Colombia dependerá cada vez más del gas importado: Fitch advierte presión en precios y cambios en el sistema

Colombia está quedándose sin gas propio. Los campos que durante décadas abastecieron al país —tanto en la costa Caribe como en el interior— producen cada vez menos, mientras el consumo no para de crecer.

Esa brecha, que se amplía año tras año, obliga a importar más gas del exterior y a repensar desde cero cómo funciona el sistema energético del país. Así lo advierte Fitch Ratings en un análisis publicado el 25 de marzo de 2026.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La red de gasoductos colombiana fue construida para mover gas de la costa hacia las ciudades del interior. Hoy esa lógica se invierte: como la única terminal para recibir gas importado está en la costa, el sistema tuvo que adaptarse para que el flujo también pueda ir en sentido contrario.

Para eso se modificó la estación de Ballena, un punto clave de la red, permitiendo que el gas llegue desde el mar hasta Bogotá, Medellín y otras ciudades. Sin esa reconversión de infraestructura, el gas importado simplemente no llegaría a donde se necesita.

El Plan de Abastecimiento de Gas 2023-2038 del Gobierno, elaborado por la UPME, propone tres caminos para enfrentar el problema: buscar nuevas reservas, aprovechar mejor lo que ya existe y construir nuevas rutas de transporte.

Fitch considera que la opción más práctica y rápida es adaptar la infraestructura existente, en lugar de levantar gasoductos nuevos desde cero, lo que reduce costos y tiempos de ejecución. Aprovechar lo que ya está construido es más eficiente que empezar de cero, según la calificadora.

Hay varios proyectos en desarrollo que podrían aumentar significativamente la capacidad para recibir gas importado. En conjunto, sumarían 718 MPCD al sistema, llevando el total a 1.175 MPCD —por encima de la demanda proyectada de 1.100 MPCD.

Entre ellos están la conversión ODC de Ecopetrol y Promigas (400 MMCFD, con una inversión de US$1.000 millones), la expansión SPEC de Promigas (475 MMCFD), el proyecto FSU Guajira de TGI (300 MMCFD, US$135 millones), la Regasificadora del Pacífico (60 MMCFD, US$172 millones), Amazónica LNG (150 MMCFD, US$150 millones) y la Regasificación Copacabana de EPM (15 MMCFD, US$80 millones).

El 20% de ese suministro está clasificado como prioritario para hogares, lo que le da cierta protección regulatoria frente a recortes.Una de las consecuencias del cambio de modelo es que los contratos de suministro se están volviendo más cortos. Antes, las empresas firmaban acuerdos de largo plazo que les daban estabilidad.

Ahora, con precios internacionales volátiles y menos certeza sobre el suministro, los nuevos contratos duran menos. Eso complica la planeación financiera de los operadores, aunque Fitch estima que la demanda sostenida del país compensa en parte esa incertidumbre.Contratos más cortos significan menos certeza para las empresas, pero también más flexibilidad en un mercado cambiante.

El precio del gas importado también preocupa. Hoy el gas en el mercado internacional cuesta alrededor de USD 12,5 por millón de BTU. Sin embargo, el cierre del Estrecho de Ormuz —una ruta clave para el comercio global de gas— por el conflicto con Irán podría empujar ese precio por encima de USD 20. En términos simples, si el gas se encarece afuera, las facturas en Colombia también podrían subir.

Si los precios internacionales se mantienen muy altos por mucho tiempo, Fitch plantea que el país podría verse obligado a frenar su salida del carbón como fuente de generación eléctrica. Las obras de infraestructura son necesarias con o sin crisis internacional: el gas doméstico simplemente se está acabando.

Finalmente, está la opción venezolana. La reciente presencia estadounidense en Venezuela generó expectativas sobre posibles exportaciones de gas por tubería hacia Colombia.

Pero concretarlo no es sencillo: Venezuela tendría que rehabilitar unos 140 kilómetros de tubería desde su campo Perla hasta la frontera, y Colombia construir otros 88 kilómetros para conectar con su red nacional. Solo la construcción tomaría al menos dos años, sin contar los acuerdos políticos, comerciales y regulatorios que habría que cerrar primero.