La Procuraduría General de la Nación inició una investigación disciplinaria contra el alcalde de Quimbaya, Quindío, Juan Manuel Rodríguez Brito, por presunta indebida participación en política.
La indagación se centra en su actuación durante el encendido navideño de 2025, evento realizado el 30 de noviembre del año pasado y organizado por la administración municipal.
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“La Procuraduría General de la Nación abrió investigación disciplinaria contra el actual alcalde de Quimbaya, Quindío, Juan Manuel Rodríguez Brito (2024–2027), por su presunta indebida participación en política durante el encendido navideño de 2025, evento al que habría asistido junto al representante a la Cámara y aspirante a repetir curul, John Edgar Pérez Rojas", señaló el Ministerio Público.
De acuerdo con la información oficial, Rodríguez Brito, quien ocupa el cargo de alcalde desde 2024, estuvo acompañado por el representante a la Cámara John Edgar Pérez Rojas, quien aspiraba a mantener su curul en el Congreso. Durante el acto, celebrado en un espacio público de Quimbaya y financiado con recursos del presupuesto municipal, ambos participaron ante la comunidad local.
Según indicó la Procuraduría Provincial de Instrucción de Armenia, durante el evento navideño el alcalde habría cedido el uso de la palabra al entonces candidato.
Además, se reportaron arengas de carácter político, algunas de ellas registradas en fotografías, videos y publicaciones en redes sociales oficiales y personales. Las circunstancias específicas en torno a estas intervenciones y su posible relación con actividades proselitistas forman parte del proceso investigativo.
“La Procuraduría Provincial de Instrucción de Armenia señaló que, durante el evento, el mandatario, al parecer, concedió el uso de la palabra al entonces candidato y se realizaron varias arengas de carácter político, algunas de las cuales quedaron registradas en fotografías, videos y publicaciones en redes sociales, precisó la Procuraduría.
El acto se desarrolló como una actividad institucional, utilizando recursos públicos y canales de comunicación oficiales de la Alcaldía de Quimbaya. La presencia de figuras políticas y la utilización del evento para intervenciones vinculadas a campañas electorales motivaron el interés del Ministerio Público en esclarecer los hechos.
La entidad de control ordenó la recopilación de pruebas documentales para determinar con precisión las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que habrían ocurrido los hechos objeto de la investigación disciplinaria.
“Por estos hechos, el Ministerio Público ordenó la práctica de pruebas documentales, con el fin de establecer las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que habrían ocurrido las conductas objeto de la presente actuación disciplinaria”, aseveró el Ministerio Público.
Sanciones
Ser hallado responsable de indebida participación en política puede acarrear múltiples consecuencias para los funcionarios públicos en Colombia. De acuerdo con la legislación vigente, la Procuraduría General de la Nación tiene la facultad de imponer sanciones administrativas a quienes vulneren las restricciones establecidas sobre participación en actividades políticas durante el ejercicio del cargo.
Entre las posibles sanciones se encuentra la suspensión temporal del cargo, que puede aplicarse cuando la falta se considera grave. En casos de mayor gravedad, la autoridad disciplinaria puede ordenar la destitución e inhabilidad general para ejercer funciones públicas por un periodo determinado, que puede oscilar entre diez y veinte años, dependiendo de la calificación de la conducta.
El proceso disciplinario incluye la valoración de pruebas y el respeto al derecho de defensa. La sanción no contempla penas privativas de la libertad, ya que se trata de una medida administrativa y no penal. Sin embargo, la pérdida del cargo o la inhabilidad afectan la carrera profesional y las posibilidades de acceder nuevamente a empleos en la administración estatal.
Además de las consecuencias directas sobre el funcionario, la inhabilidad puede tener efectos sobre proyectos institucionales y la imagen pública de la entidad a la que pertenece. El impacto de una decisión sancionatoria puede repercutir en la confianza de la ciudadanía en las autoridades locales y nacionales.
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