
El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Iván Mauricio Lenis, cuestionó los retrasos en la radicación del escrito de acusación contra los exministros Luis Fernando Velasco y Ricardo Bonilla, en medio del proceso por el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd).
El pronunciamiento del alto tribunal se produjo luego de que la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá ordenara la libertad de Bonilla, al considerar que la Fiscalía General de la Nación no presentó el escrito de acusación dentro del plazo legal establecido.
“Los 120 días empiezan a correr desde la audiencia de imputación de cargos. Esos 120 días se vencieron el 31 de marzo”, explicó la magistrada Isabel Fernández, al señalar que el término máximo establecido por la ley es de 60 días para esta etapa procesal.

En la diligencia judicial, el fiscal Gabriel Sandoval indicó que el escrito de acusación fue radicado el mismo día de la audiencia, el 7 de abril, a las 11:09 a. m., es decir, después de que se configurara el vencimiento de términos. Esta situación fue determinante en la decisión adoptada por el tribunal.
Sin embargo, la decisión ha puesto bajo revisión el cumplimiento de los términos procesales en una de las investigaciones más relevantes del escándalo al interior de esa entidad.
En este contexto, la Comisión Nacional de Disciplina Judicial anunció la apertura de una investigación disciplinaria por posibles irregularidades relacionadas con la actuación de los fiscales delegados ante la Corte Suprema de Justicia, responsables del caso.
En el proceso, la Fiscalía General de la Nación apeló la decisión, argumentando que el proceso debe continuar su curso. A la apelación también se sumaron entidades que actúan como víctimas dentro del caso, entre ellas la propia Ungrd, la Contraloría General de la República y el Instituto Nacional de Vías.
Advertencias desde la Corte Suprema de Justicia

En declaraciones a medios de comunicación, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Iván Mauricio Lenis, cuestionó el cumplimiento de los términos por parte de los fiscales encargados del proceso.
“Desafortunado que los fiscales a cargos de ese caso no pudieran haber hecho el escrito de acusación dentro de los términos que se establece en la ley. Eso nos vuelve a dar una voz de alerta a toda la Rama Judicial para que ojalá situaciones como esta no vuelvan a presentarse y tengamos realmente que cumplir con los plazos que se establecen en las normas”, afirmó Lenis.
En otro de sus mensajes, el magistrado se refirió al funcionamiento del sistema penal colombiano y a las garantías procesales que lo rigen.
“Yo quiero llamar la atención también en lo siguiente: que nuestro sistema penal es un sistema liberal, es un un sistema que establece ciertas garantías y hay un concepto constitucional y convencional que es el de los tiempos razonables. Si las actuaciones que se deben desarrollar en un proceso penal no son producidas dentro de ese plazo, pues es un derecho de la persona que está imputada que quede libre y recupere su libertad, que fue lo que finalmente aquí sucedió”, señaló el presidente del alto tribunal.

Aunque la decisión judicial permitió la libertad del exministro de Hacienda por razones estrictamente procesales, su situación jurídica de fondo no ha sido resuelta. La apelación presentada por la Fiscalía y las demás entidades intervinientes mantiene abierta la posibilidad de revisión de la decisión judicial.
En este escenario, el proceso penal continúa su curso mientras las autoridades judiciales y disciplinarias evalúan las actuaciones realizadas durante la etapa de investigación y acusación, en un caso que sigue bajo seguimiento institucional por sus implicaciones dentro del sistema de justicia penal colombiano.
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