
El presidente Gustavo Petro, retomó sus señalamientos sobre un supuesto fraude electoral y reiteró sus afirmaciones sobre presuntos vínculos entre el candidato y abogado Abelardo de la Espriella y la empresa Thomas Greg & Sons, encargada de brindar apoyo logístico a la Registraduría en procesos electorales.
El mandatario había hecho estas afirmaciones días atrás y, tras dos días sin pronunciarse sobre el tema, volvió a referirse a ellas señalando la existencia de informes de inteligencia que, según indicó, demostrarían dichos vínculos. No obstante, no presentó pruebas públicas que respalden sus declaraciones.
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En uno de los apartados de su pronunciamiento, el presidente manifestó: “Claro que es delicado que un candidato establezca vínculos con el propietario privado del software de escrutinios electorales”, en referencia al sistema utilizado en los procesos de conteo de votos.
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Señalamientos sobre el sistema electoral
Durante sus declaraciones, el jefe de Estado cuestionó el uso del software en los procesos de preconteo y escrutinio electoral. Según sostuvo, existe una orden judicial para cambiar dicho sistema por uno de carácter público, la cual, según su versión, no se habría cumplido.
En ese contexto, el presidente afirmó que resulta “delicado” que un candidato presidencial tenga presuntos vínculos con el propietario del software utilizado en el escrutinio electoral. Además, aseguró que para las elecciones no habría un solo sistema, sino “tres ocultos”, lo que, según indicó, podría facilitar irregularidades.
Sobre este punto, Petro señaló que “no es un software el que está disponible para estas elecciones sino tres ocultos, alistándose para un fraude”, al insistir en la posibilidad de manipulaciones dentro del sistema de conteo electoral.
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Petro también planteó que la continuidad de estos sistemas se habría dado pese a decisiones judiciales previas, lo que vinculó con actuaciones administrativas adoptadas en años anteriores. En esa línea agregó que “desde el 2018 la sala plena del Consejo de Estado ordenó cambiar ese software por uno público y poderoso”, orden que, según afirmó, no se habría implementado.

Menciones a funcionarios y actores políticos
En sus declaraciones, el mandatario hizo referencia al exregistrador nacional Alexander Vega, a quien señaló de haber permitido la continuidad del software electoral cuestionado durante su gestión al frente de la Registraduría.
De acuerdo con el presidente, fue Vega “el que permitió, contra la orden judicial de la sala plena del Consejo de Estado del 2018, volver a contratar a la empresa de los hermanos Bautista como escrutadores determinantes de las elecciones presidenciales en Colombia”.
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Igualmente, mencionó al procurador general Gregorio Eljach, al indicar una supuesta cercanía política con Vega y al relacionarlo con decisiones recientes en torno a contratos estatales.
El presidente también señaló que Vega actuaría como intermediario o “lobbista” de intereses privados relacionados con la empresa Thomas Greg & Sons, en el contexto de la contratación pública.
En ese sentido afirmó que el exregistrador “no solo se mueve como presidente del partido de la U sino como lobbista de la empresa privada de los hermanos Bautista”.

Contrato de pasaportes y base de datos
Otro de los puntos abordados por el mandatario fue el contrato para la expedición de pasaportes. En sus declaraciones, sostuvo que la eventual anulación del contrato vigente podría permitir el regreso de la operación a la empresa mencionada.
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En ese marco, afirmó que la información contenida en las bases de datos de ciudadanos que tramitan pasaportes podría, en un escenario hipotético, ser utilizada en procesos electorales. Específicamente, mencionó el caso de ciudadanos que salen del país y no participan en las votaciones.
Sobre ese punto, el presidente sostuvo que “la data general de la ciudadanía usuaria de pasaportes puede ser usada… para que nacionales que salieron y no volvieron a las urnas sean suplantados por votos del fraude”.
Estas afirmaciones fueron expuestas por el mandatario como parte de su hipótesis sobre posibles irregularidades, sin que se presentaran pruebas que sustenten dicha posibilidad.
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