Las advertencias de la Contraloría General de la República sobre el decreto de emergencia económica declarado tras el impacto del Frente Frío ponen en evidencia graves fallas técnicas y financieras en la justificación de los recursos solicitados por el Gobierno nacional para atender a la población de Córdoba.
Según explicó a El Tiempo la delegada para Economía y Finanzas, Jenny Lindo, el organismo de control detectó inconsistencias y ausencia de soporte en varias cifras oficiales presentadas ante la Corte Constitucional.
La Contraloría rechazó el decreto porque, tras examinar los antecedentes enviados por el Gobierno nacional, encontró diferencias en los datos sobre áreas afectadas y beneficiarios, errores metodológicos y duplicidad de presupuestos.
El ente fiscalizador sostiene que esas irregularidades impiden validar la viabilidad técnica y financiera del plan gubernamental, que prevé un recaudo de $8,6 billones.
Inconsistencias técnicas y presupuestales en la emergencia económica
Lindo precisó al medio citado: “Revisamos el decreto principal, que establece la emergencia económica y la necesidad de recaudar los 8,6 billones de pesos, junto con su desarrollo normativo y la creación de tributos, traslados y reorientaciones para atender el Frente Frío, que impactó de manera significativa a Córdoba”.
La funcionaria continuó: “Realizamos una evaluación muy juiciosa de cada uno de los soportes que las entidades del Gobierno Nacional entregaron. Contrastamos esa información con la que poseemos en la Contraloría y, en principio, encontramos diferencias en los cálculos presupuestales y en los cálculos de las áreas afectadas. Para el Gobierno Nacional, el área afectada corresponde a 113 mil hectáreas, pero la Contraloría ha determinado que son 66 mil hectáreas”.
Respecto al origen de las discrepancias, Lindo explicó: “Nuestro equipo identificó que, según lo reportado por la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo, hay hectáreas que realmente no son inundables y aun así las incluyeron. Además, existen inconsistencias en los reportes de beneficiarios y deficiencias en los diseños”.
Al profundizar sobre los beneficiarios, la delegada señaló: “Hallamos inconsistencias aritméticas como duplicidades de presupuestos, duplicidades de beneficiarios, errores metodológicos en la estimación de ciertos rubros presupuestales y hasta sobreestimaciones de los recursos requeridos (sic)”.
Lindo recalcó que esta situación impide emitir un concepto favorable sobre la consistencia de los datos y las justificaciones financieras remitidas por el Ejecutivo a la Corte Constitucional: “Esos soportes carecen de soporte técnico suficiente”.
Diferencias en la planeación de vivienda tras el Frente Frío
En el tema de vivienda, la Contraloría identificó significativas discrepancias. “En vivienda encontramos una variación importante. No se observan con claridad los criterios de priorización y focalización para ejecutar los recursos con estos decretos de emergencia. No se especifica qué tipo de viviendas se van a construir, en qué zonas, con qué calidad ni en qué plazos. Falta planeación”, puntualizó Lindo en diálogo con El Tiempo.
Al comparar cifras, detalló: “El Ministerio de Vivienda solicitó 728 mil millones de pesos, pero nosotros, aplicando análisis básicos de necesidad, calculamos un costo de 705 mil millones de pesos. Además, verificamos el registro de damnificados que presentó el Ministerio y encontramos un número menor”.
La delegada enfatizó que la carencia de claridad y la disparidad en los datos debilitan la legitimidad del monto solicitado.
La ausencia de una política nacional ante emergencias en Colombia
Entre los puntos subrayados por la Contraloría, uno de los más relevantes es la falta de un marco institucional para enfrentar desastres en Colombia. Lindo afirmó a El Tiempo: “Al día de hoy, el Estado colombiano no cuenta con una política pública de atención a emergencias y desastres. No existe”.
La funcionaria añadió: “Colombia atiende emergencias de manera recurrente cada año. La clave de una política pública es asignar recursos reservados para mitigar emergencias y evitar la creación de nuevos impuestos cada vez que ocurre un desastre. Con esa base, ninguna autoridad tendría que improvisar con el presupuesto”, concluyó.
Compromiso de vigilancia en la gestión de recursos públicos
Respecto a la gestión de los fondos, Jenny Lindo resumió a El Tiempo: “La necesidad de ejecución en vivienda, salud, infraestructura, educación y medio ambiente es indiscutible. La diferencia está en la consistencia de la planeación y en los montos que las entidades están solicitando para llevar a cabo esas acciones”.
La funcionaria reiteró la labor de vigilancia institucional: “Nos empeñamos en que los recursos recaudados se destinen realmente a la atención de la emergencia y no a otros fines”.
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