La medida de aseguramiento fue adoptada tras considerar la existencia de pruebas que indican la posible responsabilidad de los implicados en un plan criminal con violencia excesiva, que derivó en la muerte del joven de 21 años.
La jueza sostuvo que la evidencia respalda la hipótesis de la Fiscalía, que señala no solo una agresión letal, también la comisión de tortura previa, el uso de menores de edad para ejecutar delitos, además de la alteración y ocultamiento de pruebas.
El informe de Medicina Legal fue determinante, pues reveló múltiples lesiones causadas por objetos contundentes antes del impacto de bala que terminó con la vida de la víctima.
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“Se le había infringido golpes que generaron dolor intenso, sufrimiento debido al trauma contundente y abrasivo en cabeza, espalda, extremidades superiores e inferiores”, afirmó la jueza en su exposición. También subrayó que el ataque dejó a la víctima sin posibilidades de defensa, debido al número de atacantes y la fuerza empleada. “Fue una agresión a mansalva con exceso de violencia”, agregó.
“No fue una riña callejera, golpearon a la víctima con objetos con tal violencia que un arma traumática se destruyó por la fuerza con la que lo golpearon. Y en este caso, se indica cómo un objeto diseñado para soportar un uso intensivo fue destrozado a golpes contra un cuerpo humano”, mencionó.
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Imputación de cargos y detalles del caso
La Fiscalía formuló cargos contra Andrés Camilo Sotelo Torres, Katherine Andrea Sotelo Torres, Yeimy Tatiana Vega López, Solanggie Trujillo Devia y Juan Sebastián Ávila.
Los delitos imputados son tortura, soborno a testigos, uso de menores para la comisión de delitos y alteración de pruebas. Ninguno de los acusados aceptó los cargos y todos se declararon inocentes ante la jueza.
De acuerdo con la investigación, la violencia ejercida no fue resultado de una riña espontánea, sino de un plan premeditado. “Se debe tener en cuenta que desde el día anterior de los hechos ya querían agredir a un ciudadano, querían hacerlo sufrir, enfrentarlo en donde hubo una violencia excesiva. En los videos y en las entrevistas se detalla que el hoy occiso soportó muchos golpes“.
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El fiscal del caso detalló que la agresión se inició a partir de un contacto virtual, usando perfiles falsos en redes sociales para atraer a la víctima hasta el inmueble donde ocurrieron los hechos. El lugar señalado funcionaba presuntamente como punto de expendio de sustancias ilícitas, bajo la coordinación de uno de los procesados.
Plan criminal y uso de menores
El ente investigador sostuvo que la planificación del ataque comenzó días antes, utilizando a una menor de edad para atraer a Juan Felipe Rincón al sitio. Se identificó el suministro de licor y sustancias psicoactivas a la menor, que habría sido utilizada para concretar la llegada de la víctima.
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Además, hay pruebas que indican que la menor recibió ofertas de dinero para guardar silencio sobre su participación y las circunstancias del crimen. El fiscal Andrés Marín detalló que la menor habría sido objeto de abuso sexual y expuesta a un ambiente de violencia y consumo de drogas.
Estos hechos abren nuevas líneas de investigación en paralelo al homicidio.
Pruebas, ocultamiento y manipulación de dispositivos
Durante la indagación, se ubicó el teléfono móvil de la víctima, escondido en otra localidad de Bogotá y envuelto en papel aluminio para evitar su rastreo. El dispositivo fue recuperado y analizado por la Fiscalía, permitiendo descubrir elementos clave sobre la coordinación y ejecución del crimen, así como la posterior difamación de la víctima en redes sociales.
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Consideraciones de la jueza y avance del proceso
La jueza de garantías recalcó la urgencia y proporcionalidad de la medida privativa de libertad, señalando que los imputados representan un riesgo para la sociedad y las víctimas. La autoridad judicial insistió en que la justicia solo debe ser ejercida por las instituciones y no por particulares, descartando la versión de que el hecho correspondió a una pelea callejera.
Finalmente, la investigación sigue abierta y se estudian nuevas responsabilidades vinculadas al presunto abuso sexual de la menor utilizada en el plan, así como la posible implicación de otras personas en la manipulación de pruebas y encubrimiento de los hechos.
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