La Defensoría del Pueblo de Colombia solicitó al Ministerio de Relaciones Exteriores la creación de una mesa bilateral con Estados Unidos con el objetivo de proteger los derechos de las personas deportadas.
El pedido responde al incremento reciente de expulsiones de colombianos y colombianas desde territorio estadounidense y a la persistencia de denuncias sobre vulneraciones de derechos en los procesos de detención y traslado. Según información oficial, entre el 1 de enero y el 12 de marzo de 2026, 431 personas fueron retornadas al país, de las cuales 207 son mujeres, 201 hombres y 23 niños, niñas y adolescentes.
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De acuerdo con la Defensoría, la mesa bilateral buscaría garantizar la protección consular, el seguimiento sistemático a los vuelos con personas deportadas, la identificación de perfiles vulnerables y la articulación interinstitucional para el intercambio de información sobre casos críticos.
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El organismo destacó que de las 431 personas retornadas en los primeros meses de 2026, una parte corresponde a migrantes recién llegados, detenidos tras cruzar de manera irregular la frontera con México, y otra a personas con más de un año de residencia en Estados Unidos, privadas de la libertad por razones administrativas o procesos judiciales.
La entidad subrayó que en 2025 se registraron 94 vuelos de deportación desde ciudades como San Diego (California), El Paso y Houston (Texas) y Alexandria (Virginia), según cifras de la Cancillería. En ese periodo, la Defensoría acompañó el retorno de 5.121 connacionales.
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Vulneraciones documentadas a derechos humanos
La Defensoría y la Cancillería documentaron múltiples situaciones que afectan a los deportados. Las denuncias más frecuentes incluyen:
- Maltrato por parte de las autoridades migratorias estadounidenses
- Violencias basadas en género
- Abuso sexual tanto hacia hombres como hacia mujeres
- Requisas consideradas inapropiadas
- Tratos xenófobos y degradantes
- Alimentación insuficiente y de baja calidad
- Ausencia de acceso a medicamentos o atención médica oportuna
- Despojo de pertenencias personales como identificaciones y teléfonos
- Exposición a temperaturas muy bajas en los centros de detención.
En algunos casos registrados en 2025, personas adultas fueron deportadas sin sus hijos, que permanecieron bajo custodia de la Administración para Niños y Familias (ACF) o al cuidado de familiares en Estados Unidos. La Defensoría del Pueblo advirtió que separar familias contraviene el principio de unidad familiar y no considera el interés superior de niños y niñas.
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La entidad aseguró que seguirá vigilante ante estas prácticas y exigió que los procesos migratorios se realicen bajo el respeto estricto al derecho internacional.
Propuestas para mejorar la protección a deportados
Dentro de sus recomendaciones, la entidad solicitó un refuerzo de la presencia consular en los puntos de detención en Estados Unidos, donde, según los testimonios recogidos, se presentaron los casos más graves de maltrato.
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La Defensoría propuso fortalecer la orientación jurídica y consular a los afectados, gestionar campañas preventivas y pedagógicas sobre los derechos y riesgos de la migración irregular, y solicitar informes médicos previos a la deportación, especialmente cuando existan problemas de salud mental o física.
El organismo también recomendó a las autoridades estadounidenses garantizar que los traslados hacia Colombia se realicen en el marco del derecho internacional, fomentar un diálogo colaborativo entre países y facilitar la atención consular en los centros de detención.
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Panorama de los deportados y perfiles afectados
La población deportada se divide principalmente en dos grupos: migrantes recién llegados a Estados Unidos, detenidos tras cruzar la frontera, y personas con residencia superior a un año, detenidas por motivos administrativos o judiciales. Los tiempos de detención varían entre 7 y 15 días para los primeros y pueden superar los 10 meses para quienes enfrentan procesos legales.
Las cifras oficiales revelan la magnitud del fenómeno y subrayan la urgencia de atender las condiciones de retorno y protección de los derechos de la población afectada.
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También insistieron en que el acompañamiento estatal debe ser constante y que la articulación entre la Cancillería y la Defensoría resulta clave para el diseño de rutas de atención para casos críticos.
Compromiso de seguimiento y exigencia de respeto a derechos
La Defensoría del Pueblo reiteró su compromiso de continuar el seguimiento al proceso de deportaciones masivas y la defensa de los derechos fundamentales de las personas afectadas.
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Enfatizó que la salvaguarda de estos derechos constituye un deber indeclinable y que la articulación bilateral resulta imprescindible para construir soluciones que garanticen un retorno digno y respetuoso de los colombianos y colombianas desde Estados Unidos.
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