
Desde la Fiscalía General de la Nación radicaron ante la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia la acusación formal contra los exministros de Hacienda, Ricardo Bonilla, y del Interior, Luis Fernando Velasco, por su presunta participación en el desfalco a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd).
El escrito de acusación incluyó los delitos de concierto para delinquir y cohecho por dar u ofrecer e interés indebido en la celebración de contratos, en medio de supuestas redes políticas y administrativas que los funcionarios habrían operado cuando hacían parte del Ejecutivo.
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Al respecto, el apoderado del exministro Bonilla, Alejandro Carranza, también conocido como “el abogado de Petro”, comentó en sus redes sociales que, con su equipo, solicitaron “la libertad por vencimiento de términos para el profesor Ricardo Bonilla, a quien después de cuatro meses no le resuelven la apelación —a la formulación de imputación en contra del exministro de Hacienda—”.

Según el jurista, la acusación emitida desde el ente de control durante la mañana del martes 7 de abril de 2026 estaría vencida debido a que no la Fiscalía no respondió al recurso que se tramitó desde la defensa de Bonilla en diciembre de 2025. De hecho, Carranza cuestionó una posible “estrategia” por parte de los investigadores de la Fiscalía.
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“Al tener conocimiento de que, del 1 de diciembre, fecha de la imputación, a la fecha, han transcurrido más de 120 días, la @FiscaliaCol procedió a radicar la acusación vencida, informando a la magistrada que la causal se ha subsanado y que se debe mantener la privación de la libertad del profesor Ricardo Bonilla. ¿Cuál es la estrategia de la Fiscalía General de la Nación en este asunto?“, escribió el abogado en sus redes sociales.
Incluso, expuso que en la Procuraduría General de la Nación también “piden libertad para el profesor Bonilla en la audiencia de libertad por vencimiento de términos”, y citó el artículo 317 No. 4 Código de Procedimiento Penal, que establece las medidas de aseguramiento pierden vigencia “cuando transcurridos sesenta (60) días contados a partir de la fecha de imputación no se hubiere presentado el escrito de acusación o solicitado la preclusión”.
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En mensajes posteriores, el abogado afirmó que la acusación significó una vulneración a las garantías de Ricardo Bonilla, cuyo objetivo es “desdibujar” y “criminalizar” al exfuncionario del Gobierno Petro.
“El maestro Bonilla ha enfrentado una falta de garantías ante la Fiscalía General de la Nación, los jueces y los medios de comunicación. A pesar de ser un hombre al que se le han desdibujado sus deberes como ministro para criminalizarlo, la Magistrada Rosero le incrementó y agravó la medida que había solicitado la Fiscalía inicialmente. (Es como si la magistrada hubiese hecho, sustentado y decidido su propia solicitud de medida de aseguramiento”.
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El jurista alegó que la acusación fue radicada “de afán”, ya que “después de cuatro meses, la Sala Penal aún no le resuelve la apelación que formularon (...) Además, hoy, la @FiscaliaCol solo le radica la acusación de afán, en medio de una audiencia, cuando se ve contra las cuerdas por dejar vencer los términos”.
La estrategia de la Fiscalía a la que se refirió Carranza estaría asociada con la posible intención de dar reversa a la Reforma Laboral, ya aprobada y que, según él, en la Fiscalía “quieren dejar a los viejos u viejas con las pensiones de hambre, al que no pudo cotizar sin auxilios; para eso es que quieren criminalizar a un inocente. Para decir que todo lo que es del interés común y de los más débiles, era corrupto. (...) Nosotros lucharemos y venceremos para demostrar su inocencia y asegurar su libertad”, concluyó.
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