Capturados en Venezuela por el Caso de Yulixa Toloza fueron imputados por un solo delito y podrían quedar en libertad en pocos días

Dos personas, identificadas como María Fernanda Delgado Hernández y Edinson José Torres Sarmiento, fueron detenidas e imputadas en Venezuela por su presunta vinculación con la muerte de la colombiana Yulixa Toloza, tras un procedimiento estético en un centro clandestino en Bogotá.

Las autoridades venezolanas imputaron a la pareja por resistencia a la autoridad tras su detención, el 18 de mayo de 2026, en Guanare, estado Portuguesa, luego de una alerta azul de Interpol. La imputación se mantiene mientras avanza el trámite de extradición solicitado por Colombia, pendiente de revisión ante el Tribunal Supremo de Justicia, según el medio regional venezolano Portuguesa Reporta.

Delgado Hernández y Torres Sarmiento comparecieron el 21 de mayo ante el Tribunal Penal Primero en funciones de control de Guanare. En esa diligencia, la Fiscalía formalizó el cargo de resistencia a la autoridad, un delito que, según la jueza Lisbeth Karina Díaz Uzcátegui, la normativa venezolana no contempla como susceptible de prisión preventiva.

Pese a ello, la magistrada ordenó una medida de aseguramiento judicial por 60 días y remitió el expediente a la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia. Los detenidos permanecerán bajo custodia en la sede del Servicio de Investigación Penal de Portuguesa.

Durante la audiencia, la Fiscalía imputó a ambos por resistencia a la autoridad, delito que la normativa venezolana no considera merecedor de prisión preventiva, conforme a la decisión de la jueza Lisbeth Karina Díaz Uzcátegui.

Pese a ello, la magistrada ordenó una medida de aseguramiento judicial por sesenta días y remitió el expediente a la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia.

Los detenidos permanecerán bajo custodia en la sede del Servicio de Investigación Penal de Portuguesa.

El medio regional Medio Venezolano Portuguesa Reporta explicó que la decisión obedeció a la documentación disponible al momento de la detención; precisamente, una fuente judicial detalló al medio mencionado que el expediente recibido solo incluía la circular de alerta azul de Interpol.

Obstáculos legales y proceso de extradición entre Venezuela y Colombia

El trámite de extradición se fundamenta en el Tratado Bolivariano de Extradición de 1911, invocado por las autoridades colombianas. La Fiscalía General de la Nación de Colombia busca judicializar a Delgado Hernández, identificada como presunta propietaria del centro estético clandestino; a Torres Sarmiento, señalado como administrador, y a Eduardo David Ramos, quien habría realizado el procedimiento estético.

La Constitución de Venezuela prohíbe la extradición de ciudadanos venezolanos por nacimiento. Ante esto, si Colombia remite las pruebas requeridas, la jurisdicción penal venezolana podría asumir el caso.

De acuerdo con especialistas en derecho penal internacional citados por el medio regional citado, la continuación del proceso judicial depende de la llegada de pruebas desde Colombia, como videos de seguridad y registros del vehículo utilizado para el traslado de la víctima. La colaboración jurídica entre ambos países resulta determinante para el desarrollo de la investigación.

Investigación en Colombia sobre centros estéticos no autorizados

En paralelo, la Fiscalía General de la Nación de Colombia continúa las investigaciones sobre la muerte de Yulixa Toloza. El foco está en el centro estético clandestino Beauty Láser, ubicado en el sur de Bogotá, donde la víctima, de cincuenta y dos años, fue sometida a una lipólisis láser días antes de su fallecimiento.

Sobre los otros dos implicados, capturados en Colombia, la justicia colombiana dejó en prisión preventiva a Jesús Alberto Hernández Morales y Kelvis Daniel Sequeira Delgado por su presunta intervención en el ocultamiento de pruebas del caso por la muerte de Yulixa Toloza, porque el juez de control de garantías concluyó que ambos “sabían lo que estaban haciendo” cuando intentaron esconder un vehículo que la Fiscalía considera pieza central en la investigación del presunto feminicidio vinculado con una clínica ilegal de Bogotá.