El presidente Gustavo Petro advirtió este martes 24 de marzo de 2026 que, ante el aumento previsto del precio internacional del petróleo, el Gobierno colombiano podría permitir un incremento en el precio de la gasolina en el país.
A través de su cuenta de X, Petro señaló que el subsidio al diésel se mantendrá únicamente para el transporte de carga y recomendó a los usuarios de gasolina, diésel y gas migrar hacia la electricidad limpia, incluyendo paneles solares, automóviles eléctricos y cocinas eléctricas, tecnologías que —aseguró— ya se producen en Colombia.
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“Si es necesario que suba la gasolina, subirá. El diésel solo mantendrá subsidio en transporte de carga. Recomiendo a usuarios del gas, la gasolina y el diésel pasarse a la electricidad limpia. Paneles solares y carros eléctricos que ya se producen en Colombia. Cocinas eléctricas con paneles solares”, afirmó el mandatario en su mensaje.
La decisión surge en un contexto de presión fiscal y volatilidad en el mercado energético internacional. Según fuentes oficiales, el Gobierno priorizará la financiación de subsidios a fertilizantes nacionales para fortalecer la producción agrícola y la seguridad alimentaria, mientras que los apoyos a la gasolina podrían desaparecer, provocando un ajuste en el costo del combustible para los ciudadanos.
La medida busca responder a un dilema que enfrenta Colombia desde hace años: mantener subsidios a combustibles fósiles en un contexto de precios internacionales elevados y crecientes necesidades fiscales.
La administración Petro ha argumentado que los subsidios a la gasolina históricamente han beneficiado en mayor medida a sectores urbanos y de ingresos altos, mientras que el transporte de carga y el sector agrícola enfrentan costos más sensibles que impactan directamente en la inflación y en la economía de los alimentos.
El exministro y comentarista económico Juan Camilo Restrepo explicó que el país tiene dos alternativas frente al aumento del precio internacional del crudo: trasladar los incrementos al consumidor o mantener los precios internos mediante subsidios financiados con recursos públicos.
“En tal caso, los costos fiscales de instrumentos como el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles se disparan. El fondo acumula una deuda multimillonaria con el Estado, lo que limita la maniobra del gobierno frente a los precios”, dijo Restrepo.
Desde el inicio de la administración Petro en 2022, la política de precios de la gasolina ha experimentado incrementos mensuales a lo largo de 2023, 2024 y 2025, con el objetivo de reducir el déficit del fondo de estabilización.
La estrategia incluyó mantener el subsidio al diésel para proteger los costos del transporte de carga, evitando que los precios de los alimentos se dispararan de manera abrupta.
Con la actual alza internacional del crudo, el gobierno busca ahora reorientar los recursos públicos. Parte de los fondos que antes subsidiaban la gasolina se destinarán a financiar la producción de fertilizantes nacionales, apoyando a los agricultores y reduciendo la dependencia de insumos importados.
En este esquema, Ecopetrol, la empresa petrolera estatal, asumirá un papel estratégico no solo en la producción de combustibles sino también como proveedor clave de fertilizantes, lo que permitirá controlar costos y garantizar abastecimiento.
Petro ha enfatizado que la transición energética es una prioridad complementaria a la seguridad alimentaria. Su propuesta busca que los ciudadanos adopten alternativas de energía limpia para disminuir la presión sobre los combustibles fósiles y reducir la vulnerabilidad frente a los precios internacionales.
Esta redefinición de prioridades fiscales llega tras una breve reducción del precio de la gasolina en 2026, cuando se aplicó una rebaja de $500 por galón.
Sin embargo, el ciclo de volatilidad internacional y la necesidad de financiar otros sectores estratégicos obligan a la administración a preparar a los consumidores para posibles incrementos futuros, mientras se fomenta la adopción de energías limpias y la autosuficiencia agrícola.
Sin embargo, el gobierno defiende la estrategia como una medida fiscal responsable, que busca equilibrar la presión sobre el Estado, fortalecer la seguridad alimentaria y acelerar la transición energética en Colombia.
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