
El presidente Gustavo Petro volvió a pronunciarse en medio de la controversia por presuntas relaciones con el narcotráfico y lanzó un mensaje directo en sus redes sociales, en el que niega de forma tajante cualquier vínculo y responde a sus críticos.
A través de su cuenta, el mandatario aseguró que en Colombia “no existe una sola investigación” en su contra por este tema y explicó las razones de fondo de su postura. “Nunca en mi vida he hablado con un narcotraficante, al contrario dediqué diez años de mi vida, y con riesgo de mi existencia y provocó el exilio de mi familia, a denunciar los vínculos entre los narcotraficantes más poderosos y los políticos en el Congreso de la República y los gobiernos locales y nacionales”, afirmó.
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En su mensaje, Petro también hizo referencia a lo que denominó la “época de la gobernanza paramilitar”, insistiendo en que su trayectoria ha estado marcada por la denuncia de estas estructuras y no por su cercanía.
El presidente respondió además a cuestionamientos sobre el financiamiento de sus campañas políticas. Según dijo, ha sido enfático con su equipo en mantener distancia de recursos ilegales: “Respecto a mis campañas siempre he dicho a gerentes que no se aceptan donaciones ni de banqueros ni de narcos”. En ese sentido, sostuvo que las investigaciones adelantadas sobre su campaña presidencial no encontraron irregularidades: “La investigación productiva e intensa sobre mi campaña presidencial no descubrió ni un solo peso de narcotráfico y es mi orden y mi principio personal como líder político”.
En otro punto de su pronunciamiento, el mandatario elevó el tono frente a sus opositores y aseguró que acudirá a escenarios internacionales para defenderse. “Así que me servirán los procesos en EE. UU. para desmontar las acusaciones de la extrema derecha colombiana”, señaló.
Las declaraciones se producen en un contexto de creciente tensión política, en el que sectores de oposición insistieron en cuestionamientos sobre el entorno del presidente, mientras desde el Gobierno se denuncia una campaña de desprestigio. Por ahora, el pronunciamiento de Petro reaviva el debate y deja abierta la expectativa sobre posibles desarrollos tanto en el ámbito judicial como en el político.

La investigación que sacude la Casa de Nariño
El presidente Gustavo Petro enfrenta un nuevo frente de presión internacional tras revelarse que al menos dos fiscalías federales de Estados Unidos adelantan investigaciones en las que su nombre aparece mencionado. De acuerdo con fuentes citadas por The New York Times, las indagaciones se desarrollan en Manhattan y Brooklyn y cuentan con el apoyo de agencias como la DEA y el Servicio de Investigaciones de Seguridad Nacional, con foco en posibles vínculos con narcotráfico y financiamiento irregular de campañas.
Sin embargo, según Reuters, Petro no sería el objetivo principal de estos procesos, sino que estaría siendo examinado dentro de investigaciones más amplias. Las pesquisas se encuentran en una fase preliminar y, por ahora, no hay claridad sobre si derivarán en cargos formales.
El caso surge en un contexto político y geopolítico complejo. La tensión entre Colombia y Estados Unidos se intensificó en el último año, especialmente bajo el liderazgo de Donald Trump. Episodios como la negativa de Colombia a recibir deportados, las amenazas comerciales, la revocatoria del visado de Petro y diferencias por operaciones militares antidrogas han deteriorado la relación bilateral.

Además, el momento es particularmente sensible por el escenario electoral en Colombia y por la crisis regional tras el derrocamiento de Nicolás Maduro, lo que, según analistas, podría abrir espacio a eventuales presiones políticas externas.
Petro ha negado reiteradamente cualquier vínculo con el narcotráfico y sostiene que las acusaciones responden a motivaciones políticas. No obstante, el caso se cruza con antecedentes como la admisión de su hijo, Nicolás Petro, sobre el ingreso de dinero irregular a la campaña de 2022.
A este panorama se suman sanciones impuestas por el Departamento del Tesoro de EE. UU., que incluyen la congelación de activos y restricciones de viaje, marcando un hecho sin precedentes para un mandatario colombiano en ejercicio. En conjunto, la situación refleja un escenario de alta tensión política, judicial y diplomática, con posibles repercusiones tanto internas como internacionales.
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