La Procuraduría General de la Nación, mediante un fallo de primera instancia, sancionó con suspensión e inhabilidad especial por 12 meses a Francisco Melo Rodríguez, superintendente delegado para la protección de la competencia en 2024, además de a tres funcionarios y 12 contratistas de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC).
Según el Ministerio Público, la sanción se impuso por extralimitación de funciones durante visitas administrativas a la Registraduría Nacional del Estado Civil y al Ministerio de Relaciones Exteriores, así como a los Fondos Rotatorios de estas entidades, entre el 12 y el 21 de marzo de 2024.
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La superintendente de Industria y Comercio, Cielo Rusinque, publicó en sus redes sociales oficiales un video en el que expresó su respaldo a los funcionarios y contratistas de la SIC sancionados en primera instancia por la Procuraduría.
“Quiero expresar mi apoyo irrestricto a los funcionarios y contratistas de la Superintendencia de Industria y Comercio que fueron sancionados en primera instancia por la Procuraduría General de la Nación. Su falta: haber respetado con rigor y alta consciencia ética y jurídica los mandatos constitucionales y legales que desde siempre han regulado las visitas administrativas que se realizan en esta entidad para combatir la corrupción económica”, indicó Rusinque.
En el video, Rusinque reiteró su respaldo a los funcionarios y contratistas, afirmando que cuentan con una amplia trayectoria y que el proceso realizado “se ajustó” a las condiciones legales y constitucionales vigentes en Colombia.
“Como líder de esta institución, ratifico mi respaldo a los funcionarios y contratistas involucrados. La mayoría cuenta con amplia trayectoria en la entidad, siempre bajo los mismos protocolos y estándares, los cuales han sido avalados en distintas oportunidades por autoridades judiciales y la jurisprudencia. Consideramos que su actuación se ajustó al marco legal y constitucional vigente en Colombia”, expresó.
Según la superintendente, la decisión de la Procuraduría implica inhabilidades para ejercer un cargo público y sanciones económicas. Por tal motivo, señaló que la decisión “impacta” el derecho al trabajo.
“La sanción recibida implica inhabilidades para ejercer cargos públicos por hasta cinco años y sanciones económicas que alcanzan los ciento treinta millones de pesos para algunos de los afectados. Se trata de una decisión disciplinaria que impacta severamente el derecho al trabajo de quienes, en cumplimiento de sus funciones, actuaron dentro de la legalidad”, afirmó.
Rusinque aseguró que los cuatro funcionarios y los doce contratistas ejercerán su derecho a la defensa, confiando, según la superintendente, que la Procuraduría en segunda instancia revalué su decisión y archive la investigación.
La funcionaria aseguró que la decisión del Ministerio Público generó un “daño significativo” a la SIC, porque según Rusinque, “limita facultades”.
“Los funcionarios y contratistas afectados ejercerán su derecho a la defensa y confiamos en que, en segunda instancia, la Procuraduría revalúe y archive esta investigación. No obstante, la medida ha generado un daño significativo a la institución, pues limita facultades e instrumentos esenciales que históricamente se han empleado en beneficio de los consumidores, los ciudadanos y el interés general”, aseveró Rusinque.
Decisión de la Procuraduría
Según la Procuraduría, comprobaron que el equipo comisionado por el superintendente delegado, conformado por profesionales y contratistas, actuó como “El Despacho” para solicitar acceso a celulares personales e institucionales para extraer información sensible, aduciendo que estaban facultados para averiguar lo relacionado con la contratación de las entidades visitadas, con lo cual se concretó la extralimitación.
Además, determinó que este actuar “irregular” podría generar implicaciones serias sobre la reserva legal, como en casos de extradición y refugio, y espejos forenses (réplicas exactas de dispositivos de almacenamiento digital), al presentarse con un objeto distinto a las denuncias efectuadas que buscaban verificar prácticas fraudulentas en contratos de Thomas Greg & Sons, relacionadas con presuntos favorecimientos en la contratación de expedición de cédulas y pasaportes por parte de estas entidades.
Para la Procuraduría estas actuaciones de los disciplinados afectaron los derechos fundamentales a la intimidad y al habeas data, al incluir censos electorales, historiales clínicos y procesos judiciales, entre otros, a pesar de que previo a las visitas se realizó la socialización del objeto denunciado para la protección de la competencia, afectando el servicio público y la confianza ciudadana en los controles de competencia.
“Los funcionarios Franco Vanegas, Fandiño Vergara y Hernández Alonso fueron suspendidos e inhabilitados por 9 meses, mientras que los 12 contratistas fueron sancionados con multa equivalente a 15 Salarios Mínimos Legales Mensuales Vigentes e inhabilidad para contratar con el Estado por el término de cinco años”, aseveró el Ministerio Público.
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