Contraloría cuestionó los cálculos del Gobierno para decretar emergencia económica por crisis climática: encontró inconsistencias en las cifras

La Contraloría General de la República remitió a la Corte Constitucional un informe en el que expone observaciones técnicas sobre el Decreto 0150 del 11 de febrero de 2026, mediante el cual el Gobierno nacional declaró el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en varias regiones del país afectadas por lluvias intensas y un frente frío.

El documento fue enviado como parte del proceso de revisión de constitucionalidad que adelanta el alto tribunal.

De acuerdo con el órgano de control, el análisis realizado evidencia múltiples debilidades en la sustentación de la emergencia, especialmente en lo relacionado con la estimación de los recursos necesarios para atender la situación. “No se evidencia claramente las bases de cálculo detallado que sustente la estimación global de los recursos requeridos para la atención de la emergencia”, indicó la entidad en su respuesta al magistrado ponente Miguel Polo Rosero.

El decreto en revisión aplica para los departamentos de Córdoba, Antioquia, La Guajira, Sucre, Bolívar, Cesar, Magdalena y Chocó, donde se reportaron afectaciones en viviendas, infraestructura, vías y sistemas de abastecimiento de agua, entre otros sectores.

Cuestionamientos sobre cifras y metodologías

Uno de los principales señalamientos de la Contraloría está relacionado con la falta de precisión en las cifras utilizadas por el Gobierno para justificar la emergencia. Según el informe, las estimaciones presentadas por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) corresponden a datos preliminares, sujetos a ajustes posteriores y con altos niveles de incertidumbre.

“Se trata de valoraciones con alto nivel de incertidumbre y por ende de imprecisión, lo que no permite que puedan ser contrastadas o auditadas”, advirtió la entidad. En esa misma línea, señaló que las cifras globales, calculadas entre $8,26 y $8,68 billones, no cuentan con una estructuración financiera consolidada ni con metodologías homogéneas que permitan validar su confiabilidad.

El análisis técnico también identificó diferencias significativas en la medición del impacto físico de la emergencia. En el caso del departamento de Córdoba, la Ungrd reportó cerca de 113.641 hectáreas afectadas, mientras que la Contraloría estimó aproximadamente 66.276 hectáreas, lo que representa una diferencia de 47.365 hectáreas.

“Lo que incide directamente en la cuantificación de daños, necesidades y costos asociados, afectando la confiabilidad de las cifras globales utilizadas para sustentar la declaratoria”, señaló el documento.

Falta de planificación y uso de mecanismos existentes

La Contraloría también indicó que no hay evidencia suficiente que explique por qué no se utilizaron plenamente los mecanismos ordinarios y extraordinarios contemplados en la Ley 1523 de 2012, que regula el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres.

En ese sentido, el informe señala que el Gobierno no sustentó adecuadamente la necesidad de acudir a la declaratoria de emergencia, teniendo en cuenta antecedentes como la ola invernal de 2010-2011 y el fenómeno de La Niña entre 2021 y 2023, que fueron atendidos sin recurrir a esta figura excepcional.

Adicionalmente, el órgano de control sostuvo que no es viable justificar la emergencia en la no aprobación de la Ley de Financiamiento por parte del Congreso. “No es viable sustentar la declaratoria de esta Emergencia (...) en la no aprobación (...) de la denominada Ley de Financiamiento, debido a que dicho proyecto de Ley no contemplaba partidas específicas para atender esta emergencia”, precisó.

El informe también advierte la ausencia de un plan nacional articulado y detallado para enfrentar la situación. En su lugar, se identificó una agregación de respuestas sectoriales construidas con base en estimaciones generales, sin criterios claros de priorización ni trazabilidad entre necesidades y asignaciones.

Riesgos fiscales y debilidades en la ejecución

Otro de los puntos destacados por la Contraloría tiene que ver con los riesgos fiscales asociados a la implementación de las medidas. La entidad identificó posibles inconsistencias en los cálculos, duplicidades en la asignación de recursos y la existencia de fondos ordinarios no plenamente considerados por algunas entidades.

“Este conjunto de factores configuran un escenario en el que podrían presentarse desfinanciaciones parciales de proyectos, asignaciones ineficientes y la necesidad de recursos adicionales no previstos”, señala el informe.

Asimismo, el Ministerio de Hacienda informó que las proyecciones de recaudo derivadas de las medidas tributarias adoptadas tienen carácter probabilístico, lo que implica que no constituyen ingresos garantizados. La Contraloría también indicó que, hasta el momento del análisis, no se ha expedido el acto administrativo de liquidación de los recursos, lo que impide su incorporación al presupuesto y, en consecuencia, su ejecución efectiva.

Finalmente, el órgano de control concluyó que no cuenta con elementos suficientes para emitir un pronunciamiento técnico definitivo ante la Corte Constitucional. “Las cifras presentadas corresponden a estimaciones preliminares con niveles significativos de incertidumbre”, afirmó, al tiempo que reiteró que el seguimiento a la ejecución de los recursos se realizará dentro de sus competencias de vigilancia fiscal.