Fiscalía acusó al excanciller Álvaro Leyva por el delito de prevaricato en el caso de los pasaportes

La Fiscalía General de la Nación presentó una acusación formal contra Álvaro Leyva ante la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema por el presunto delito de prevaricato. Esto ocurrió luego de que el exfuncionario declarara desierta la licitación para la expedición de pasaportes en septiembre de 2023 y finalizara el contrato vigente con Thomas Greg & Sons.

La magistrada Blanca Nélida Barreto Ardilla asumió el expediente y fijó la fecha para la audiencia de formulación de acusación el 23 de abril a las 3:00 p. m., según la información oficial transmitida por los órganos judiciales.

Entre las causas alegadas, el ente investigativo sostuvo que el exministro de Relaciones Exteriores actuó “caprichosa, tozuda y arbitrariamente” al inadmitir el recurso de reposición presentado por la empresa. Esto ocurrió a pesar de que los conceptos técnicos le recomendaban adjudicar el contrato y le advertían sobre posibles afectaciones a derechos fundamentales como la libre movilidad de los colombianos.

La Procuraduría General de la Nación también sancionó a Leyva con una inhabilidad de 10 años para ejercer cargos públicos, fallo ratificado en segunda instancia bajo la firma del procurador general Gregorio Eljach. En el mismo órgano de control existen investigaciones disciplinarias abiertas contra Laura Sarabia, Alfredo Saade y Luis Gilberto Murillo.

Cabe recordar que la acusación de la Fiscalía se fundamenta en la supuesta utilización indebida del poder conferido a Leyva, que habría emitido actos administrativos “contrarios a derecho” con su intervención en el proceso de licitación pública para la prestación del servicio de pasaportes, una competencia que, por orden directa del presidente de la Reública, Gustavo Petro, el Gobierno nacional decidió no adjudicar a Thomas Greg & Sons, empresa que durante años gestionó estos documentos para el Ejecutivo.

El expediente cita que, mediante acto administrativo, Leyva vulneró “el numeral octavo, del artículo 24 de la Ley 80 de 1993”, actuando de manera autónoma y con abuso de poder, según la acusación formal.

“Con el acto administrativo, doctor Leyva, usted vulneró el numeral octavo, del artículo 24 de la Ley 80 de 1993, toda vez que actuó a su propio arbitrio con desviación y abuso de poder, poder que a usted se le había conferido en razón del cargo”.

La actuación del excanciller en la licitación alteró el procedimiento y el modelo de expedición de pasaportes

La controversia se originó cuando el gobierno presidido por Gustavo Petro decidió no renovar el contrato con Thomas Greg & Sons, empresa que ejerció durante años como proveedora principal del sistema de pasaportes en el país. Según explicó Petro en declaraciones recogidas por Semana, el objetivo era expandir la competencia y evitar que el control del negocio, de alto valor económico, permaneciera en una sola compañía. El proceso enfrentó demoras y problemas operativos que afectaron directamente a los ciudadanos que requerían el documento.

Una de las principales modificaciones llevó la firma de Álvaro Leyva, entonces a cargo de la Cancillería, que propuso trasladar la expedición de pasaportes a la Imprenta Nacional con la cooperación técnica de otro país.

En la exposición de cargos, Sandra Portilla sostuvo que Leyva “actuó de manera caprichosa al momento de tomar las riendas de la licitación de los pasaportes”, y explicó que el exfuncionario habría vulnerado el numeral octavo del artículo 24 de la Ley 80 de 1993.

“Con el administrativo, doctor Leyva, usted vulneró el numeral octavo, del artículo 24 de la Ley 80 de 1993, toda vez que actuó a su propio arbitrio con desviación y abuso de poder, poder que a usted se le había conferido en razón del cargo”, explicó Portilla a la sala.

La fiscal especificó que tuvo lugar una “desviación de poder”, Leyva reasumió la dirección del proceso de licitación pública “con la única finalidad de no acceder a la adjudicación del contrato”. Portilla agregó que la responsabilidad principal de dirigir dichos procesos y el fondo rotatorio recaía en el secretario general del ministerio, que había advertido sobre el curso correcto del proceso licitatorio. Sin embargo, luego de la exposición de cargos realizada el 9 de diciembre de 2025, Leyva se declaró inocente.