensa ante las sanciones enfrentaría obstáculos mucho mayores debido al cese del respaldo institucional que implica el cargo.
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