La Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres) anunció su intención de iniciar una demanda por difamación contra el alcalde de Medellín, Federico “Fico” Gutiérrez, luego de que publicara en su cuenta de X afirmaciones que la entidad considera “falsedades públicas” y que, a su juicio, afectan la imagen y credibilidad de la entidad estatal encargada de administrar y girar los recursos del sistema de salud en Colombia.
La controversia estalló tras un mensaje de Gutiérrez en el que responsabilizó al Gobierno nacional, a la Nueva EPS y a la Adres por la supuesta falta de pago a la red hospitalaria, señalando que la “negligencia” de estos actores había llevado al colapso de servicios y la suspensión de atención en instituciones como Alma Máter y Cardiovid.
“Servicios de Urgencias entre el 150 % y el 250 % de su capacidad, hospitales cerrando servicios y miles de usuarios de Nueva EPS y las demás intervenidas por el gobierno Petro, quedándose sin atención por falta de pago… La negligencia del Gobierno Petro, la Nueva EPS y Adres, que no están cumpliendo con los pagos y tienen a la red hospitalaria en colapso”, afirmó el alcalde en su red social.
Ante estas declaraciones, la Adres replicó en su propio perfil de X que el director de la entidad, Félix León Martínez, enfrenta el dilema entre proceder legalmente por difamación“ya que afecta de manera directa la imagen de una entidad comercial del Estado, y ello trae consecuencias”, o lamentarse por el “analfabetismo del político que no es capaz de leer o entender la información que la Adres hace totalmente pública y transparente en su página web sobre cómo se entregan mensualmente a EPS e IPS los más de ocho billones que dispersa el sistema por concepto de UPC, con precisión cronométrica”.
La Adres enfatizó que toda la información sobre los pagos es pública y puede ser consultada por cualquier ciudadano, y que los recursos se dispersan mensualmente en las Entidades Promotoras de Salud (EPS) e Instituciones Prestadoras de Salud (IPS), cumpliendo con las obligaciones legales.
Detalle de los pagos realizados por la Adres en febrero de 2026
Según cifras oficiales, en febrero de 2026 la Adres reconoció por concepto de Unidad de Pago por Capitación (UPC) a los afiliados de los regímenes subsidiado y contributivo un total de $8,27 billones. De ese monto, $1,61 billones fueron girados a las EPS para cubrir gastos de administración y otros pagos de servicios y tecnologías en salud, mientras que $6,52 billones se dispersaron por giro directo a IPS y proveedores, incluyendo la programación de terceros y los montos allegados por las EPS para la distribución de los recursos.
La entidad también realizó descuentos autorizados por las EPS por $14.490 millones y restituyó $0,10 billones en el régimen subsidiado por novedades en condiciones de afiliación.
Respecto al comportamiento del giro directo en las EPS bajo medidas de vigilancia especial o intervención, el reporte evidencia que la Nueva EPS, una de las principales señaladas en la denuncia del alcalde de Medellín, recibió el 80% de la UPC reconocida en giro directo, cumpliendo con el porcentaje mínimo establecido por la regulación. En el régimen subsidiado, el porcentaje fue del 82,19%. Otras entidades como Coosalud, Savia Salud, Emssanar y Asmet Salud también registraron porcentajes de entre 72 % y 87 % de cumplimiento en los giros directos programados.
La Adres precisó que para enero y febrero de 2026 reconoció $17,09 billones para los afiliados al sistema de salud, de los cuales $8,73 billones correspondieron al régimen subsidiado y $8,36 billones al contributivo, incluyendo recursos para promoción, prevención y cobertura de incapacidades. Además, se reconocieron más de $225.000 millones por licencias de maternidad, paternidad y fallos de tutela.
El director de la Adres insistió en que los pagos se realizan con precisión y que la información es completamente transparente y accesible. La entidad sostiene que las declaraciones del alcalde “no solo desinforman a la opinión pública, sino que afectan la confianza en el sistema de salud y en la capacidad del Estado para cumplir con sus compromisos financieros”.
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