Sergio Fajardo, después de que lo compararan con Regina 11, explicó por qué escogió una escoba como símbolo de su campaña: “Primero limpiamos”

Sergio Fajardo, exgobernador de Antioquia y hoy candidato presidencial, sorprendió a sus seguidores con la presentación de una escoba con los colores de la bandera de Colombia como su símbolo de campaña, con el que pretende combatir la corrupción en el país.

El anuncio lo realizó el lunes 6 de abril de 2026, durante un acto celebrado frente a la sede de Ecopetrol en Bogotá, donde estuvo acompañado de su fórmula vicepresidencial, Edna Bonilla, y el exsenador Jorge Enrique Robledo.

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Frente a la escogencia de este elemento para su campaña presidencial, Sergio Fajardo señaló: “Escogimos la escoba como símbolo de campaña. La escoba es el poder de los que no tienen poder, de los que trabajan, cumplen y han pagado la corrupción de otros. Primero limpiamos, luego construimos”.

Así mismo, el exalcalde de Medellín recopiló algunos de los casos más conocidos en el país por este flagelo.

“2,2 billones del carrusel de la contratación. 1,4 billones de la Ungrd. 400.000 millones de SaludCoop. 70.000 millones de Centros Poblados. Con nosotros esto se va a acabar porque esa plata no es de ellos, es tuya (...) vamos a llegar a construir, pero primero hay que limpiar la casa, porque un cambio serio, seguro, inicia barriendo a los corruptos”, complementó.

El anuncio de Fajardo rápidamente generó varios comentarios en las redes sociales, donde usuarios compararon la elección con campañas anteriores y expresaron dudas sobre su eficacia política.

Una de las personalidades recordadas por los internautas fue Regina Betancourt de Liska, conocida como Regina 11 que, durante su época de aspiración política en los años 80 y 90, también utilizó una escoba como representación de limpiar la corrupción en Colombia.

Decálogo anticorrupción

Pese a las críticas, Sergio Fajardo le restó importancia a la comparativa con la líder espiritual y presentó un “decálogo anticorrupción” integrado por diez acciones orientadas a garantizar que los bienes públicos retornen a la ciudadanía y se traduzcan en mejoras tangibles de calidad de vida.

“Vamos a recorrer el país, mostrar los elefantes blancos que hay, porque en Colombia se están robando las necesidades de la gente. Llegó la escoba hasta el final de esta campaña”, afirmó Fajardo.

Entre las propuestas destaca la creación de una agencia nacional anticorrupción encabezada por la Presidencia, junto con la implementación de instrumentos de control reforzados sobre treinta proyectos de inversión considerados prioritarios.

El plan anticipa la entrada en vigor de una directiva presidencial anticorrupción y la radicación de tres leyes clave contra la corrupción en el Congreso desde el 8 de agosto.

Fajardo y Bonilla manifestaron que se buscan unificar en una sola entidad funciones que hoy están dispersas entre la Procuraduría General de la Nación, la Fiscalía General de la Nación, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) y otros organismos estatales, con el objetivo de coordinar herramientas y actores del sistema, optimizar recursos y modernizar la gestión.

El decálogo también incluye acciones enfocadas en aumentar la capacidad investigativa y sancionatoria de los organismos encargados de combatir la corrupción. Se prevé la asignación de más recursos, personal especializado y tecnología avanzada para todas estas instituciones.

Además, el plan demanda una vigilancia especial sobre ciertas entidades que, aunque gestionan fondos públicos, quedan actualmente fuera del escrutinio estatal por su régimen jurídico, como Ecopetrol (empresa estatal petrolera), Findeter (Financiera de Desarrollo Territorial), así como fondos especiales como el Fomag (Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio) y los fondos parafiscales destinados al sector agropecuario y social.

Los autores del decálogo proponen barrer la corrupción desde el primer día de mandato, asegurar que los servidores públicos sean nombrados bajo criterios de meritocracia y sin cuotas políticas, y priorizar la recuperación de activos ilícitos para destinarlos a la reparación social y comunitaria.

Se impulsará el trabajo conjunto con gremios, medios de comunicación, alcaldes y gobernadores para identificar riesgos y evitar la reincidencia de prácticas corruptas.

El último punto del decálogo se centra en promover una cultura ciudadana enfocada en la vigilancia de los recursos públicos y el estímulo a las denuncias sobre corrupción.

Para lograr este seguimiento en tiempo real, se implementarán plataformas digitales abiertas y sistemas públicos de información que permitan a la ciudadanía acceder y monitorear el uso de los recursos, además de mecanismos para promover la participación social en la fiscalización.