En la mañana del martes 24 de marzo de 2026, la fiscal General de la Nación, Luz Adriana Camargo, anunció que el director de la Unidad Nacional de Protección (UNP), Augusto Rodríguez, será citado a un interrogatorio, en medio de las investigaciones que se adelantan por el magnicidio del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, que murió el 11 de agosto de 2025.
En una rueda de prensa, la titular del ente acusatorio remarcó que la petición fue realizada por la defensa del funcionario nacional.
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“Estamos en este momento con una solicitud que ha hecho la defensa del director de la UNP, del señor Augusto Rodríguez, que es que sea escuchado en interrogatorio y estamos en un proceso de evaluación del tema (...) cualquier decisión que se adopte sea una decisión con buen sustento probatorio y con paso firme”, indicó Camargo a los medios de comunicación.
Paralelamente, el general William Rincón, director de la Policía, indicó que se abrieron indagaciones preliminares sobre los responsables del esquema de seguridad y que estos deberán detallar sus actuaciones antes, durante y después del crimen contra Uribe Turbay.
“Los que estaban haciendo parte del esquema de seguridad del precandidato presidencial también tienen una apertura investigativa y tendrán que explicar cuál fue su procedimiento ante, durante y después del magnicidio”, comentó el alto oficial a la prensa nacional.
Por qué es investigado Augusto Rodríguez
El proceso contra el funcionario se centra en posibles omisiones en los protocolos de seguridad que protegían al precandidato presidencial el día del atentado.
La Procuraduría mantiene una investigación independiente sobre presuntos errores protocolares detectados el día del atentado en Fontibón (7 de junio de 2025), según pudo establecerse en los documentos del caso.
Por su parte, Rodríguez ha defendido públicamente la actuación del organismo y señaló que la entrega de información sobre vehículos y dispositivos GPS a la justicia se realizó conforme a los requisitos vigentes.
Recordó, además, que la seguridad asignada se ajustaba a la normativa y aclaró que, el día de los hechos, el esquema de protección se redujo porque varios escoltas se encontraban «trasnochados» tras finalizar la jornada a las 3:00 a. m.; además, el evento público donde ocurrió el ataque no fue coordinado con las autoridades.
En enero de 2026, la Fiscalía retiró la imputación formal por prevaricato por omisión contra Rodríguez tras reconocer la insuficiencia de pruebas para sostener los cargos en ese momento.
Frente a los rumores sobre una posible orden de captura, la defensa del director de la UNP solicitó el 12 de marzo de 2026 una aclaración urgente respecto a su situación jurídica.
Denuncias de la familia de Miguel Uribe Turbay
Durante el año 2025 se presentaron más de 23 solicitudes formales ante la UNP para reforzar el esquema de seguridad del senador y precandidato presidencial, la última apenas dos días antes del atentado.
El abogado Víctor Mosquera, representante de la familia de la víctima, denunció que esas peticiones justificaban detalladamente el grave riesgo que enfrentaba Uribe Turbay.
En 2023, la Oficina Nacional de Evaluación de Riesgos evaluó al dirigente con un nivel de riesgo extraordinario, dato que no fue actualizado en 2024, pese a que desde octubre de ese año ya había sido oficialmente nombrado candidato presidencial, según relató Mosquera al medio El Colombiano.
Mosquera afirmó que, en 2025, la Unidad Nacional de Protección envió respuestas estandarizadas y reiterativas, negando la existencia de un peligro inminente y rechazando medidas de apoyo logístico y seguridad para los desplazamientos del entonces candidato.
Además, el director del partido Centro Democrático, Gabriel Jaime Vallejo, pidió protección para los miembros de su movimiento sin obtener respuesta favorable de la entidad.
De acuerdo con un bloque autónomo de respuesta directa, la imputación contra Augusto Rodríguez, director de la UNP, inicialmente se fundamentó en supuestas omisiones al no reforzar la seguridad de Miguel Uribe Turbay, quien fue asesinado en Bogotá en junio de 2025.
Varias solicitudes de protección habían sido elevadas antes del crimen, sin resultados efectivos. Aunque la Fiscalía programó una audiencia judicial, finalmente retiró los cargos para centralizar la investigación en un grupo especial de la Seccional Bogotá
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