Miguel Polo Polo se ‘agarró’ con Armando Benedetti por críticas a la decisión del Banco de la República: “No se ha dejado meter mano de estos populistas”

La política monetaria en Colombia enfrenta un episodio de alta tensión tras el incremento de la tasa de interés al 11,25% decretado por el Banco de la República el 31 de marzo de 2026.

Esta decisión desató la inconformidad del ministro de Hacienda y Crédito Público, Germán Ávila Plazas, quien calificó la medida como “irresponsable” y anunció su ausencia en futuras sesiones de la Junta Directiva, en señal de protesta por lo que considera una política que no favorece el crecimiento económico.

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En medio del desacuerdo, Ávila comunicó en una rueda de prensa que el Gobierno planea impulsar una reforma constitucional para modificar el sistema de definición de las tasas de interés en el país.

Según el titular de Hacienda, la intención es revisar el esquema actual de toma de decisiones para que la política monetaria esté más alineada con la promoción de la actividad económica nacional.

El Gobierno planteó que la actual composición y mecanismos de votación del Banco de la República deberían ser modificados, lo cual requeriría cambios en la Constitución colombiana.

Sin embargo, el gerente general del Banco de la República, Leonardo Villar, defendió la autonomía de la entidad y subrayó que la decisión sobre la tasa de política monetaria es una facultad exclusiva de la Junta Directiva.

Villar recordó que el ministro de Hacienda debe asistir a las sesiones de la Junta, como lo establece la Constitución, y que la ausencia solo es válida cuando ocurre por fuerza mayor, debiendo designarse en ese caso un ministro ad hoc.

Villar sostuvo que la independencia del Banco Central ha permitido mantener la inflación en rangos entre el 3% y el 5% desde 1991, y enfatizó la importancia de preservar esa autonomía para la estabilidad económica.

A pesar de la controversia, el gerente expresó su deseo de mantener canales de diálogo y cooperación con el Ejecutivo, reiterando la relevancia de una relación institucional basada en el respeto a los marcos legales vigentes.

La discusión sobre la política monetaria en Colombia volvió a tomar fuerza en redes sociales tras un cruce de declaraciones entre el ministro del Interior Armando Benedetti y el representante a la Cámara Miguel Polo Polo.

A través de su cuenta en X, Benedetti expresó su rechazo al Banco de la República, al afirmar: “¡Abajo el Banco de la República! Solo quiere intereses más altos para los ricos que viven de la usura”.

El mensaje generó eco en el entorno político y reavivó el debate sobre el papel del banco central en el manejo de la economía nacional.

La respuesta de Polo Polo a Benedetti no tardó en llegar. El representante sostuvo que la estabilidad económica del país y la cotización del dólar obedecen a la independencia del Banco de la República.

Según su declaración, “el Banco de la República es independiente. Es quien maneja la política monetaria y no se ha dejado meter mano de estos populistas”. Añadió que, en caso de que el gobierno tuviera control total sobre la entidad, la tasa de cambio superaría los $10.000 pesos.

Gustavo Petro cuestionó al Banco de la República por favorecer a banqueros con política de tasas

El presidente Gustavo Petro utilizó su cuenta en X para criticar la política de tasas del Banco de la República. Según Petro, “la mayoría de la junta directiva del Banco de la República solo busca aumentar las ganancias de los dueños de la deuda pública, que son los mismos banqueros”. Sostuvo que la ciudadanía termina financiando esas utilidades “a través del presupuesto nacional”.

El mandatario consideró que la inflación obedece principalmente al costo de los alimentos y no a la cantidad de dinero circulante. “La inflación no crece por la cantidad de dinero en la economía, sino por el precio de los alimentos”, escribió.

Petro advirtió que el aumento de la tasa de interés “solo revaloriza el peso, perjudica a los exportadores y al aumentar los costos financieros produce más inflación”. Además, señaló que esta política encarece la deuda estatal y “busca por allí un colapso fiscal”.