Por posible aumento en el impuesto predial, bloquean vía a La Calera

La vía Bogotá–La Calera, uno de los corredores más importantes hacia los municipios rurales del departamento de Cundinamarca, permaneció totalmente cerrada desde las 7:00 a. m. de este 9 de abril, en el marco del paro nacional convocado por campesinos y propietarios rurales.

La protesta surge como reacción al aumento histórico del impuesto predial, que según denuncias locales y reportes de Caracol Radio, ha puesto en riesgo la sostenibilidad económica de cientos de familias del sector agrícola y ganadero.

Los manifestantes aseguran que la actualización catastral, aplicada de acuerdo con la Resolución 2057 de 2025 del Instituto Geográfico Agustín Codazzi (Igac), provocó incrementos abruptos en el valor de sus predios.

En algunos casos, la cifra llega a 5.000% frente al periodo anterior, mientras que en la mayoría de los municipios, el alza se ubica alrededor del 300%, un porcentaje que, según los líderes campesinos, supera la capacidad de pago de las comunidades locales.

“No nos oponemos a que se actualice el catastro, pero esta medida debe considerar la realidad social y económica de quienes vivimos del campo”, afirmó un vocero de los manifestantes.

La movilización en la vía Bogotá–La Calera afecta no solo el transporte de pasajeros, sino también la circulación de insumos agrícolas y productos de primera necesidad hacia la capital.

Según testigos y reportes de Blu Radio, decenas de vehículos quedaron varados durante varias horas, y algunos pasajeros se vieron obligados a continuar a pie varios kilómetros para poder llegar a Bogotá.

La congestión generó además demoras en el transporte público que conecta con la región oriental y zonas vecinas como Choachí y Guaduas.

Demandas y contexto de la protesta

Los campesinos que protagonizan el cierre reclaman la suspensión inmediata de los nuevos avalúos y la derogatoria de la resolución del Igac que los respalda.

Entre sus principales peticiones se encuentra la apertura de mesas técnicas con delegados del instituto para revisar los criterios utilizados en la actualización catastral y corregir posibles errores en los avalúos.

Asimismo, exigen la suspensión por un año de los cobros y el freno a embargos o intereses moratorios asociados al predial, hasta que se realice una revisión exhaustiva que contemple la realidad económica del campo.

El alcalde de La Calera, aunque reconoce la necesidad de modernizar el catastro, coincide con los manifestantes en que los ajustes deben realizarse con criterios de equidad social.

“Actualizamos el catastro para reflejar valores reales, pero no podemos dañar la economía de nuestras familias rurales. Es urgente un análisis técnico que considere su capacidad de pago”, expresó Gabriel Martínez.

El caso de Bogotá–La Calera se inscribe en un panorama nacional más amplio: los bloqueos también se registran en municipios de Santander, Antioquia, Casanare, Quindío y el Eje Cafetero, donde pequeños propietarios aseguran que los aumentos catastrales superan ampliamente los índices de crecimiento económico de sus regiones.

En Santander, por ejemplo, las cifras de hasta 5.000% en Lebrija han llevado a que la municipalidad interponga una demanda ante el Consejo de Estado, buscando anular los efectos de la normativa y establecer un modelo que considere las particularidades económicas regionales.

Impacto en la movilidad y respuesta institucional

La vía Bogotá–La Calera es estratégica para la movilidad hacia la capital, y su cierre ha generado un efecto dominó en el tráfico de la región. La congestión no solo afecta a los habitantes locales sino también a turistas, trabajadores y transportistas que dependen de este corredor.

La Policía Metropolitana de Bogotá, en coordinación con autoridades locales, mantiene el diálogo con los manifestantes para garantizar la seguridad y facilitar la circulación en la medida de lo posible, sin que hasta el momento se hayan registrado incidentes graves.

Por su parte, las autoridades del Igac argumentan que la actualización catastral responde a la necesidad de modernizar la base de datos territorial del país y asegurar que los avalúos reflejen el valor real de los predios.

Sin embargo, los campesinos insisten en que la implementación ha sido abrupta y ha dejado de lado criterios sociales fundamentales, lo que ha exacerbado la tensión en regiones rurales.