La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) notificó el inicio de una investigación administrativa a COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. BIC (Movistar) por cobros inesperados a usuarios por equipos repetidores de WiFi desde agosto de 2020 hasta mayo de 2024, según la Resolución No. 21211 del 26 de marzo de 2026.
De acuerdo con la autoridad, esta actuación respondería a “múltiples denuncias presentadas por usuarios que manifestaron su inconformidad ante cobros efectuados por equipos repetidores ‘Baseport’, realizados sin su consentimiento previo y expreso”, lo cual podría vulnerar el derecho de libre elección de los consumidores.
El organismo identificó que el operador también enfrenta cargos por el “presunto desconocimiento del derecho de los usuarios a recibir información suficiente, oportuna y comprobable al no mantener el contrato único de prestación de servicios fijos actualizado y garantizar el acceso de su contenido a los usuarios”.
Además, la Superintendencia consideró que el operador “habría infringido el derecho de los usuarios de conocer las tarifas aplicables a los servicios contratados”, debido a que se habrían producido “cobros sorpresa, al facturar cargos que no habían sido informados ni aceptados con anterioridad por los quejosos”.
Según lo dispuesto, si se confirman las conductas investigadas, la Superintendencia podrá imponer multas de hasta 15.000 SMLM por cada infracción. Frente a la formulación de cargos, “no procede recurso alguno de acuerdo con lo previsto en los artículos 47 y 75 de la Ley 1437 de 2011 Cpaca, sin embargo, a partir de su notificación el investigado cuenta con el término legal de 15 días para ejercer su derecho de defensa y contradicción”, conforme indica la resolución oficial.
Para consultas y trámites relacionados con este proceso o los canales de atención a usuarios, la Superintendencia de Industria y Comercio dispone de los números telefónicos 601 592 0400 en Bogotá, la línea gratuita nacional 01 8000 910 165, y la dirección calle 24 No. 7-43 local 108, Bogotá D.C., Colombia.
Sancionada Movistar por violar la ley de protección de datos personales
La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) confirmó la sanción de $670 millones impuesta a Colombia Telecomunicaciones S.A. E.S.P. BIC (Movistar) por realizar comunicaciones comerciales sin el consentimiento de los usuarios, una práctica que expone a millones de personas a riesgos en la protección de sus datos personales y que podría implicar consecuencias económicas mayores si se repite en el sector.
Tras una investigación formal que adquirió notoriedad en octubre de 2025 al poner bajo la lupa a las principales operadoras móviles del país, el ente regulador enfatizó que cualquier tratamiento de datos con fines publicitarios debe respetar la legislación vigente y los derechos fundamentales de privacidad.
De acuerdo con la Delegatura para la Protección de Datos Personales de la SIC, “las actividades de prospección comercial mediante el envío de mensajes de texto, el uso de aplicaciones o la realización de llamadas telefónicas, sin contar con la autorización previa, expresa e informada de los titulares, vulnera el derecho fundamental al habeas data protegido por la Constitución y por las leyes”.
Esta sanción responde a la comprobación de que Movistar contactó de manera reiterada a usuarios de otra compañía de telecomunicaciones sin contar con su autorización. El informe de la Superintendencia aclaró que estas acciones no pueden ser consideradas una “conducta menor” y remarcó que la protección de los datos personales es garantía fundamental para la intimidad y la tranquilidad de la ciudadanía.
El 14 de octubre de 2025, la SIC, con sede en Bogotá, inició un proceso de vigilancia contra las cuatro operadoras principales del país—Movistar, Colombia Móvil S.A. ESP (Tigo), Comunicación Celular S.A.
Comcel (Claro) y Partners Telecom Colombia S.A.S. (WOM)—por presuntas irregularidades en la reposición de tarjetas SIM y posibles deficiencias en la validación de identidad de los clientes.La autoridad detectó que los controles aplicados para verificar la identidad al reponer una SIM card resultaron insuficientes, lo que elevó el riesgo de accesos no autorizados a datos sensibles.
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