Europa reforzó sus políticas migratorias: estos son los cambios claves para los colombianos

El endurecimiento de las políticas migratorias en la Unión Europea redefine el acceso y la permanencia de los ciudadanos colombianos en el continente.

Recientes cambios, como la digitalización de controles fronterizos y reformas legales en asilo y reunificación familiar, imponen nuevos requisitos y restricciones que impactan tanto a quienes viajan por turismo o negocios como a quienes contemplan establecerse de forma permanente.

Estas modificaciones, implementadas entre 2023 y 2026, responden a una estrategia conjunta para reforzar las fronteras y controlar de forma más estricta los flujos migratorios, situando a Colombia en el centro de los debates sobre migración en Europa.

Uno de los elementos más destacados es la reducción considerable en las entradas irregulares a Europa. En 2025, las detecciones de cruces sin autorización cayeron un 26% respecto al año anterior, según datos de Frontex, la agencia europea de fronteras. Este descenso llevó la cifra total a alrededor de 178.000 registros, el nivel más bajo desde 2021.

Según el comisario de Asuntos Internos y Migración, Magnus Brunner, este resultado es el reflejo directo del “refuerzo de las fronteras exteriores y las asociaciones internacionales”, de acuerdo con la declaración citada por El Tiempo.

La inclusión de Colombia en la lista de países considerados “seguros” por la Unión Europea representa un cambio estructural para quienes solicitan asilo. Esta medida, parte de la reforma del sistema europeo de protección internacional, implica que las peticiones de colombianos sean tramitadas mediante procesos acelerados y con una probabilidad mayor de rechazo, ya que las autoridades europeas asumirán que Colombia no presenta persecución sistemática. Para obtener protección, los solicitantes deberán documentar circunstancias excepcionales.

Además, la inminente aprobación de la reforma al Reglamento de Retorno permitirá que los países de la Unión Europea puedan deportar a migrantes no solo al país de origen sino a terceros países considerados seguros, como Colombia, siempre que existan convenios bilaterales. Esta flexibilización amplía el abanico de salidas posibles para personas en situación irregular y marca una tendencia continental hacia mayores restricciones.

Así mismo, desde noviembre de 2024, el Reino Unido exige nuevamente visa a los viajeros colombianos, revirtiendo la exención vigente desde 2022. Este trámite debe realizarse antes de viajar y supone un costo aproximado de 115 libras esterlinas, confirmó el gobierno británico a la BBC.

El endurecimiento se debió al incremento de solicitudes de asilo consideradas no fundadas: las aplicaciones de ciudadanos colombianos pasaron de 16 en 2022 a 850 en 2023, llegando a cerca de mil en 2024.

El Reino Unido también reformó su sistema de asilo. Ahora, la protección para nuevos solicitantes se otorga como estatus temporal renovable cada 30 meses, y quienes provengan de países clasificados como seguros enfrentan una mayor posibilidad de repatriación.

El tiempo de residencia necesario para solicitar la residencia permanente creció de cinco a veinte años, lo que restringe de manera notable la posibilidad de establecerse de forma definitiva.

Del mismo modo, la Unión Europea implementó el Sistema de Entradas y Salidas (SES), activo desde el 10 de abril, con pruebas desde octubre de 2025. Este mecanismo sustituye al tradicional sellado de pasaportes mediante un registro digital que recopila datos biométricos, como huellas dactilares y reconocimiento facial, cada vez que un viajero cruza una frontera del espacio Schengen.

El SES calcula automáticamente el tiempo de estancia y emitirá alertas en caso de exceder el límite de 90 días, lo que refuerza la vigilancia de los movimientos y dificulta las estancias irregulares.

Se suma el Sistema Europeo de Información y Autorización de Viajes (Etias). Previsto para entrar en vigor durante el último cuatrimestre de 2026, exige que los colombianos tramiten una autorización previa en línea antes de viajar, incluso para turismo o negocios.

El permiso tendrá un costo cercano a 20 euros y una vigencia de tres años o hasta el vencimiento del pasaporte. Aunque no equivale a una visa, sí establece una evaluación de riesgos antes de conceder la autorización, permitiendo a las autoridades denegar la entrada si detectan antecedentes o inconsistencias.

Por su parte, en España, desde mayo de 2025 rige una amplia reforma migratoria. Se redujo el tiempo exigido para el arraigo de tres a dos años, ampliando sus modalidades y flexibilizando la posibilidad de cambiar de estatus migratorio.

El permiso inicial ahora se otorga por un año y se renueva por cuatro, además de permitir estudiar y trabajar simultáneamente. Destaca el lanzamiento en abril de 2026 de una regularización extraordinaria dirigida a más de 500.000 migrantes irregulares, especialmente latinoamericanos, lo que beneficiará a quienes puedan acreditar residencia previa al 31 de diciembre de 2025 y cinco meses de permanencia continua. A inicios del mismo año residían 840.000 inmigrantes irregulares en España, reportó Funcas, centro de investigación económico-social.

Así mismo, Portugal endureció en 2025 las condiciones para la reunificación familiar. Se necesita un mínimo de dos años de residencia legal y mayores requisitos económicos y de integración, incluyendo manejo básico del idioma portugués.

Además, el Parlamento portugués votó cambios para dificultar la obtención de la nacionalidad y suprimir el otorgamiento automático a los hijos de migrantes nacidos en el país. Estos ajustes aún están sujetos a la sanción, veto o revisión constitucional por parte del presidente António José Seguro.

Entre tanto, en Alemania, desde octubre de 2025 se eliminó la posibilidad de obtener la ciudadanía en tres años para personas altamente integradas. Vuelve a regir el plazo estándar mínimo de cinco años, más requisitos de idioma, solvencia e integración.

Italia aprobó en 2023 el Decreto Cutro, que restringe el acceso a la protección especial para quienes no cumplen con el estatus de refugiado. Se eliminaron criterios previos como integración o vínculos familiares y se restringió la conversión de esa protección en permisos de trabajo. La ley agudizó además las sanciones al tráfico de migrantes y redujo los servicios disponibles en los centros de acogida.

Otra de las naciones que reforzó sus políticas migratorias fue Países Bajos que aprobó en 2025 reformas para criminalizar la estancia irregular y limitar la reunificación familiar, además de suprimir los permisos permanentes de asilo y reducirlos a tres años.

Los procedimientos serán más expeditos y habrá menos opciones de apelación. El dominio del idioma se convierte en una nueva exigencia para poder permanecer en el territorio.

Por su parte, el gobierno sueco aumentó el monto del incentivo económico para quienes acepten el retorno voluntario. A partir del 1 de enero de 2026, la ayuda asciende a 350.000 coronas suecas (aproximadamente 138 millones de pesos colombianos) por adulto y 25.000 por menor, con un máximo de 600.000 coronas por familia, con el objetivo explícito de fomentar el regreso y así reducir la población migrante.

Estrategias generales y tendencia continental hacia el control

La política común europea incluye nuevas estrategias de visados que vinculan la concesión o exención a la cooperación de países terceros en materia de deportaciones. Colombia mantiene, por ahora, la exención, pero está sujeta a una vigilancia intensificada y revisiones frecuentes, según informó la Comisión Europea en 2025.

El endurecimiento simultáneo de controles automatizados, regulación de asilo, visados y ciudadanía define una nueva etapa en la relación entre Europa y los migrantes colombianos, exigiendo un conocimiento actualizado de las normativas y una evaluación precisa antes de cada viaje o proyecto de residencia.