Congresistas piden al presidente Petro revisar aumentos en avalúos rurales: “Es un golpe mortal para la economía del campo”

Un grupo de 34 congresistas instó al presidente Gustavo Petro, a revisar los aumentos recientes en los avalúos catastrales de predios rurales, al advertir que los incrementos pueden afectar de manera directa a millones de campesinos, indígenas, afrodescendientes y víctimas del conflicto armado en 527 municipios.

La acción, formalizada mediante una carta enviada al mandatario, busca evitar que el impacto fiscal altere la economía del campo y deteriore la seguridad alimentaria en el país.

“Un proceso de actualización improvisado, antitécnico y sin socialización ha hecho que el Estado le asigne valores hasta 25 veces más grandes a los terrenos donde viven y trabajan estas comunidades”, se observa en el documento dirigido al jefe de Estado.

La carta, firmada por el senador Richard Fuelantala Delgado y sus colegas, resaltó que los nuevos valores catastrales fijados por el Estado pueden resultar hasta 25 veces superiores a los establecidos previamente en algunos terrenos rurales.

Los legisladores calificaron de “improvisado” el proceso de actualización, lo que, en sus palabras, provoca que “el Estado le asigne valores hasta 25 veces más grandes a los terrenos donde viven y trabajan estas comunidades”, según se observa en el texto. Este hecho diferencia a esta denuncia por el nivel de incremento documentado y la magnitud de su extensión geográfica.

El ajuste de los avalúos resulta particularmente crítico para quienes dependen de la actividad agrícola, porque constituye la base sobre la que se calculan tanto los impuestos rurales como los apoyos estatales destinados a la población vulnerable.

De acuerdo con la comunicación oficial, la medida podría generar un efecto negativo sobre la soberanía alimentaria nacional y agudizar la situación de quienes ya son sujetos de especial protección.

“Este aumento desproporcionado es un golpe mortal para la economía del campo, porque estos valores son la base para calcular los impuestos que se pagan y los apoyos que se reciben”, se añade en el documento.

En la misiva dirigida a Gustavo Petro, los congresistas solicitaron que se inicie de inmediato “un proceso de revisión técnica y participativa” de los actos administrativos responsables de los incrementos en los avalúos catastrales.

“Le solicitamos formalmente iniciar de manera urgente un proceso técnico y participativo encaminado a corregir todos los actos administrativos que han dado lugar a estos aumentos, evitando un daño irreparable para la soberanía alimentaria y los sujetos de especial protección”, se agrega en el documento.

Los firmantes pusieron a disposición la colaboración del Congreso de la República de Colombia para articular acciones junto al Ejecutivo y propiciar una solución que evite daños irreparables en el campo colombiano.

“El Congreso de la República queda a su entera disposición para articular los esfuerzos necesarios en torno a este propósito”, se concluye en la carta.

En la carta se identificó como principales afectados a los grupos sociales tradicionalmente marginados: campesinos, comunidades indígenas, afrodescendientes y víctimas del conflicto armado. Desde la perspectiva legislativa, el incremento desproporcionado de los avalúos pone en riesgo “la estabilidad económica y social en las zonas rurales”, señala la misiva.

La iniciativa impulsada por el senador Fuelantala Delgado refleja la preocupación de la representación parlamentaria sobre los mecanismos implementados para la actualización de los avalúos, descritos como carentes de soporte técnico y de socialización con las comunidades directamente perjudicadas.

Los legisladores enfatizaron el compromiso del Congreso para “encontrar una salida que garantice la estabilidad económica y social en las zonas rurales de Colombia”, tal como se expuso en la carta dirigida al presidente.

La solicitud formal de revisión busca que el proceso se base en criterios técnicos, sea transparente y considere la voz de las comunidades afectadas, a fin de preservar tanto la producción rural como la seguridad alimentaria nacional.