La mañana del lunes 13 de abril, habitantes del municipio de Cumbitara, en el departamento de Nariño, difundieron en redes sociales videos en los que se escuchan intensas ráfagas de fusil. Estos registros audiovisuales dan cuenta de la situación de violencia que atraviesa la zona rural del municipio, donde se reportaron enfrentamientos armados entre grupos ilegales.
Las imágenes captadas por la comunidad muestran el temor y la tensión que se vive en sectores de alta montaña. En los videos compartidos, se perciben detonaciones de armas largas y el eco de los disparos en medio de los combates que, según versiones locales, involucran a facciones del Estado Mayor Central de las disidencias de las Farc y a las Autodefensas Unidas de Nariño (AUN).
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La disputa se desarrolla en la subregión de Cordillera, un territorio estratégico para el control de rutas empleadas en actividades ilícitas.
Disputa armada y control territorial
De acuerdo con fuentes extraoficiales, los choques armados entre el Estado Mayor Central de las Farc y las AUN se producen en zonas donde ambos buscan dominar corredores utilizados para el tráfico de drogas. La subregión de Cordillera, por su ubicación y geografía, se convirtió en un punto de interés para diferentes estructuras criminales.
Las comunidades rurales abandonaron sus hogares debido a los combates por el control territorial, según la Defensoría del Pueblo, lo que ha obligado a más de 200 familias a refugiarse en zonas seguras - crédito X
Desde el 23 de marzo de 2026, la zona ha sido escenario de enfrentamientos recurrentes. La Defensoría del Pueblo, en un informe reciente, destacó la gravedad de los hechos al registrar desplazamientos masivos y un clima de inseguridad creciente. El 13 de abril, hacia las 11:00 a. m., nuevas detonaciones alarmaron a la población, que reportó una escalada de la violencia sin precedentes en la región.
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Hasta el momento, las autoridades locales no han emitido información oficial sobre personas heridas ni han precisado la magnitud de los daños materiales. Tampoco se ha confirmado el número exacto de familias afectadas, aunque los reportes señalan que la crisis humanitaria se agrava con el paso de los días.
Desplazamiento forzado
La intensidad de los enfrentamientos generó un desplazamiento masivo de la población civil. De acuerdo con la Defensoría del Pueblo, más de 200 familias de las veredas Santa Elena, El Desplayado, La Florida, San José del Bijao, Boca de Mares y San Agustín abandonaron sus hogares para resguardarse en la cabecera del corregimiento Sidón y en el casco urbano de Cumbitara.
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“Los afectados están siendo atendidos en una residencia estudiantil y viviendas particulares destinadas para tal fin”, indicó la Defensoría del Pueblo en su momento. El organismo advirtió que la cifra de desplazados podría aumentar debido a la persistencia de los combates y a la falta de garantías de seguridad en las veredas.
La entidad reiteró su llamado para que los grupos armados detengan de inmediato los ataques y se abstengan de afectar a la población civil. Señaló además la urgencia de que las instituciones nacionales, como los ministerios del Interior, Educación, Defensa y Salud, junto a la Unidad para las Víctimas y el Icbf, activen los protocolos de atención y acompañamiento para las comunidades afectadas.
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Alertas previas y respuesta institucional
La crisis que atraviesa Cumbitara no es un hecho aislado. Desde 2024, la Defensoría del Pueblo había emitido la Alerta Temprana 008, en la que advertía sobre los riesgos de enfrentamientos armados por el control territorial en la región. El documento anticipaba una posible “alianza bélica” entre diferentes grupos ilegales y la consecuente afectación directa sobre la población civil.
La violencia en Cumbitara se inscribe en un contexto más amplio de conflicto armado en Nariño, donde la disputa por las rutas del narcotráfico y el control de territorios rurales ha provocado desplazamientos, amenazas y un clima de incertidumbre en las comunidades.
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Mientras se mantiene la alerta en la zona, la comunidad sigue registrando en videos los momentos de mayor tensión y temor. Estos testimonios audiovisuales se convierten en el principal canal para denunciar la situación y exigir la presencia y el apoyo de las autoridades frente a la crisis de seguridad que afecta a la región.
Hasta la fecha, la prioridad de las instituciones es garantizar la protección y atención de las familias desplazadas, así como establecer canales de diálogo con los líderes comunitarios para buscar soluciones a la emergencia humanitaria en el municipio de Cumbitara.
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