Gobierno quiere reglamentar por decreto los derechos laborales de repartidores en plataformas como Rappi y DiDi: esto cambiaría

El Gobierno nacional ultima la expedición de un decreto que regulará por primera vez las condiciones laborales y los aportes a la seguridad social de los repartidores de aplicaciones como Rappi, DiDi Food, entre otras con el objetivo de presentarlo como caso ejemplar en la próxima Conferencia Internacional del Trabajo en Ginebra, Suiza.

Esta iniciativa, según explicó el ministro de Trabajo Antonio Sanguino a El Espectador, constituye un paso relevante para insertar a Colombia en la agenda global de formalización del trabajo digital y busca dar respuesta a desafíos centrales de la economía de plataformas.

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La reforma establece que las plataformas asumirían el 60% de los aportes a salud y pensión de los repartidores independientes, mientras que el 40% restante quedará a cargo del trabajador.

En materia de riesgos laborales, el cubrimiento será responsabilidad exclusiva de la empresa, precisó José Daniel López, presidente de Alianza Inn, citado por el mismo medio.

Esta distribución representa el cambio más sustantivo frente al modelo previo, en el que los repartidores debían asumir íntegramente sus cotizaciones o, en la práctica, quedaban fuera del sistema por la inestabilidad e irregularidad de sus ingresos.

El decreto que está preparando la cartera de Trabajo regulará a los repartidores de Rappi y DiDi Food en dos categorías laborales: autónomos y subordinados.

Los trabajadores subordinados tendrán los mismos deberes y derechos que cualquier empleado colombiano; deberán cumplir horario, acatar instrucciones y percibirán un salario no inferior al mínimo legal.

Esta diferenciación pone fin a la controversia entre Gobierno y gremios sobre la clasificación laboral de los repartidores, asunto que generó fuertes debates durante la discusión de la reforma laboral en el Congreso.

En la práctica, el 99,9% de los repartidores en Colombia actúa bajo la modalidad de independencia, según cifras de Alianza Inn. López advirtió que la modalidad de contratación dependerá de lo que cada repartidor acuerde con la plataforma.

El directivo también precisó que el sector enfrenta un reto técnico y operativo de gran magnitud: un nuevo sistema de seguridad social debe contemplar la fluctuación y discontinuidad de los ingresos, característica inherente al trabajo digital de los repartidores.

La informalidad, de acuerdo con el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), afecta al 55% de los trabajadores en Colombia. Esa cifra se mantiene alta por la frecuencia con que el ingreso de los trabajadores cae por debajo del salario mínimo, excluyéndolos de la cobertura social.

Según datos de Alianza Inn, en 2024 se registraron más de 600.000 cuentas de repartidores activas en aplicaciones digitales, aunque esta estadística no corresponde exactamente a personas —un repartidor puede operar varias cuentas en distintas plataformas en lo que se conoce como “multiapping”.

Este avance, detallado por el ministro de Trabajo Antonio Sanguino a El Espectador, busca reducir la informalidad e incorporar mecanismos flexibles para adaptar el sistema a los ingresos variables y a la presencia intermitente de los repartidores.

El nuevo esquema se apoyará en una plataforma tecnológica, desarrollada con la colaboración del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC). Su función será registrar a los trabajadores de reparto, calcular el ingreso base de cotización —el 40% del total mensual percibido por servicios— y canalizar los aportes tanto de la empresa como del repartidor.

La reforma contempla también incorporar a este sistema a otros colectivos con alto nivel de informalidad, como trabajadores domésticos, agricultores y personal de la economía popular.

Sanguino resaltó la introducción de “bases de protección social”, programas que beneficiarán a trabajadores informales —recicladores, artistas, aprendices— y su integración con los Beneficios Económicos Periódicos (Beps), esquema en el que el Estado complementa la cotización del trabajador si se cumplen ciertos requisitos.

Esta herramienta permitirá que el proceso de formalización involucre a diferentes segmentos del mercado laboral y que el avance logrado con los repartidores impacte en otros sectores históricamente relegados.

Para el sector empresarial, la medida implicará un ajuste económico considerable. López señaló que la decisión sobre cómo absorber esos nuevos costos —si serán asumidos por la empresa o trasladados al usuario— quedará sujeta a la lógica de competencia interna de cada aplicación.

La disposición general observada por el gremio de aplicaciones, no obstante, indica una voluntad de asumir el esfuerzo para promover el bienestar y la formalización de los trabajadores.

El Ministerio de Trabajo reportó la formalización reciente de 410.000 aprendices del Sena. La meta oficial es incorporar al sistema a 440.000 repartidores de plataformas, 60.000 madres comunitarias y cerca de 500.000 trabajadoras domésticas. En el sector rural, en el que la informalidad asciende al 83%, se proyectan esfuerzos similares a través de la plataforma digital de inscripción y cotización.

En el texto de la reforma, el “ingreso base de cotización para los aportes a salud, pensión y riesgos laborales se calculará con base en el 40% de la totalidad de ingresos que reciba el trabajador digital en servicios de reparto a través de la plataforma digital respectiva”, establece la nueva normativa.

La efectividad del decreto será puesta a prueba en las próximas semanas. El desafío principal será lograr que el sistema propiciado por el Ministerio de Trabajo y elaborado de la mano del MinTIC logre conciliar la necesidad de protección social con la flexibilidad y variabilidad que caracterizan al trabajo digital en Colombia.