
Debido a la denuncia que realizó la concejala de Medellín Claudia Carrasquilla sobre una fiesta realizada en la cárcel de máxima seguridad de La Paz, en Itagüí, por parte de los gestores de la Paz Urbana en el Valle de Aburrá, los diálogos entre el Estado colombiano y los líderes de las estructuras criminales en la región han sido suspendidos.
Entre los detalles que reveló la cabildante se destaca que la celebración se llevó a cabo en la mañana del 8 de abril; habrían participado los artistas Nelson Velásquez y Luis Alberto Posada; y que los reclusos se habrían gastado hasta 500 millones, lo que incluyó un bufet y el ingreso de un grupo de mujeres al centro de reclusión.
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Este hecho ha sido comparado con lo registrado entre 1991 y 1992 en la cárcel La Catedral, en donde estuvo recluido durante poco más de un año Pablo Escobar tras haberse entregado a las autoridades durante la administración de César Gaviria.
Hasta el momento, el presidente Gustavo Petro no se ha pronunciado sobre este nuevo escándalo que ha sembrado nuevas dudas en su política de Paz Total.
Piden traslado de los cabecillas de estructuras criminales en Antioquia
En la tarde del 10 de abril, el presidente del Concejo de Medellín, Alejandro de Bedout, confirmó que radicó una solicitud en la que le pide al Gobierno Nacional y al Inpec que los gestores de paz que participaron en la fiesta de la cárcel de máxima seguridad sean trasladados.
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El cabildante indicó que no es razonable mantener a criminales condenados que no están cumpliendo con el reglamento del centro carcelario.
“Acabo de radicar una solicitud formal de carácter urgente ante el Gobierno nacional, los Centros Administrativos de Juzgados de Ejecución de Penas, el Inpec y la Procuraduría, exigiendo la revocatoria inmediata de los beneficios a los cabecillas de la ‘Mesa de Itagüí’. Es inaceptable que sujetos de alta peligrosidad sigan agrupados en una cárcel que no corresponde a su perfil de seguridad, evadiendo el aislamiento que sus condenas exigen”.

De Bedout argumentó que la decisión del Gobierno nacional de suspender las negociaciones con las estructuras criminales es una muestra de que no tiene control de las acciones de los recluidos en Itagüí.
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“La paciencia de Medellín se agotó. Tras los graves hechos del 8 de abril, donde se denunció el ingreso irregular de un artista a la cárcel, el Gobierno suspendió la interlocución, confirmando que este espacio ha sido instrumentalizado para fines ajenos a la paz. Mantener privilegios para quienes ya no son interlocutores válidos es una burla a la ley y una vía de hecho administrativa”.
El antioqueño reafirmó que buscará que los gestores que participaron de la fiesta en la que se presentó Nelson Velásquez sean trasladados de prisión y cuestionó la forma con la que estos cabecillas asumieron la oportunidad de negociar la paz.
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“He solicitado el traslado inmediato de estos delincuentes a sus centros de reclusión de origen o a pabellones de máxima seguridad. La “paz total” no puede ser una patente de corso para que los victimarios burlen la justicia mientras la ciudad sufre las consecuencias".

En medio de la polémica, el Inpec realizó una inspección sorpresa en la cárcel de La Paz, en la que encontraron 80 latas de cerveza, botellas de whisky, aguardiente y tequila, además de otros elementos prohibidos, como módems de internet, cargadores de celular y elementos personales de algunos reclusos.
Cabe recordar que el Ministerio de Justicia adelanta una investigación que tiene como objetivo identificar a los funcionarios que permitieron que se llevara a cabo la celebración dentro de la prisión mencionada.
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