El gobernador indígena Anselmo Nastacuas García, autoridad del resguardo Awá Libertad del Telembí, en Nariño, reconoció haber agredido físicamente a un escolta perteneciente al esquema de protección asignado por la Unidad Nacional de Protección (UNP).
De acuerdo con la información revelada por el medio Semana el 14 de abril de 2026, el resguardo cuenta con un esquema colectivo integrado por seis escoltas y tres camionetas. No obstante, el principal beneficiario de estas medidas sería el propio gobernador Nastacuas, quien enfrenta una denuncia formal ante la Fiscalía General de la Nación por el delito de lesiones personales.
Los hechos se remontan al pasado 22 de marzo, cuando, según la denuncia, el escolta fue agredido dentro de uno de los vehículos oficiales tras una discusión.
El altercado, que quedó parcialmente registrado en video, habría iniciado cuando el gobernador, presuntamente bajo efectos del alcohol, solicitó un préstamo de 70.000 pesos al funcionario.
Ante la negativa, se produjo una escalada de insultos y amenazas que culminó en un golpe en el rostro.
En una grabación posterior al incidente, el escolta mostró las lesiones sufridas y anunció su intención de acudir a las autoridades. Posteriormente, fue atendido en un centro de salud en el municipio de Samaniego, donde se le otorgó una incapacidad médica de tres días.
El trabajador decidió interponer la denuncia penal correspondiente, solicitando además reserva de su identidad por temor a represalias.
En su declaración ante la UNP tomada por el medio citado, el escolta aseguró que la agresión ocurrió de manera sorpresiva mientras se encontraba cumpliendo sus funciones dentro del esquema de protección, lo que, a su juicio, vulnera tanto su integridad física como las garantías laborales en contextos de alto riesgo.
El caso también provocó la reacción del sindicato Sintraunp, que rechazó lo ocurrido y exigió acciones contundentes. La organización señaló que no se puede permitir que ningún beneficiario de esquemas de protección, independientemente de su investidura, incurra en conductas que atenten contra la dignidad de los escoltas.
Por su parte, el gobernador Nastacuas admitió haber golpeado al escolta, aunque restó gravedad al hecho al calificarlo como un incidente menor.
Asimismo, afirmó que previamente había sido objeto de amenazas por parte del trabajador, incluso con armas, versión que, según el reporte periodístico, no cuenta con respaldo en las evidencias audiovisuales conocidas.
La UNP confirmó que el caso fue remitido a su Grupo de Verificación y Seguimiento, instancia encargada de evaluar posibles sanciones.
Entre las medidas contempladas se encuentran desde procesos de capacitación obligatoria hasta la suspensión total del esquema de protección asignado al líder indígena.
Como medida preventiva, la entidad dispuso el traslado del escolta afectado a otro esquema desde el pasado 10 de abril, mientras avanzan las investigaciones administrativas y judiciales.
A este panorama se suma un nuevo foco de tensión en el departamento de Nariño. Durante el fin de semana del 9 al 11 de abril, se reportó la presunta invasión de fincas ganaderas en los municipios de Aldana y Guachucal.
Según denunció la Federación Colombiana de Ganaderos, grupos indígenas habrían ingresado a estos predios, generando daños materiales en equipos utilizados para la producción lechera.
De acuerdo con la información difundida por Fedegan, los hechos coincidieron con la visita a la región de Aida Quilcué, quien hace parte de la fórmula vicepresidencial del senador Iván Cepeda.
Durante su recorrido por municipios como Tumaco, Ipiales y Pasto, ambos dirigentes habrían planteado la necesidad de avanzar en el acceso a tierras, lo que, según el gremio, se dio en un contexto de creciente presión sobre el sector ganadero.
La Red de Ganaderos y el Consejo Gremial y Empresarial de Nariño señalaron que las ocupaciones habrían dejado afectaciones en infraestructura clave, incluyendo equipos de ordeño, maquinaria y motobombas.
En un comunicado conjunto, advirtieron que estos hechos ponen en riesgo la estabilidad económica de la región y el sustento de numerosas familias vinculadas a la cadena productiva de la leche.
Imágenes difundidas por Fedegan muestran instalaciones rurales con daños visibles, lo que la organización calificó como “un golpe más” para un sector que, según afirma, atraviesa dificultades económicas.
Aunque el Consejo Gremial destacó la reacción oportuna de las autoridades, evitó atribuir responsabilidades directas a personas o colectivos específicos.
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