La muerte de Tonny, el perro que fue arrojado desde el piso 25 en un edificio de Bogotá, sigue generando indignación nacional.
Sin embargo, en las últimas horas el caso tomó un nuevo giro luego de que se conociera el testimonio del propietario del animal, que exigió que el responsable responda ante la justicia.
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El dueño del perro relató, en entrevista con el medio Semana, el profundo dolor que le dejó la pérdida de su mascota, a la que describió como un compañero fiel.
“Me duele porque era mi compañero… es un sentimiento frustrante, tengo rabia, tristeza e impotencia”, expresó, evidenciando el impacto emocional que le dejó el hecho.
“Quiero que se haga justicia”
Más allá del duelo, el propietario del perro dejó claro que su intención es que el caso no quede impune. Además, confirmó que ya inició acciones legales por su cuenta y que contrató a un abogado para impulsar el proceso judicial.
“No es un tema económico… lo que quiero es que se haga justicia”, afirmó, insistiendo en que el responsable debe asumir consecuencias penales.
También manifestó su preocupación por el riesgo que podría representar el agresor para otros seres vivos: “Una persona como esta puede atentar contra cualquier otro ser vivo”.
Según explicó, el presunto responsable sería el hombre que vivía como arrendatario en el inmueble.
“Vi todos sus documentos en orden, que no tenía antecedentes y era estudiante de una prestigiosa institución universitaria”, relató el propietario, quien aseguró que incluso la presencia del padre durante la mudanza le generó confianza.
El dueño también señaló que durante la convivencia no observó comportamientos agresivos hacia su mascota. “Nunca vi ningún acto de desprecio ni incomodidad”, afirmó.
No obstante, indicó que otro arrendatario sí había advertido sobre actitudes inusuales, por lo que ya había tomado la decisión de pedirle la habitación, aunque no alcanzó a hacerlo antes de que ocurriera la tragedia.
Cómo vivió el momento de la captura
El testimonio también reveló detalles de la intervención de las autoridades, que se extendió por más de una hora. Según contó, el hombre señalado de la agresión contra la mascota se encontraba en estado de alteración, gritando que querían matarlo y negándose a salir de la habitación.
La situación obligó a un amplio despliegue de la Policía y organismos de emergencia, que finalmente lograron reducirlo tras persuadirlo para que se alejara de la ventana.
El propietario recordó que, al percatarse de lo ocurrido con su perro, no pudo contener el llanto. “Ahí me puse a llorar, eso fue la tapa. Me dolió muchísimo”, relató.
Tonny, un perro de tres años, era descrito como tranquilo, cariñoso e inteligente. Vecinos del edificio también expresaron su rechazo y tristeza, incluso dejando un altar en el lugar donde ocurrió el hecho.
Las autoridades avanzan en la investigación para establecer si el comportamiento del detenido estuvo relacionado con una crisis mental o el consumo de sustancias, elementos que serán clave dentro del proceso.
Las consecuencias legales y respuesta institucional
Antonio Hernández Llamas, director del Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (Idpyba), expresó que “nuestro propósito es contribuir con el esclarecimiento de los hechos a la justicia y garantizar el acceso a la justicia para los animales víctimas de actos de violencia y de los ciudadanos maltratados”, según el comunicado oficial difundido el miércoles.
La misiva institucional reiteró el estatus legal de los animales como “seres sintientes” y afirmó que “toda conducta que atente contra su vida, integridad y bienestar resulta inadmisible y debe conducir al ordenamiento jurídico”.
El Idpyba y la Alcaldía insistieron en “el llamado a la ciudadanía para continuar denunciando por los canales oficiales los casos de maltrato animal en la ciudad, invitando a fortalecer acciones de cuidado y formación de ambientes seguros, en respeto y bienestar animal”.
Las imágenes del arresto de Johan Esteban Velasco Posada y el relato de vecinos fueron compartidos ampliamente en redes sociales, evidenciando el impacto de este caso en la opinión pública y la creciente demanda social para que delitos contra animales reciban sanciones ejemplares, sin que queden amparados por atenuantes como supuestas alteraciones mentales o drogadicción.
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