El 90% de los colombianos sufre retrasos en medicamentos y algunos pacientes esperan hasta seis meses por tratamientos vitales

La espera por un medicamento se convirtió, para miles de colombianos, en una carrera contra el tiempo. En algunos territorios, esa espera puede extenderse hasta seis meses, incluso cuando se trata de tratamientos esenciales para enfermedades crónicas como diabetes, hipertensión o cáncer. Lo que debería ser una garantía básica del sistema de salud hoy es, para muchos, una incertidumbre permanente.

Ese es solo uno de los hallazgos más preocupantes del último informe presentado por la defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, que lanzó una alerta directa en medio del ambiente electoral. El documento, entregado a candidatos presidenciales y vicepresidenciales, no solo expone la magnitud de la crisis sanitaria, también plantea recomendaciones urgentes en temas clave como igualdad, paz, ambiente y asuntos agrarios.

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Las cifras hablan por sí solas. Según la funcionaria, el 90% de los pacientes en Colombia ha tenido que enfrentar retrasos en la entrega de sus medicamentos. Un dato que, lejos de ser aislado, coincide con los registros de la Superintendencia Nacional de Salud y con los reportes que la Defensoría recogió en terreno.

La presión sobre el sistema también se refleja en los mecanismos legales. Solo en 2025 se interpusieron más de 1,2 millones de tutelas relacionadas con fallas en la prestación de servicios de salud, lo que representa un aumento del 25% frente al año anterior. La tendencia es aún más preocupante si se mira el crecimiento acumulado: entre 2024 y 2025, estas acciones judiciales aumentaron un 34%.

En ese contexto, Marín fue enfática al advertir que no se trata únicamente de cifras, sino de una crisis estructural que requiere decisiones de fondo. “Es urgente adoptar medidas que superen la crisis en la prestación de servicios y aseguren el acceso oportuno y efectivo a la salud, incluyendo responsabilidades claras para los actores privados en la garantía de este derecho”, señaló durante la presentación del informe.

Pero el diagnóstico va más allá del sector salud. El documento conecta esta crisis con brechas históricas en otros frentes, como la educación. “Cada programa de gobierno y cada campaña tendrá sus énfasis y prioridades de acuerdo a su visión de país. Pero lo que no debería pasar es que no se fortalezca la inversión pública en educación para eliminar estas brechas que están generando la deserción o falta de asistencia escolar”, insistió la defensora, al señalar que la desigualdad termina amplificando los problemas de acceso a derechos básicos.

A esto se suma un rezago en la inversión. Datos de la Organización Panamericana de la Salud indican que Colombia destina el 5,6% de su PIB al sector salud, por debajo del promedio regional del 6,5%. Esta brecha impacta de manera directa a cerca de 10 millones de personas en situación de pobreza extrema, que no cuentan con una cobertura efectiva.

El informe también pone el foco en la inseguridad alimentaria, que afecta al 35% de los hogares, según el Dane, y en la necesidad de implementar un Sistema Nacional de Cuidado que alivie las cargas de los sectores más vulnerables. Asimismo, advirtió sobre la exclusión digital que aún enfrentan comunidades indígenas y afrodescendientes.

En materia de seguridad, el panorama tampoco es alentador. Actualmente, 402 municipios —equivalentes al 35% del país— se encuentran bajo alertas tempranas por violencia. En estos territorios, más de 10 millones de víctimas del conflicto armado siguen esperando respuestas concretas del Estado.

“La paz no es solo la dejación de las armas. Es el derecho a la verdad, a la justicia y reparación de las víctimas y sobre todo las garantías de no repetición”, afirmó Marín, al tiempo que pidió garantizar la sostenibilidad de mecanismos como la JEP, la Ubpd y la Ley de Víctimas.

Durante su intervención, la defensora también hizo un llamado a proteger la capacidad institucional de la entidad que lidera. “A respetar la autonomía presupuestal constitucional de la Defensoría del Pueblo. Contar con los recursos para las y los defensores públicos y todo el personal de la Defensoría. Cuando no hay defensa pública al día, el sistema de justicia también tiene un deterioro”.

El mensaje, en plena carrera electoral, es claro, la crisis no admite más diagnósticos sin acción. Mientras los candidatos afinan sus propuestas, millones de colombianos siguen esperando algo tan básico como una cita, un tratamiento o un medicamento a tiempo.