Álvaro Leyva, exministro de Relaciones Exteriores de Colombia, emitió este 10 de abril de 2026 un extenso comunicado en el que responde a la decisión de la Fiscalía General de la Nación de llamarlo a juicio por presunto prevaricato en la licitación de pasaportes y acusa al presidente Gustavo Petro de encabezar una “persecución atroz”.
Según el texto difundido públicamente, Leyva adjudica la investigación y el proceso penal a una campaña originada en la Casa de Nariño, motivada por sus reiteradas denuncias de supuestos vínculos del mandatario con el narcotráfico y diferentes irregularidades institucionales.
En el comunicado, Leyva sostiene que la sanción que la Fiscalía pretende imponer “marcaría un giro peligroso para la función pública”, pues sentaría el precedente de que todo funcionario que declare irregular una licitación podría enfrentar penas de cárcel.
En la comunicación, Leyva contextualiza el proceso penal surgido a raíz de su decisión de declarar desierta en 2023 la licitación para la fabricación y expedición de pasaportes, gestión que desencadenó no solo su salida del cargo en enero de 2024, sino también la renuncia de la excanciller Laura Sarabia.
De acuerdo con el reporte de la Fiscalía, el exministro habría expedido actos administrativos contrarios a la ley, a pesar de que la unión temporal encabezada por la firma privada Thomas Greg & Sons cumplió con todos los requisitos exigidos y resultó ser la única oferente, acumulando el mayor puntaje tras 17 años de manejar el contrato.
Bajo la perspectiva de la Fiscalía, Leyva actuó con dolo al interferir deliberadamente en la continuidad contractual.
Para Leyva, “la mundialización de esta tesis implicaría consecuencias graves para la institucionalidad: Si se acepta esa tesis, el funcionario que declare desierta una licitación porque encuentra un pliego de condiciones inconstitucional o ilegal, se debe ir preso”.
El excanciller se defiende asegurando que “cumplí la obligación de aplicar la Constitución que yo mismo ayudé a redactar y, por buscar la igualdad, obré con dolo. El mundo al revés”.
Esa justificación, argumenta, será el fundamento central para presentarse ante la Corte Suprema de Justicia y probar su inocencia con documentos oficiales.
Descalificaciones a la gestión sucesora y denuncias de sobreprecios millonarios
Leyva también utiliza el comunicado para acusar a su sucesor, Luis Gilberto Murillo, de haber interrumpido una licitación nueva y legal, orquestando entonces una urgencia manifiesta innecesaria que permitió adjudicaciones directas con un “sobreprecio de casi 30 mil millones de pesos”.
Además, denuncia la contratación de un software por más de 10 mil millones de pesos adicionales que, según sus palabras, “se embolató”.
Todo este cuadro sería, en opinión de Leyva, la raíz de la crisis actual del sistema de pasaportes, situación que él dice haber advertido previamente al Gobierno.
El exministro atribuye así la debacle administrativa a la “permisividad y falta de control” de la administración actual, consolidando la idea de que las acciones posteriores a su salida agudizaron el problema: “Yo dejé andando una licitación nueva, limpia y legal, que el ministro Luis Gilberto Murillo suspendió. Así, a la brava, se le abrió la puerta a la debacle de pasaportes de hoy. Yo le advertí a Petro lo que se le venía encima al país. Pero guardó silencio”.
Acusaciones personales directas contra Gustavo Petro
El tono del comunicado escala considerablemente al incluir descalificaciones personales y graves acusaciones hacia el jefe de Estado. Leyva califica a Petro como “un ser infame” y “el jefe de la mafia que tiene sumida a Colombia en sus horas más oscuras”.
En un fragmento particularmente señalado, recuerda haber asumido la Cancillería con expectativas de cambio, pero declara que pronto conoció “su vida de vicio y decadencia”. Afirma: “Tardé en entender su vileza y, seguramente, también en denunciarla”.
En este sentido, detalla episodios en los que, según su experiencia, Petro habría estado involucrado en conductas inapropiadas: “La trata de blancas internacional es un azote de las niñas pobres de Colombia y él, en plena visita de Estado, termina de cliente de un burdel en Lisboa”.
Describe además que el presidente “sale a la plaza pública drogado, ebrio de alcohol y sectarismo, a maltratar e insultar contradictores, mientras en los Estados Unidos se investigan sus vínculos con los narcos”.
Leyva atribuye a Petro el uso de una retórica de odio para dividir violentamente a la sociedad y le acusa de fomentar una “patria pisoteada por su propio presidente”.
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