Las fuerzas militares han documentado, a través de Semana, que en Chocó se ha desplegado una amplia red de explotación sexual infantil, coordinada por los grupos armados ELN y Clan del Golfo, que raptan a niñas indígenas y afrodescendientes de sus comunidades y las venden en las carreteras principales del departamento, aprovechando el control territorial y la ausencia de institucionalidad.
Este fenómeno, que incluye la venta de la virginidad de las víctimas por sumas que oscilan entre $1 y $5 millones, representa una de las expresiones más graves de la degradación social inducida por el conflicto armado y propicia consecuencias sanitarias y psicológicas irreversibles.
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El 17 de marzo, el Ejército de Liberación Nacional (ELN) decretó un paro armado indefinido en el Bajo Baudó, que paralizó toda actividad económica y de movilidad, afectando a 16 comunidades afrocolombianas (1.933 personas) y nueve indígenas (4.114 integrantes), según datos suministrados por la Defensoría del Pueblo.
Este bloqueo, unido a la amenaza persistente de violencia, refuerza la vulnerabilidad de niñas y adolescentes sometidas a trata y reclutamiento.
La ruta de captación y comercio fue identificada en corredores estratégicos como la carretera de Medellín y Pereira a Quibdó, en sectores como Pueblo Rico, Guarato y Yuto. Con extorsión y amenazas, las estructuras criminales fuerzan a las familias a entregar a sus hijas, que son trasladadas fuera de los resguardos y ofrecidas al mejor postor.
Investigaciones de las Fuerzas Armadas detallan que las víctimas tienen entre 10 y 12 años y, como resultado de los abusos sexuales, muchas presentan infecciones de transmisión sexual, embarazos adolescentes o son obligadas a abortar, además de ser forzadas a mendigar en otras ciudades y revictimizadas en sus entornos originales.
Un informe de 64 páginas publicado por el Cinep-Programa por la Paz en junio de 2025, titulado EGC en el Chocó: violencia, poder y miedo, arrojó luz sobre las tácticas del Ejército Gaitanista de Colombia (EGC), nombre alternativo del Clan del Golfo.
Se establece que los miembros de la organización criminal consolidan su dominio “desde la manipulación de las necesidades económicas del núcleo familiar. Se acercan a los padres ofreciendo dinero, bienes o servicios, ganándose su confianza y vendiendo la idea de que, junto a él, no les faltará nada”.
Una lideresa comunitaria de Unguía relató: “Hubo un comandante que llegó a tener 60 o 65 niñas de todas las veredas y corregimientos. Las veía cada seis meses. Empezó a hacer casas, como un condominio. Las niñas las metía ahí. A todas les colocaba casa y moto. Esas niñas eran vigiladas, no podían salir del territorio. Si querían estudiar, igual se tenían que quedar allá, porque eran propiedad de él”, dijo la mujer para el informe.
El uso de la coerción no termina en la esfera íntima: el control territorial supone la imposición de reglas sobre la movilidad y el acceso a servicios básicos.
La Defensoría del Pueblo ha recibido reportes de amenazas contra parteras y personal médico y documentación de asesinatos tras la obligatoriedad de someterse a pruebas rápidas de infecciones de transmisión sexual por parte de grupos armados.
La alerta sobre la persistente y sistemática vulneración de los derechos humanos, sexuales y reproductivos en Chocó y otras zonas del país fue emitida por la Defensoría del Pueblo el 5 de diciembre de 2025.
El organismo indicó que las dinámicas de control de los grupos armados restringen gravemente el acceso a la salud, la autonomía reproductiva y sexual, y la integridad física y emocional de mujeres, niñas y adolescentes.
En el municipio de Quibdó, capital del departamento, la pobreza monetaria alcanzó el 59,6% en 2024, superando en 10,8% a la ciudad de Riohacha y posicionándose en el primer lugar entre 23 ciudades evaluadas por el Dane, por encima de Bogotá, Medellín y Cali.
Las condiciones de profunda precariedad y vulnerabilidad socavan cualquier capacidad de la comunidad para resistir o denunciar las agresiones cometidas por los grupos armados.
La Defensoría del Pueblo confirmó que, en zonas bajo control del ELN y el Clan del Golfo, la explotación sexual ocurre en un ambiente de “afectaciones preocupantes en la salud mental de las mujeres a causa del impacto del conflicto armado, sin capacidad institucional ni comunitaria para lograr abordar las consecuencias y los impactos desproporcionados en comunidades indígenas y afrodescendientes”.
Buena parte de las niñas explotadas terminan expulsadas a grandes urbes, donde la revictimización se consuma a través de redes ilícitas de explotación o en la marginación callejera, muchas veces obligadas a mendigar, cuidar a hijos no deseados producto de la violencia, o sometidas a nuevas agresiones sexuales.
La venta sistemática y explotación sexual de niñas indígenas en Chocó involucra una cadena de responsabilidad en la que participan familiares, conocidos y, de manera central, las organizaciones armadas ilegales, como han constatado militares y organizaciones sociales citadas por Semana.
Este patrón delictivo, reconocido por entidades como la Defensoría del Pueblo y el Cinep, refleja el colapso del tejido social en entornos sometidos a control criminal, la ausencia de presencia estatal y la multiplicación de víctimas a quienes, por silencio forzado o impotencia estructural, se les niega la posibilidad de protección y justicia.
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