
A través de su cuenta de X, el ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez, reportó un incidente fronterizo ocurrido el pasado domingo 12 de abril en el río Putumayo, en la frontera entre Colombia y Perú, que provocó la muerte de José Miguel Gutiérrez Baquero, ciudadano colombiano de 82 años y propietario de una embarcación de carga, generando tensión diplomática en la zona de Marandúa (Amazonas) y El Estrecho, localidad del vecino país.
“Actuamos con responsabilidad, transparencia y respeto por la soberanía, con un objetivo claro: proteger la vida, garantizar la verdad y la justicia, y mantener la cooperación entre naciones hermanas”, expresó en la publicación.
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Según reportó el ministro, a las 09:00 p. m. una unidad fluvial de la Marina de Guerra del Perú detectó dos embarcaciones —una lancha y un remesero— y durante el procedimiento se produjeron varios disparos. El ministro de Defensa confirmó que “como consecuencia de estos hechos, lamentablemente perdió la vida el ciudadano colombiano José Miguel Gutiérrez Baquero”, y añadió que uno de los hijos del fallecido resultó herido y “está siendo atendido en San Antonio del Estrecho, Perú”.
Tras el incidente, las autoridades de ambos países sostuvieron una comunicación directa. “Me comuniqué con el ministro de Defensa de ese país, con quien preliminarmente acordamos priorizar la atención médica del ciudadano herido”, además de “brindar cooperación mutua que facilite la pronta llegada y actuación de las autoridades judiciales competentes”.
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Como parte de las acciones binacionales posteriores, el ministro de Defensa indicó que se solicitó la “activación de los canales diplomáticos para conformar una comisión binacional, integrada por autoridades judiciales y militares, con el fin de esclarecer con total rigor lo sucedido y determinar las responsabilidades a que haya lugar”. También precisó que dos tripulantes de la embarcación se encuentran detenidos por parte de las autoridades peruanas.
Horas más tarde, y ante la falta de pronunciamientos desde Perú, la Cancillería emitió un comunicado solicitando detalles “sobre las circunstancias de modo, tiempo y lugar” en que ocurrieron los disparos, así como un reporte actualizado sobre “el estado de salud, la situación jurídica y la ubicación de los ciudadanos colombianos que tripulaban la referida embarcación”.
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Por otra parte, la cartera de Relaciones Exteriores anunció que el Consulado de Colombia en Iquitos inició gestiones para brindar asistencia y acompañamiento a los afectados, contacto que busca garantizar sus derechos en el contexto de posibles detenciones.
El incidente se produjo apenas unas semanas después de que ambos países renovaran su acuerdo para financiar el Fondo de Desarrollo de la Zona de Integración Fronteriza Colombia-Perú durante el periodo 2026-2030, como parte de la celebración del Foro de Alto Nivel CELAC-Africa 2026, en Bogotá.
La canciller Rosa Yolanda Villavicencio y el embajador (R) Hugo de Zela firmaron el compromiso para garantizar la continuidad de los programas binacionales en la frontera común. Dicho acuerdo permitirá mantener los proyectos enfocados en la mejora de la calidad de vida en comunidades amazónicas limítrofes, una medida que tiene como objetivo fortalecer el desarrollo socioeconómico sostenible y consolidar los procesos de integración fronteriza entre ambas naciones.
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Desde su creación en 2015, el Fondo ha respaldado iniciativas como “Mamás de la Frontera” y “Sonidos de la Frontera”, además de proyectos productivos orientados a la inclusión social, la promoción de la integración binacional y la protección de la biodiversidad.
Con la renovación de este compromiso, la cooperación bilateral entre Colombia y Perú se mantiene vigente para el próximo quinquenio, asegurando el apoyo a las poblaciones fronterizas y reafirmando la apuesta conjunta por el desarrollo regional.
Por otra parte, el incidente en el río Putumayo se suma al bombardeo de las Fuerzas Militares del Ecuador con apoyo de los Estados Unidos, en zona limítrofe con Colombia, a principios de marzo. El presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, declaró que el objetivo de los bombardeos eran los Comandos de la Frontera, una organización de tráfico de drogas colombiana con una fuerte presencia en ambos lados de la frontera. Por su parte, habitantes locales entrevistados por The New York Times afirmaron que el bombardeo impactó una granja lechera.
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Ante esto, el presidente colombiano Gustavo Petro acusó a Ecuador de llevar sus bombardeos a territorio nacional, información que más tarde fue rectificada por las autoridades, afirmando que el primer impacto de los explosivos tuvo lugar en territorio ecuatoriano.
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