El plan del Gobierno de Gustavo Petro para trasladar $25 billones en ahorros pensionales desde los fondos privados hacia Colpensiones recibió fuertes objeciones de la Contraloría General de la República. El organismo considera inviable en lo jurídico y fiscal este decreto, al advertir graves riesgos para las finanzas nacionales y el ahorro de los trabajadores afiliados. La iniciativa abarca a 119.496 afiliados y se plantea mientras la reforma pensional sigue bajo revisión de la Corte Constitucional.
La entidad señala que el traslado inmediato de recursos propuesto vulnera tanto la normativa vigente como la seguridad de los ahorros individuales. De acuerdo con el Artículo 76 de la Ley 2381 de 2024 y el Decreto 1225 de ese mismo año, los recursos deben seguir bajo la administración de las administradoras de fondos de pensiones o un fondo especial gestionado por el Banco de la República, fondo que aún no existe. De los 119.496 traslados hechos, solo 18.507 afiliados cumplieron los requisitos legales para consolidar su pensión; los recursos del resto deben permanecer bajo gestión privada.
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La normativa vigente estipula que los ahorros pensionales de las personas que ejercieron la ventana de oportunidad para cambiar de régimen no pueden ser trasladados a Colpensiones hasta que se consolide de manera efectiva el derecho pensional. La propuesta del Gobierno, que busca transferir unos $24,7 billones en apenas 15 días, contradice este mandato legal.
Según un documento de la Contraloría General, conocido por El Tiempo, “no resultaría jurídicamente viable ordenar el traslado de la totalidad de los recursos correspondientes a las 119.496 personas trasladadas, dado que la mayoría de ellas aún no ha adquirido el derecho de pensión”. Además, advirtió que no existe el Fondo de Ahorro del Pilar Contributivo (Fapc), instrumento indispensable bajo control del Banco de la República para ejecutar la transferencia.
Riesgo fiscal y consecuencias para los fondos de pensión
Dicho informe de la Contraloría destaca que convertir ahorros de largo plazo en recursos para atender gastos inmediatos pone en riesgo las finanzas del Estado y compromete a futuras generaciones. El traslado podría incrementar el pasivo pensional al transformar ahorro en gasto corriente.
Al mismo tiempo, se advirtió que, al repatriar inversiones en la actualidad que generan retornos en el exterior, “los afiliados sufrirían una menor rentabilidad estimada en un 4%, diferencia que tendría que asumir el Estado”. El proceso de liquidación acelerada de inversiones, además, acarrearía pérdidas de intereses y posibles indemnizaciones por cancelación de contratos.
La Contraloría resaltó la naturaleza parafiscal del ahorro pensional y su carácter de recurso público protegido de manera constitucional. Remarcó que estos fondos no deben emplearse para cubrir gastos inmediatos del Estado y que cualquier intento de utilizar los recursos sin un soporte jurídico apropiado afectaría la sostenibilidad del sistema.
Problemas operativos y efectos económicos inmediatos
Además de los obstáculos legales, el organismo identificó grandes limitaciones operativas:
- Inexistencia de un mecanismo institucional efectivo impediría recibir y gestionar los recursos trasladados en Colpensiones.
- Forzar la liquidación de inversiones internacionales pondría en riesgo el patrimonio de los trabajadores.
- Podría causar la pérdida de contratos y rentabilidad.
La Contraloría enfatizó que “no existiría un mecanismo institucional para recibir los recursos a trasladar de las cuentas de ahorro individual de los afiliados que ejercieron dicha opción”. Si, además, la reforma no es aprobada por la Corte Constitucional, proceder con el traslado dejaría secuelas económicas irreversibles.
El análisis advierte que la medida carece del soporte técnico y operativo mínimo indispensable. La implementación precipitada afectaría tanto la estabilidad financiera del sistema como la seguridad de los recursos de los trabajadores.
Futuro de la reforma pensional y advertencias de la Contraloría
El desenlace depende ahora de la Corte Constitucional, que debe decidir sobre la validez de la reforma pensional y del decreto propuesto. Mientras tanto, gremios como Asofondos y expertos persisten en rechazar el uso anticipado de los ahorros de los afiliados, así como la falta de una arquitectura institucional adecuada.
La Contraloría resumió el panorama al afirmar que “nosotros, ahora, lo que hacemos es una revisión constitucional del tema y vemos varias limitantes”, reiterando que la propuesta “impondrá duras cargas fiscales a las generaciones futuras”. Para el organismo, solo una estructura legal y técnica robusta evitaría consecuencias negativas duraderas.
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