Ministerio de Ciencias exigió devolver más de $20.000 millones a Avanciencia y desde la academia le pidieron “prudencia en el lenguaje”

El Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación informó que solicitó la devolución de más de 20.000 millones de pesos correspondientes a un contrato suscrito en 2019 con la Asociación Colombiana para el Avance de la Ciencia (Avanciencia), tras identificar inconsistencias relacionadas con la falta de soportes documentales que respalden la ejecución de los recursos.

El contrato, que se extendía hasta 2025, contemplaba una inversión cercana a los 20.500 millones de pesos destinada a iniciativas de apropiación social del conocimiento, programas de jóvenes investigadores y el programa Ondas, entre otros componentes del fortalecimiento del sistema científico nacional.

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En su pronunciamiento oficial, la cartera de Ciencia explicó que su actuación responde a obligaciones legales en materia de control y verificación del uso de los recursos públicos. “En cumplimiento de la Ley, debe verificar técnica y financieramente que cada recurso invertido en ciencia cuente con los debidos soportes, bajo los principios de transparencia, responsabilidad fiscal, rigor técnico y debido proceso”, indicó la entidad.

El ministerio también precisó que las controversias derivadas de contratos estatales deben resolverse a través de los mecanismos previstos en la normativa vigente, incluyendo procedimientos administrativos y decisiones judiciales, bajo la orientación de las autoridades competentes.

Solicitud de soportes y proceso de liquidación

Según la información entregada, durante más de un año el ministerio requirió a Avanciencia la documentación necesaria para demostrar la ejecución de los recursos. Sin embargo, señaló que los soportes fueron entregados únicamente en el marco de un intento de arreglo directo y que estos resultaron incompletos frente a lo pactado en el contrato.

La entidad aseguró que se agotaron las etapas del debido proceso antes de adoptar la decisión de exigir la devolución de los recursos. “Durante más de un año, el Ministerio solicitó de manera reiterada esta información; sin embargo, solo a través de un arreglo directo se recibió documentación, la cual resultó incompleta frente a lo pactado”, se lee en el comunicado.

La cartera enfatizó que su actuación no busca afectar a ninguna organización de manera arbitraria, sino garantizar el adecuado manejo de los recursos públicos. “No puede ser permisivo ante la ausencia de soportes que respalden la ejecución de los recursos. Su responsabilidad es garantizar el adecuado manejo de los fondos públicos”, sostuvo.

Asimismo, el ministerio señaló que la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales hace parte de la Junta Directiva de Avanciencia, por lo que cualquier reclamación o controversia deberá tramitarse por las vías institucionales y judiciales correspondientes.

Pronunciamiento de la Academia Colombiana de Ciencias

Tras el pronunciamiento del Ministerio de Ciencias, la Academia Colombiana de Ciencias emitió un comunicado en el que expresó su preocupación por el escalamiento público de la controversia contractual.

La organización señaló que este tipo de diferencias deberían resolverse en escenarios técnicos y jurídicos, evitando impactos en la confianza del ecosistema científico. “Resulta inconveniente que una diferencia de naturaleza contractual y técnica continúe escalando hasta convertirse en una confrontación pública, con efectos de desconfianza en un ecosistema que necesita cooperación, estabilidad y credibilidad”, indicó.

En su declaración, la academia también se refirió a la importancia de preservar el debido proceso y la presunción de buena fe en este tipo de situaciones. “La ciencia colombiana no se fortalece con descalificaciones, ni con juicios anticipados. Se fortalece cuando las controversias se tramitan con debido proceso, presunción de buena fe, derecho de contradicción, rigor técnico y protección efectiva del patrimonio público”, afirmó.

Además, propuso la creación de una instancia técnico-documental independiente que permita revisar de manera integral los soportes contractuales, financieros y técnicos, con participación de las partes involucradas y acompañamiento de terceros.

La entidad sostuvo que este mecanismo podría contribuir a esclarecer la situación y resolver la controversia de manera definitiva. “La verdad documental y la responsabilidad institucional no deben verse como objetivos en tensión, sino como exigencias complementarias”, agregó.

Llamado a la prudencia y continuidad del proceso

En su comunicado, la academia también hizo un llamado a moderar el tono del debate público en torno a este caso, señalando que la polarización puede afectar la credibilidad de las instituciones científicas.

“Cuando una controversia institucional se mezcla con un clima de polarización y confrontación personal, el debate pierde claridad y el país pierde confianza”, indicó la organización, que reiteró la necesidad de privilegiar la evidencia y los canales institucionales.

Por su parte, el Ministerio de Ciencia reiteró que no participa en controversias mediáticas ni personales, y que continuará actuando conforme a la ley y en defensa del interés público. La entidad insistió en que su objetivo es asegurar que los recursos destinados al fortalecimiento de la ciencia en Colombia cuenten con los soportes correspondientes.